Y como responsables de ese mismo ilícito, para ocho de los acusados solicitó penas de dos años de prisión de ejecución condicional. El abogado defensor de los camioneros pidió que los absuelvan a todos.

Mientras que el fiscal que está interviniendo en el juicio a los transportistas acusados de diferentes hechos de coacción pidió ayer penas de tres años y medio de prisión para el titular de la Cooperativa de Provisión de Transporte de Azul Limitada; de dos años de prisión en suspenso para ocho camioneros y desistió de formular acusación alguna para los dos restantes imputados; el abogado defensor de los once acusados que integran la mencionada asociación solicitó que todos sean absueltos.

Los alegatos de las partes -el Dr. Néstor Prado, representante del Ministerio Público Fiscal, y el Dr. Fernando Santomauro, defensor particular de los transportistas- le dieron forma ayer a lo que fue la quinta de las audiencias vinculadas con este proceso, juicio oral en el que está interviniendo el juez Héctor Torrens y había comenzado la semana pasada.

Una vez escuchados los alegatos, el titular del Juzgado Correccional número 2 informó ayer que el fallo de este debate se anunciará el martes de la semana que viene, a la hora 17.

A modo de primera conclusión de lo que será dicha resolución, ya se sabe que dos de los once transportistas no serán condenados, atento a lo que ayer el Dr. Prado señaló al no formular acusación alguna contra ellos, teniendo en cuenta que no existieron para el funcionario judicial a lo largo del juicio elementos para dar por probado que fueron autores de los delitos de "coacción en concurso real con el de violación de domicilio" que se les imputara como cometidos contra un transportista santafesino en el interior de una cerealera de esta ciudad, el 13 de mayo del año pasado.

Para pronunciarse de esa manera, el titular de la UFI 6 sostuvo que durante la audiencia el empresario Julio César De Arzave había "atenuado claramente su testimonio" si se lo comparaba con lo que durante la instrucción de esa causa había declarado en dos oportunidades, señalando en el juicio que los transportistas mencionados -junto a otros dos- ingresaron a su local sin autorización pero que en realidad entraba cualquiera, ya que el portón estaba abierto; para supuestamente decirle luego al camionero de Carcarañá que allí estaba que dejara de hacer viajes y que se los dejara para ellos que formaban parte de la cooperativa.

Dichos transportistas son Daniel Santiago Conti (33) y su padre Hugo Osvaldo Conti (60).

Junto a Walter Oscar Cosentino (46) y José Antonio Gijón (52), imputados también en esa causa, Conti padre e hijo serán absueltos cuando el martes que viene se anuncie el fallo y se aborden las cuestiones específicamente vinculadas con lo ocurrido en la cerealera propiedad de De Arzave.

Pero en el caso de Cosentino y de Gijón, el fiscal pidió que los condenen al considerarlos autores del delito de coacción en otras de las causas que fueron abordadas en este juicio. Para ellos, al igual que para Fabián Daniel Gómez (42), Juan Luciano Cosentino (50), Claudio Andrés Barbalarga (42), Oscar Alberto Pouyannes (55), Marcelo Fabián Astudillo (45) y Luis Eduardo Carrucio (46), el funcionario judicial solicitó penas de dos años de ejecución condicional.

El Dr. Prado, durante su alegato, fue mucho más severo al pedir ayer una condena para Marcelo Blas Oteo por tres hechos de coacción por los que fuera denunciado: solicitó que el presidente de la Cooperativa de Provisión de Transporte de Azul Limitada sea condenado a tres años y seis meses de prisión.

Para fundamentar dicho pedido, valoró como circunstancias agravantes para Oteo su condición de "máximo representante" de la mencionada cooperativa, "evidenciando con ello una mayor peligrosidad". También, la "pluralidad de hechos" en los que dio por acreditado que intervino.

DR. FERNANDO SANTOMAURO

"Solicité la absolución para todos"

El abogado no dio por acreditada la existencia de ningún episodio delictivo que involucre a sus defendidos.

Después de lo que fuera su alegato de ayer, en donde pidió la absolución para los transportistas a los que representó en este juicio, el abogado Fernando Santomauro habló con EL TIEMPO y se refirió a cada uno de los hechos donde sus defendidos fueron denunciados, descartando en todos los casos la existencia de delito alguno por el que tuvieran que ser condenados.

Al referirse a lo ocurrido en la balanza propiedad del empresario Dardo López, hecho por el que fuera acusado el transportista Oscar Alberto Pouyannes, el Dr. Santomauro declaró que en su alegato "ni siquiera consideré que se había configurado el delito de amenazas".

"En el hecho de la balanza, se negó su existencia porque no está comprobado por la falta de prueba testimonial. En subsidio, para el caso de que se diera lugar como base probatoria a los dichos del protagonista (llamado Ricardo González, el empleado del lugar presuntamente amenazado por Pouyannes) lo que alegué es que no existe el delito de coacción como tal, el cual consiste en usar amenazas para que alguien haga o deje de hacer o tolere tal o cual cosa. Ahí no se dio porque lo que hizo Pouyanes, que no es una amenaza sino técnicamente una "bravata fallida", como lo dije en el alegato, fue algo que no estaba destinado a coartar la voluntad de determinación del empleado. Porque después de eso, Pouyannes se retira. Y desde el punto de vista subjetivo, González no se siente intimidado porque sigue trabajando como si nada y no se modifica su voluntad. De hecho, cuenta lo que le pasó al otro día, por lo que no se siente ni intimidado ni coaccionado ni temeroso".

En su enfoque de ese hecho, el abogado desestimó también lo que declarara Dardo López, dueño de la balanza. Y calificó a su versión ante el juez de este debate como "versionada y preparada", hecha "basándose en dichos de dichos".

"Y respecto al tema de ponerse él como víctima, es el mismo caso que el de Carlos Peuvrie (uno de los dueños de "Pecom"). Ambos lo hicieron para ser relevados de las generales de la ley y presentarse como testigos y evitar decir así que tienen interés en el proceso. Porque si lo hubiesen dicho, sus declaraciones serían nulas".

Sobre lo sucedido en la oficina perteneciente a Peuvrie, el abogado se refirió a lo que declarara quien recibió aquel día de la reunión a los transportistas, Martín María Ocampo.

"Está comprobado que hubo una reunión", reconoció. "Pero lo que queda, según los testimonios escuchados en el juicio del propio Ocampo y de Luciano Vacarezza (un empleado de "Pecom" que presenció dicho encuentro) fue que en ningún momento hubo una amenaza. Se charló sobre tarifas, códigos de transportistas y se dijo lo que se tenía que hacer, que era legal y sobre la base de la disposición existente. Y la teóricamente amenaza que profirió Juan Cosentino, que dijo que por allá les podía llegar a pasar algo con los camiones y que ellos no podían responder por los otros miembros de la cooperativa, ahí no hay ninguna amenaza. Básicamente lo que está diciendo, una mera predicción de "futurología barata" como lo dije en el alegato, es algo lógico, porque nadie puede controlar la voluntad de los demás. Y mentiría la persona que se adjudique el control de la voluntad de mucha gente o de otra gente, tanto como la que afirme adjudicarse la de una sola persona que no sea ella misma".

En el caso de lo denunciado por el productor Ignacio Udaondo, para el abogado no hubo tampoco delito alguno cuando se reunió con Marcelo Oteo en la estación de servicio de Mitre y Arenales. "Udaondo relata que tuvo una charla y que Oteo no lo coaccionó. Cuando Udaondo dijo que fue víctima de negociaciones, pero Oteo sólo le dijo que tenía que arreglar por tal tarifa, teóricamente que quería que le dieran trabajo y que el transporte del cereal lo hicieran camiones de Azul. Acá no hubo coacción porque la amenaza no se usó. No hubo ninguna amenaza".

Y finalmente, al referirse a lo que fue su alegato en el episodio denunciado por lo ocurrido con un camionero que no era de la cooperativa cuando fue a cargar cebada al playón de la Cerealera Azul, Santomauro puso especial énfasis en que el chofer no pudo identificar en la sala a Gómez, el transportista que supuestamente lo había amenazado.

Recalcó también que había un acuerdo avalado por Cargill, la empresa propietaria del cereal, para que ese día cargaran camiones de la Cooperativa, de Navas o de Cerealera Azul, por lo que deslizó que el chofer denunciante podría haber incurrido en el delito de "intrusión" al intentar, sin finalmente lograrlo, cargar también cuando no le correspondía.

"Ningún testigo dijo que vio acto de violencia alguno", recalcó para también pedir en su alegato al juez Torrens que los transportistas involucrados en este hecho sean absueltos.

LOS CUATRO HECHOS QUE EL

FISCAL DIERA POR PROBADOS

A lo largo del juicio, fueron cinco los hechos abordados. En uno de ellos, tal lo que ya fue mencionado, el fiscal Néstor Prado sostuvo que no se pudo probar la existencia de delito alguno y, en consecuencia, desistió de formular acusación para los cuatro acusados (Conti padre e hijo, Gijón y Walter Cosentino), posición a la que en su alegato de ayer adhirió el abogado Fernando Santomauro.

Según el fiscal, en el juicio quedó probado que el 26 de febrero de 2010, en horas de la noche, otro de los transportistas acusados -Oscar Pouyannes- amenazó al empleado de la balanza propiedad de Dardo López que está en el kilómetro 298.5 de la Ruta Nacional número 3 con que "prendería fuego todo" si no le proporcionaba información de los choferes de camiones cerealeros que concurrían al lugar.

En otro de esos presuntos episodios intimidatorios, acusó a Marcelo Oteo, Juan y Walter Cosentino y a Marcelo Astudillo. Al respecto, dio por probado que el 22 de febrero del año pasado todos ellos se hicieron presentes en la oficina de empresa "Pecom" de esta ciudad, donde los atendió Martín Ocampo. Al ingeniero agrónomo cotitular de la firma (el otro es Carlos Peuvrie), el fiscal dijo ayer que los transportistas lo "coaccionaron", en el sentido de que "debía ajustar la tarifa, fletes, zona, pagos y forma de trabajo establecida" por la cooperativa que preside Oteo. Durante su versión de estos hechos, el funcionario judicial citó que los camioneros le dijeron a Ocampo que "la tarifa se habla en un solo idioma de acá en más", como así también que ellos "estaban patrullando para que no se carguen camiones de afuera (de la ciudad)" y que si la empresa comercializadora de cereales no aceptaba estas reglas "se verían las consecuencias".

Siguiendo con otra de las causas, el Dr. Néstor Prado dio por probado también otro episodio de coacción, ocurrido -según lo dijera- en los primeros días del mes de marzo del año pasado. Habló de que Marcelo Oteo, en el interior de la estación de servicio que está en Mitre y Arenales, le dijo a Ignacio Udaondo (dueño de un campo ubicado en el Partido de Azul) "que él era el representante de la cooperativa y que le debía dar como mínimo el 50 por ciento de los viajes que realizaba", ya que de lo contrario "no se podría hacer cargo de lo que le iría a pasar"; llegándole a exigir luego un porcentaje mayor de viajes para los miembros de la asociación que preside porque "sino se pudría todo". Y mencionó que en otra ocasión, en septiembre de ese mismo año pasado, Oteo llamó al productor agropecuario para amedrentarlo por esa misma cuestión vinculada con quiénes trasportaban el cereal que cosechaba en su campo.

Y en el otro hecho que dio por probado, el fiscal acusó y pidió que los condenen a Oteo, en este caso junto con Gijón, Gómez, Barbalarga y Carrucio. Fue por lo ocurrido el 14 de enero de este año en el playón de cargas de la Cerealera Azul, lugar donde el camionero Víctor Lacroz denunció que los transportistas mencionados primero no lo dejaron cargar cebada y después lo amenazaron. Ese día, según el testimonio del chofer, finalmente no pudo cargar, ya que colocaron un Scania color azul debajo de la tolva, impidiendo así que Lacroz pudiera acceder hasta ese lugar con su rodado. Según el fiscal, la amenaza al camionero, que no formaba parte de la cooperativa, implicó que ese día le dijeran textualmente: "Cuidate, que sabemos donde está tu negocio (en alusión a que Lacroz tiene una frutería y verdulería) y tu familia".