El abogado Matias Alfredo Berger amplió la denuncia que efectuara el 9 de abril ante el juzgado de Instrucción y Correccional 4 de esta ciudad contra el Hospital de Alta Complejidad, presentando documentación relativa a compras directas realizadas por las autoridades del establecimiento, tendientes a aportar medidas probatorias para facilitar la profundización de la investigación.
Berger presentó al juez de la causa un comprobante donde consta una compra que se realizó en una farmacia local y cuya dirección figura en uno de los expedientes del Hospital de Alta Complejidad, pero como perteneciente a una empresa proveedora diferente. “Podemos anticipar que solicitado informe por parte del tribunal, la farmacia en cuestión respondió no haber realizado ninguna venta al hospital”, aseguró.
El denunciante presentó también al juez varios expedientes del Alta Complejidad, todos referidos a compras directas, con resoluciones aprobando estas compras y disponiendo su pago, sin que dichas resoluciones tengan número ni fecha.
“Continuando la lista de irregularidades a investigar se agregan –la falta de aclaración de las firmas del proveedor en el recibo otorgado y en el comprobante de retención impositiva. En otro caso consta la aprobación de la contratación el 03-04-08, el recibo de la proveedora es del 09-04-08 y los cheques dados en pago son del 01-04-08”, planteó.
“Estamos ante hechos que nos hacen presumir la existencia de graves irregularidades que imponen que la justicia actúe con rapidez haciendo comparecer, para prestar declaración, a todas las personas que aparecen presuntamente involucradas según la documentación que obra en la causa en trámite. A sus efectos, tal como se indicó, corresponde solicitar al Poder Ejecutivo la remisión de los decretos no publicados que son mencionados en las resoluciones dictadas por las autoridades del Hospital de Alta Complejidad; se pida informe a la Dirección de Personas Jurídicas respecto a la Farmacia Milenium SRL y se requiera informes al Tribunal de Cuentas y a la Auditoría General de la Provincia, entre otras medidas indispensables para aclarar los hechos”, explicó.
“Ante este cuadro podrían estar violadas las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, la ley 1180 y demás legislación sobre contrataciones del Estado, el Código Penal y la ley 26.097 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece entre otras disposiciones la de: “c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”, dijo por último.
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