En la sesión, el cuerpo parlamentario también debatirá otro proyecto gubernamental para restringir la política remunerativa de los órganos de control externo.

El temario incluye una iniciativa para regular los montos que el Estado puede abonar "en concepto de alquileres en base a un porcentaje sobre el valor fiscal del inmueble objeto del arrendamiento".

Igualmente, el principal debate se concentrará en la creación de la empresa minera, que pronostica el rechazo de la oposición. Esa resistencia ya se advirtió con la presencia del secretario de Minería, Gustavo Ferreyra en la Comisión de Asuntos Económicos, que preside Silvia Horne. En el argumento gubernamental, Emirsa buscará "promover el desarrollo de la minería en Río Negro, desplegando actividades mineras de investigación, prospección, exploración, explotación, acopio, desarrollo, industrialización, preparación y extracción de sustancias minerales, pudiendo desarrollarla por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros". "La idea matriz –agregan los fundamentos– es aprovechar la oportunidad que hoy brinda la minería en Río Negro sin limitarnos a ser un mero productor y exportador de materias primas, sino una provincia industrializada que consuma y exporte productos de origen minero con el mayor valor agregado posible". Asimismo, el proyecto prevé la integración de capitales privados pero, en todo momento, la provincia deberá mantener –por lo menos– el 60 por ciento de las acciones y de los votos". La empresa Emirsa prevé desplegar "actividades mineras" directamente o "por intermedio de terceros o asociada a terceros". Se autoriza, además, al Poder Ejecutivo a cualquier transferencia "de capital" a favor de Emirsa de "bienes muebles, inmuebles y recursos financieros", como también, esa "empresa estará exenta del pago de los impuestos de sellos que pudiera corresponder con relación a las referidas transferencias" La nueva empresa –según la iniciativa original– no será alcanzada por las "leyes de Administración Financiera y Control Interno del Sector Provincial H Nº 3186, la de Procedimiento Administrativo A Nº 2938 y aquellas normas que regulen la contratación por parte de la administración pública, debiendo la empresa sujetar sus contrataciones a lo que establezca su propio reglamento". Aún así, el proyecto plantea que "los organismos constitucionales de control existentes en la provincia ejercerán sus facultades sobre Emirsa".