Este martes puede ser un día importante para definir la cuestión YPF, pieza angular de la actual crisis, política antes que económica, que atormenta a las provincias productoras y al país por la necesidad de importar este año unos 10.000 millones de dólares en energéticos.
Los gobernadores tienen urgencia, quizá más que la del propio gobierno nacional. Las regalías que perciben sus administraciones crujen por la caída de producción y la ausencia de un panorama seguro para revertir el declive. Aun las más promisorias en yacimientos no convencionales, grupo selecto que encabeza Neuquén.
Como se sabe, Jorge Sapag, que ordenó revertir dos yacimientos sin mayor importancia concreta a YPF, y evalúa la oferta que hizo la petrolera de inversión en otros dos, ha propuesto una línea política conciliadora: negociación entre el Estado y las privadas, aporte de inversión conjunto, hasta llegar, para la cuenca neuquina, a unos 20.000 millones de dólares para los próximos cinco años.
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