SAN MARTÍN – Este lunes un oficial de Justicia cumplió formalmente con la orden de desalojo librada contra la delegación San Martín de la Subsecretaría de Trabajo, debido a las deudas que el gobierno provincial mantenía con el propietario del inmueble y que venía desde marzo de 2008. El 30 de julio de 2009 Diario Uno ya había informado sobre el caso y el responsable de la Subsecretaría había sostenido que el inconveniente se iba a resolver “en pocos días”.

Entre el viernes y el sábado hubo mudanza. Desde la casa de 9 de Julio 635 salieron cajas, muebles, computadoras y cientos de expedientes. Los llevaron hasta otra casa ubicada a unas 10 cuadras. Antes de partir algunos de los que hacían la mudanza pegaron un par de carteles en las ventanas del frente de la vivienda. “Nos trasladamos a Alsina y Belgrano”, decían. El nuevo domicilio no es el de una ferretería, el de una oficina de seguros ni tampoco el de un club de bochas. Es el de la delegación local de la Subsecretaría de Trabajo.

Este lunes un oficial de Justicia enviado por María Marta Guastavino, titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado, encontró el edificio vacío y al chofer de la Subsecretaría que le entregó las llaves del inmueble. Los inquilinos ya se habían mudado, debiendo todavía $33.000 en concepto de 7 meses de alquiler, más los intereses de 2 años de retrasos y los costos y costas por los juicios de desalojo y pago de la renta.

Pese a esto Miguel Oscar Mastrosimini (72) ahora puede respirar un poco más tranquilo. El propietario de la casa, que vive en Australia desde hace años, ya en julio de 2009 le contaba a este medio: “Siempre recibimos los pagos atrasados pero ahora ya llevan un año y 8 meses sin pagar el alquiler y ese es nuestro único ingreso”.

Pese a que el gobernador Celso Jaque había firmado los decretos para efectuar los pagos, estos no se hicieron o se efectuaron con demoras de más de 6 meses por razones burocráticas.

Finalmente Mastrosimini se cansó, nombró representantes legales y en febrero pasado inició las acciones para lograr el pago de la deuda y, especialmente, para recuperar el inmueble, muy amplio y ubicado en una de las principales arterias de la ciudad de San Martín.

Con el inicio de las expedientes 181-213 y 181-214 el propietario logró que en abril se le realizara un pago y se achicara la deuda pero no consiguió que se pusieran al día y que le liberaran la casa.

“Tratamos de llegar a un acuerdo y evitar esta instancia de desalojo, pero no se pudo”, contó una de las abogadas que representa a Mastrosimini.

Pese a los intentos de tener la versión de la Subsecretaría, sólo se logró que Alfredo Cortez, su delegado en San Martín, sostuviera que “todo se manejó desde Mendoza” y “este es un tema que lleva mucho tiempo”.

La Subsecretaría hoy está dirigida por Carlos César Guiñazú, quien reemplazó en el cargo a Jorge Gabutti. Fue este ex funcionario quien sostuvo en julio de 2009 que “ya he dado la orden para que se intente por todos los medios de regularizar esta situación” y había aclarado que respondía a “cuestiones burocráticas”.

La respuesta de la Subsecretaría

La Subsecretaría de Trabajo calificó como un “conflicto de intereses” lo ocurrido esta mañana en San Martín cuando un oficial de Justicia tomó posesión del inmueble que ocupaba la delegación local. La medida judicial fue impuesta por deudas que mantenía el organismo estatal con el titular del inmueble.

“Por un conflicto de intereses con el propietario del inmueble, debieron trasladarse a otra dirección”, se informó oficialmente a través de un comunicado oficial. Allí se explicó que “existía entre el propietario del inmueble y la Subsecretaría un conflicto de intereses ya que el propietario no firmaba el nuevo contrato y nunca presentó las facturas de pago. La subsecretaría ofreció pagar a través de una carta documento la factura ya que el dinero está imputado contablemente y a disponibilidad del propietario a condición de que el mismo entregara las facturas de pago que adeudaba”.

Además se acotó que “ahora falta definir por intermedio de un juez los intereses y los honorarios de los abogados que según el propietario debe pagar esa repartición”.

En tanto se confirmó que “cuando esta mañana el oficial de justicia fue a desalojar la Delegación, el funcionario que se encontraba en la propiedad le entrego la llave y dejó establecido en las perfectas condiciones de pintura y demás detalles en que entregaron la casa”.