El miércoles próximo se tratará el tema en una sesión especial del Concejo Deliberante, durante la que podría quedar cerrado el caso, ya que la totalidad de los concejales no oficialistas (12 sobre un total de 20 ediles en el HCD) habrían comprometido su voto contra la instalación que desató la bronca vecinal cuando vieron que habían comenzado a trabajar en los terrenos a pesar de las promesas oficiales.

"Salí de casa y vi por el espejo del coche que una pala estaba descargando un container de 12 metros de largo, y me llamó la atención. Por un lado me daban a entender que no se iba a hacer la subestación y ahora están descargando contenedores. Y no fue uno solo", contó a El diario Ricardo, uno de los vecinos en lucha.

Liana Prieri, vecina y ambientóloga, realizó una serie de denuncias a los diferentes organismos que intervienen en el tema. "Concretamente esta subestación, como tiene un gran grado de electromagnetismo, estaría cobrando la primer vida humana a los seis meses de funcionamiento", sostuvo, y alertó que "el daño lo produce en los más jóvenes en etapa de reproducción y en los más viejos, que son los más vulnerables. En las mujeres jóvenes trae trastornos en sus órganos reproductores, en el caso de estar embarazadas podrían sufrir un aborto espontáneo, y si este llegara a término el chico no viviría más de tres años, porque no tendría crecimiento posterior".

En el caso de los ancianos, "se bajaría el nivel de oxígeno en la sangre, y empezarían a aparecer otros tipos de problemas, como ser de tiroides, pulmonares, hepáticos. Todo esto termina en situaciones de cáncer", explica.

Los vecinos, apoyados en estudios científicos, sostienen que la subestación debe estar ubicada al menos a un kilómetro del primer habitante. Pero el predio, en principio utilizado por Edenor, está a 86 metros de 53 niños menores de 10 años, según denuncian los vecinos.

Prieri cree que hay una alternativa razonable y de bajo costo. Consultó con ingenieros especialistas en la materia que le sugirieron que la solución sería aumentar la capacidad de megavatios en la subestación que se encuentra en el predio del INTA, lo que reduciría los riesgos de someter a la población a ondas electromagnéticas.

El tema ya provoca discusiones en el Concejo Deliberante desde hace un par de años. Rubén Magliotti, concejal de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ordenanza tendiente a la anulación de la ordenanza anterior. Dando la alternativa, que el municipio, por medio de quienes correspondan solicite o haga un acuerdo con el CEAMSE para utilizar esos terrenos, que no están rodeados de población fija.

La intervención del municipio se da no sólo por el tema de habilitación y control ambiental, sino porque se trata de terrenos fiscales que, en principio, habían sido cedidos, por Alberto Descalzo a Edenor, a metros de la cárcel.

La bronca de los ediles opositores es, según Roberto Garat, también de la CC, porque "desde el Poder Ejecutivo, no se hacen cargo de nada. No realizaron pedidos de informes, no hay informes ambientales, falta la audiencia pública y, mientras tanto, ellos se están instalando".

"Las normas son muy claras. Primero debía realizarse un estudio ambiental. Declararlo de utilidad pública llamando a audiencia, para poder comenzar la obra y tener la resolución necesaria", expone. "Ninguno de esos pasos se ha dado y tenemos constancia, porque los hemos buscado. Se han emitido dos cartas documento, al ENRE, pidiendo que explique este movimiento y una al ente que maneja ambiente/medioambiente, para ver si se había realizado el estudio ambiental", acusó el concejal.

De todos modos, durante la sesión especial que se llevará a cabo el miércoles para tratar el tema, la oposición contaría con los votos necesarios para cerrar el problema desde la perspectiva municipal: Néstor Calvo (Unión Pro), Luisa Carpanesi (Acuerdo Cívico), Julio Díaz (Unión Pro), Walter Elías (Unión Pro), Roberto Garat (Ari), Rubén Magliotti (Ari), Jorge Nalbandian (Unión Pro), Mario Revel (Acuerdo Cívico), Sebastián Sanguinetti (Nuevo Encuentro), Luis Sosa (CoPeBo), Angel Torres (Unidad Popular) y Ricardo Vallarino (Encuentro Popular), habrían comprometido su voto contra el proyecto, según hicieron saber los propios vecinos.