Las actividades en el marco del Marzo de la Memoria comenzaron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el Tendedero Memoria en la plaza de 9 de Julio, un homenaje a las mujeres muertas o desaparecidas por el terrorismo de Estado y "para todas las mujeres que sufrieron o sufren cualquier forma de violencia", consignó en un comunicado la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos.
El 31 de marzo el Tendedero será expuesto en Vaqueros. Los organizadores de estas actividades, a las que adhirieron la Asociación Miguel Ragone, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, gremios, otras organizaciones sociales y partidos políticos, señalaron que las llevan a cabo "rescatando del olvido a las personas muertas o desaparecidas por el terrorismo de Estado en nuestro país y en América Latina". En el caso de Salta, recordaron "los treinta crímenes políticos y desapariciones de personas, el secuestro y desaparición del doctor Miguel Ragone, los masacrados en San Lorenzo y Rosario de Lerma, Metán etc, previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y las más de 200 personas muertas y desaparecidas durante el golpe militar".
Como cada año, se manifestaron contra la impunidad, por el juicio y reclusión perpetua "en cárceles comunes a los genocidas, cómplices e ideólogos" y por la aparición con vida de Jorge Julio López. Asimismo, la Comisión de Familiares y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos consideraron su deber "denunciar al poder económico que ayer gestó y se benefició del genocidio conjuntamente con el imperialismo y que hoy amenaza nuestros recursos naturales, depredando y contaminando a gran escala, imponiendo leyes represivas como la llamada Ley Antiterrorista (…), versión moderna de la Ley Antisubversiva de los años 60 y 70".
Sostuvieron que la Ley Antiterrorista fue impuesta por el Grupo Acción Financiera Internacional (Gafi, creado en la cumbre que el grupo de los siete países más desarrollados -G 7- celebró en París en julio de 1989, para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el terrorismo) y el FMI. Expresaron además su "absoluta convicción" de que "las organizaciones de derechos humanos deben ser autónomas de los gobiernos de turno, para denunciar la falta de vigencia de los derechos humanos que todo Estado democrático debe garantizar (…) a todas las personas por igual, porque su no cumplimiento genera exclusión social, criminalización de la protesta, represión y muerte".

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