Luego de las polémicas declaraciones del vicepresidente de la Nación, durante una conferencia de prensa realizada el último jueves, donde apeló a un ataque contra medios de comunicación y profirió agravios para con el sistema judicial argentino, con el objeto de defenderse de las acusaciones que lo vinculan con la ex empresa Ciccone Calcográfica, las repercusiones políticas en la provincia no se hicieron esperar.

Hasta tal punto cobra significación esta temática en el desarrollo institucional de la Nación, que fue el propio matrimonio gobernante tucumano el que salió a respaldar a Amado Boudou en su comprometida situación personal y judicial en la que se encuentra inmerso.

De esta forma, tanto el Primer mandatario de la Provincia, José Alperovich, como su esposa, la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés, destacaron "la actitud" y "la valentía" del copiloto de Cristina Fernández de Kirchner.

"Coincido con el Vicepresidente en la necesidad de defenderse de acusaciones que tienen tratamiento en la Justicia", señaló Alperovich, de acuerdo a lo consignado por la agencia NA.

A la vez que sostuvo que "hay que ser respetuoso de las instancias judiciales y evitar los prejuzgamientos", si se quiere una postura extraña argumentada por el Gobernador tucumano, puesto que fue el mismo Boudou quien desacreditó el jueves al marco jurídico al cargar con duras reprimendas a quien lleva adelante la investigación de este caso, el juez Daniel Rafecas.

Pese a ello, Alperovich estimó que "es muy respetable la actitud de vicepresidente Amado Boudou de instar a que la Justicia investigue", expresó.

Por su parte, Rojkés destacó "la valentía" de Boudou por "advertir públicamente el peligro que conlleva un ataque a las instituciones de la República" en relación a la supuesta confabulación que denunciara el Vice entre el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto a quien calificó de "mafioso", sectores de la judicatura, estudios de abogados y referentes de la Bolsa de Valores.

La Primera Dama tucumana sostuvo además que "no soy amiga de la condena pública antes que la de la Justicia. Soy respetuosa de las instituciones y no creo que sea lo mejor declarar la culpabilidad pública de una persona, sea quien sea y ocupe la posición que ocupe, antes que falle la Justicia", puntualizó una de las representantes de Tucumán por el justicialismo en la Cámara Alta.

Institucionalidad en juego

Más allá de la postura asumida por los defensores de la administración kirchnerista, las críticas a las expresiones de Boudou fluyeron desde todos los flancos dirigenciales de la provincia.

Al respecto, uno de los compañeros de banca de Rojkés en el Senado, el radical José Cano indicó, en referencia al escándalo suscitado por el presunto tráfico de influencias que involucra al Vicepresidente, que "no se puede jugar con las instituciones. Lo que está en discusión no sólo es un supuesto hecho de corrupción, sino la calidad de nuestro sistema republicano", aseguró.

Al tiempo de calificar de "lamentables" las declaraciones del ex Ministro de Economía, Cano dijo que "la dignidad del cargo que ejerce lo obliga a ser respetuoso con los otros poderes del Estado y con quienes opinan distinto. Si se sospecha que hay maniobras irregulares o ilegales detrás de lo que está sucediendo, corresponde denunciarlo y actuar en consecuencia. Hacer lo contrario, posa un manto de sospecha sobre el declarante".

Así también, el presidente de la Comisión de Salud senatorial pidió al Vice que se presente ante la Justicia y deslinde toda responsabilidad en los hechos que están siendo investigados. "No está en discusión la legitimidad de quien ejerce el poder, pero la postergación de esta polémica pone en riesgo la confianza pública en la dirigencia política. Si Boudou no asume ese límite, la Presidenta debería instarlo a cambiar de actitud. Hay nubarrones en el horizonte económico y social que merecen la máxima atención de quienes han sido votados para gobernar a todos los argentinos", concluyó Cano.

En tanto, el legislador por la UCR, Federico Romano Norri, cuestionó la estrategia defensiva del Ejecutivo nacional en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en la impresión de billetes.

El parlamentario comarcano resaltó que lo manifestado por quien militara en sus inicios en la UCeDé (de tendencia liberal) es vista como otra "contundente prueba del atropello institucional que altera las condiciones republicanas del país. La segunda autoridad de la Nación debería buscar los canales constitucionales para canalizar su reclamo sobre la supuesta ingerencia de un grupo empresario en la Justicia Federal. No hacerlo y acusar a la Justicia, sin otro fundamento que las especulaciones políticas, es de una irresponsabilidad que no se condice con el cargo que le toca ejercer".

Norri, mientras instó a Boudou a que se presente en los estrados judiciales para aclarar su posición frente a este escándalo, arremetió contra la gestión oficial al remarcar que su estrategia defensiva y la de algunos sectores del kirchnerismo, "sigue siendo la del avestruz, que esconde la cabeza para no mirar la realidad. Esta victimización que pretende realizarse desde lo más alto del poder nacional y el ataque a los medios es un acto vergonzoso que debería ser enmendado rápidamente y con respuestas contundentes desde las instituciones de la república".

Finalmente, el correligionario señaló que desde la bancada tucumana se acompañará el pedido de las autoridades nacionales de su partido por el que se exige que Boudou tome licencia en su cargo. "La Justicia debe actuar sin presiones y rápidamente para poner luz sobre un gravísimo hecho de corrupción", adujo.

Pases de facturas internas

A su vez, desde el Partido Obrero (PO), cuyo referente en la provincia es Daniel Blanco, no se quedaron atrás en remarcar las objeciones para con la actitud asumida por quien fuera electo en los pasados comicios de 2011 como compañero de fórmula de Cristina.

Al respecto, desde esta agrupación se sostuvo que la exposición brindada por Boudou el jueves último "reveló una fractura expuesta en la camarilla gobernante". Para justificar tal lineamiento, Blanco argumentó que el Vice "se defendió de la denuncia de ser gestor de Ciccone, devolviendo la acusación a otros sectores del mismo oficialismo y contra el sistema de jueces que el propio kirchnerismo ha apañado".

Lo anterior hace referencia a la acusación que hizo Boudou sobre el dudoso accionar del sistema de juegos (Casinos) en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli, delfín de la primera hora del kirchnersimo, más allá que dicha sumisión no sea retribuida de la misma manera, en especial por los ataques a la gestión del ex motonauta que provienen de la agrupación La Cámpora.

A la vez, vale recordar que Rafecas accedió a su actual cargo al ser nombrado en 2004, durante la gestión del extinto Néstor Kirchner.

"La 'salida' de Boudou ha llevado la guerra de camarillas y clanes al nivel de crisis política. Boudou pretende convertir en salvoconducto la votación de octubre, que invocó para zafar de las acusaciones en su contra", se adujo desde el PO.

Para finalizar, Blanco no concuerda con la idea que surge desde otros espacios opositores en torno a la puesta en marcha de un juicio político en contra del Vicepresidente. Sostiene que incurrir en este tipo de medidas "no acabaría con el sistema de camarillas y daría lugar al pedido de otros juicios, por lo que ingresamos en un período de golpes de palacio", sentenció el dirigente del PO.