La mayor dificultad se presenta en el Gran Resistencia, donde el propio ministro de Desarrollo Urbano y Territorial, Gustavo Martínez, reconoció que “hay 284 asentamientos relevados, de los cuales se desprende la existencia de 173 leyes de expropiación, donde un centenar ya se canceló y el resto está en vías de cancelación”.

El funcionario aseguró que este panorama abarca a unas 10.000 familias, es decir más de cien mil personas solamente en el área metropolitana. “Este es el mayor conflicto en términos de urbanización existente en la provincia y en segundo orden la situación rural con más de 4.000 expedientes que tienen que llegar a ser titularizado”.

El ordenamiento

“La situación es compleja a partir de que la tierra pasó a tener un rol estratégico desde el punto de vista del desarrollo económico y social. En esto el gobernador (Jorge Capitanich) tomó la iniciativa a fines del 2011 para que pueda desarrollarse dentro del gabinete un área específica como el Ministerio de Desarrollo Urbano que vaya a coordinar los planes urbanos y de crecimiento en la provincia, como también de ordenamiento territorial rural. Es en esto que estamos trabajando con el marco jurídico necesario para destrabar una situación de varias décadas, con ocupantes urbanos y rurales que no han tenido respuestas sobre la titularización de inmuebles”, mencionó.

Martínez no dudó en resaltar que al Estado le costó muchos años poder lograr el relavamiento de consolidación física de ocupantes o barrios y que el mismo tenga un correlato con un marco jurídico para que se transforme en situación dominial regularizada. “En el caso de las grandes áreas urbanas nos encontramos con barrios consolidados desde hace décadas pero que la normativa vigente impide se regularice porque no cumplen con distintos aspectos como ser el ancho de las calles, veredas o frente del lote. El proyecto remitido invita a los municipios a que trabajen en consecuencia para que podamos encontrar un marco jurídico adecuado que nos permita regularizar la situación de fondo”.

Por otra parte aseguró que “la emergencia permitirá tener un relevamiento y garantizar que todas aquellas personas que tienen la voluntad de ser dueños de su inmueble encuentren el respaldo jurídico como para que podamos lograr que el proceso concluya y las familias ocupantes tengan su título de propiedad”.

Los pasos

“El primer paso del trabajo es el relavamiento y consolidación de los datos con la regularización parcelaria; esta es la vía primaria que da vida al trámite de regularización, por eso es muy importante”.

También indicó que la demanda de vivienda es bastante abultada no solamente por el déficit en cuanto a cantidad sino también a la calidad. “El proyecto remitido permitirá que se pueda consolidar la familia en un lote y no termine siendo víctima del negocio inmobiliario y sea expulsado a otro asentamiento, dado que se impide por 10 años efectuar algún tipo de operación. Es decir que no se podrá transferir la escritura de dominio y así evitar especulaciones”.

Las usurpaciones

Martínez ratificó que están trabajando para poder tener una política preventiva, a partir de la existencia de una oferta de tierra con distintas características que permita que todos los habitantes tengan una oferta para tener un lote ya sea social, de clase media o residencial y evitar situaciones como la toma de tierras. “Reconocemos la necesidad pero tampoco el camino es usurpar los bienes inmuebles. Debemos desarrollar una oferta para que más allá de la situación económica de cada familia puedan acceder a un lote para construir su vivienda”.