Este jueves se desarrolló la última sesión del Concejo Deliberante antes del receso de invierno. El tema más esperado de la noche fue el proyecto de resolución presentado por los bloques UCR-GEN-PS y Unión Celeste y Blanco para solicitar la separación del cargo del secretario de Atención Sanitaria, Ramiro Borzi, en el marco de la acusación que pesa contra su madre por práctica de abortos clandestinos.

Ese debate se inició pasadas las 23:30 y se extendió por menos de media hora. Los bloques autores del proyecto expusieron su intención de que fuera separado del cargo hasta que se expida la justicia sobre la causa que tramita en la Fiscalía 5 y que se hizo pública el 25 de abril con la detención de Mónica Moyano, madre del funcionario, durante el allanamiento a un consultorio médico. El proyecto que se trató este jueves había sido presentado el 27 de abril.

Gonzalo Dolagaray y Mariano Ferro fueron los voceros de la propuesta y reseñaron la importante cantidad de casos de prácticas abortivas que causan lesiones y problemas de salud, hasta la muerte, y que son tratados en el Hospital Municipal. Expusieron que la temática atañe a la salud pública, “¿cuál es la autoridad que le ha quedado al secretario de salud para trabajar con libertad y denunciar estos casos? No es un tema menor, a las chicas que se practican abortos les quedan secuelas graves, físicas y psicológicas”, dijo el edil radical.

Adriana Capuano expresó el apoyo del bloque del PJ al proyecto y, tras citar estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre abortos y muertes por abortos, consideró que desde el Municipio no ha habido respuesta en el ámbito local para esa situación que si bien no siempre es denunciada y se da curso a una investigación judicial, permanece en los registros del Hospital a través de las historias clínicas de las pacientes. “Las medidas preventivas, al menos de las complicaciones de aborto inseguro, las tienen que tomar las máximas autoridades sanitarias: el secretario de Salud y el intendente. Con todas las evidencias a la luz podemos decir que no estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó Capuano. Agregó que en el año 2009 se inició una causa judicial de las mismas características que la que se dio a conocer en abril contra la misma acusada y consideró que la designación de Borzi en el cargo existiendo la investigación “resulta al menos provocador”. Capuano ratificó, “no se pone en duda la honestidad de Borzi. Una forma de no controlar es nombrar un funcionario condicionado, y creemos que esta circunstancia condiciona el accionar del funcionario”.

Victoria Wright del bloque de Coalición Cívica también adelantó su apoyo al proyecto y expresó “la necesidad de que la investigación por estos hechos se de con libertad y que se llegue a fondo”. Consideró que Eseverri ni Borzi hablaron públicamente sobre el tema “el silencio genera dudas, da idea de que se tiene algo que ocultar”, estimó.

Por su lado, Sily Cura adelantó su rechazo “no puedo condenar antes de que se expida la justicia”, consideró.

En tanto, Julio Frías dijo que el Frente para la Victoria rechazaría el proyecto “estamos sometiendo a un funcionario al escarnio público. Vamos a terminar acusándolo de complicidad”, sostuvo. Contradijo a Capuano y señaló que Eseverri expresó públicamente sobre el tema que “los funcionarios deben ser juzgados por su honestidad”; además, cuestionó sobre la causa judicial “fue un procedimiento muy mediático. Había noticias desde días antes del allanamiento de que esto iba a ocurrir. No sé si esto tendrá alguna cosa que ver con la posición del intendente de acusar a la justicia de mal funcionamiento”. En este sentido, más adelante, opuso incidencia pública del proceso judicial de 2009: “el procedimiento anterior no tuvo la cobertura de los medios nacionales como tuvo este”, inmediatamente apuntó “el hecho de decir que está condicionado es poner en duda su honorabilidad”.

Finalmente se pasó a votación y resultó rechazado por mayoría.

Debate sobre la situación provincial derivó en crítica a Níver Cusato

La sesión se inició con un debate que se extendió por una hora y media en la que el tema central fue un proyecto de resolución del bloque radical para solicitar a la Nación que auxilie económicamente a la Provincia que finalmente fue rechazado por mayoría.

En su intervención para presentar el proyecto, Ernesto Cladera introdujo el tema de la alimentación en los comedores escolares locales y solicitó el agregado de un artículo en este sentido. Cuestionó que los alumnos que asistentes a los comedores escolares de Olavarría comen carne solamente dos veces por semana. En ese marco, relató que productores rurales locales donaban carne a los comedores locales y afirmó que durante la gestión de Niver Cusato en la presidencia del Consejo Escolar se rechazó la donación, medida sobre la que estimó que tuvo “motivos ideológicos”.

El artículo que propuso agregar, que también fue rechazado por mayoría, buscaba que el Municipio afronte la compra de carne y leche para los comedores durante el corriente año con fondos por 120 mil pesos.