La jueza de Zapala fue citada para el martes para que dé su versión por la denuncia de Edgardo Sapag. El intendente zapalino promovió el juicio político porque la magistrada consideró que no hubo delito en la toma de la Municipalidad de 2010.
La Comisión del Jurado de Enjuiciamiento está analizando si admite o desestima la denuncia por mal desempeño que provocaría la destitución de la magistrada de su cargo.
Martina pidió dar sus explicaciones de forma oral ante los integrantes de la Comisión, tal como está previsto en la Ley Nº 1.565, y éstos la citaron para el martes a las 10 en el salón del Tribunal Superior de Justicia en Neuquén.
El intendente Edgardo Sapag promovió el juicio político en su contra porque la jueza no reconoció delito en la toma del edificio de la Municipalidad de Zapala durante una protesta salarial de sus empleados durante julio de 2010.
"Acá se estaba pidiendo que la Justicia Penal reprima y sancione pedidos de índole gremial y eso es criminalizar la protesta social”, sostuvo Martina a La Mañana de Neuquén.
Respaldo
Además, ayer varias organizaciones se manifestaron a favor de Martina, entre ellas la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén quienes publicaron un comunicado donde sostuvieron que los jueces "no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias, salvo que constituyan un delito".
La Asociación que preside Richard Trincheri expresó que "el juez debe resolver según su conciencia, con conocimiento del derecho, en libertad y con independencia de toda presión de otros poderes".
En tanto, el Sindicato de Empleados Judiciales (Sejun) y la organización civil Convocatoria Neuquina expresaron su respaldo a la jueza de Familia de Zapala frente al pedido de jury por no haber dictado el desalojo por la fuerza pública de los empleados que reclamaban en el marco de una protesta.
"La independencia judicial constituye un valor muy importante en el estado de derecho, pues en ese principio reposa la vigencia efectiva de los derechos de cada habitante. Esto debe defenderse, mucho más si los ataques resultan infundados y provienen de sectores políticos a quienes los propios jueces deben controlar en la gestión de la cosa pública", señalaron las organizaciones en comunicado de prensa.
En la Cámara
Las repercusiones del caso también llegaron a la Legislatura. La intendenta electa de Zapala, Soledad Martínez, se expresó en la sesión de ayer y mostró su disconformidad ante la situación.
"Preocupa que empecemos a usar el jury cada vez que un juez resuelva algo que no nos gusta", dijo.
Y agregó: “Me parece tremendamente peligroso que un juez, quien actúa en ejercicio de su soberanía, resuelva de acuerdo a las normas procedimentales y que, cuando al intendente no le gusta la resolución, en vez de recurrir a la magistrada le pida un jury y proponga su destitución".
Sindicatos apoyan a la jueza
Zapala > Gremios, dirigentes políticos, representantes de la mesa de coordinación de los Derechos Humanos y de la Pastoral Social respaldaron a la jueza Gloria Anahí Martina, acusada por el intendente Edgardo Sapag de mal desempeño en sus funciones en julio de 2010 cuando el fiscal Héctor Trova pidió una orden de desalojo.
Con respecto al hecho que ocasionó el pedido de juicio político, Martina sostuvo que “se estaba pidiendo que la Justicia penal reprima y sancione pedidos de índole gremial y eso es criminalizar la protesta social”.
El acto se hizo frente a las instalaciones del Juzgado en calle Etcheluz al 600 el pasado martes y estuvo protagonizado por la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), quien lideró la protesta salarial en el 2010, por representantes de ATEN, de Sejun, dirigentes políticos de diferentes partidos y de organizaciones sociales que, bajo la consigna “No a la criminalización de la protesta social y justos reclamos”, se manifestaron en favor de la independencia judicial.
Tras los discursos en las instalaciones del edificio, los manifestantes entregaron personalmente a Martina “un escrito de respaldo a su actuación y de repudio contra el intendente Edgardo Sapag que pretende avasallar el poder judicial al no respetar el fallo de la jueza”, sostuvo Benjamín Contreras, dirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales.
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