El 29 de junio se interpuso una denuncia penal debido a que el gobierno provincial por resolución 686 del 22.03.2010 dispuso llamar a licitación privada para construir la sede social del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Formosa afectando la suma de $ 1.038.335,78 del Tesoro Provincial para dicha obra, que ya ha sido iniciada y está ubicada en Avda. Pantaleón Gómez 1282.
El denunciante, el abogado Matías Alfredo Berger, formuló dicha denuncia porque se aplican fondos públicos para la realización de una obra que está destinada a una asociación civil cual es el Colegio de Magistrados y Funcionarios.
La resolución ministerial imputa el gasto a la institución 1.3.07.01- Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos- Unidad Ejecutora: 20 Construcción y Consolidación Infraestructura Edilicia de la Provincia-Categoría Programática 20.00.08 - 4.42.4201 - Fuente de Financiación 1.1 Tesoro Provincial, del Presupuesto General de la administración Provincial vigente.
Se reprocha en la denuncia la utilización de fondos públicos para esta obra. Por otra parte cabe recordar que la Legislatura Provincial ha prorrogado nuevamente la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2011, porque según uno de los legisladores en la sesión en que se aprobó el presupuesto y prorrogó la emergencia declaró que la crisis "ha tenido un impacto en la evolución de toda la actividad económica y por ende también en la recaudación, importando una baja significativa que implica una repercusión en las finanzas públicas provinciales".
Enfatiza el abogado denunciante que "en este marco de la realidad provincial aparece como absolutamente arbitraria, ilegal e ilegítima la resolución que efectúa esta aplicación de dineros públicos para la sede del Colegio de Magistrados, cuando hay hospitales sin medicamentos, sin sábanas, con médicos mal pagados, escuelas sin mantenimiento, un servicio de justicia que necesita de la creación de más juzgados y mas personal".
En dicha denuncia se comentan las disposiciones legales que habrían sido violadas, tales como la 1180, los decretos 258/90 y 7/95 y la Ley de Procedimiento Administrativo requiriendo el letrado una exhaustiva investigación y análisis a los efectos de calificar el hecho.
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