El martes será el fallo de La Haya y restan 48 hs. clave para la vida

La vida pasa en un instante. Se esfuma más rápido de lo que uno quisiera. Pero para quitarle ese halo efímero existen momentos en el pasar de cada persona. "La vida está hecha sola de momentos", expresó Jorge Luis Borges.
Paradójicamente, y más allá de su visión a veces negativa de la realidad, con esa frase el genial Borges instaba a que no nos perdamos el ahora, ese instante único e irrepetible en la vida de cada uno.

Gualeguaychú está a pasos de la culminación de una extensa lucha, donde ciudadanos ordinarios han sufrido, por más de seis años, una situación extraordinaria y no deseada por ellos.

Faltan apenas dos días para que la Corte Internacional de Justicia de a conocer el fallo sobre la ilegal instalación de Botnia en el río Uruguay. Pocas horas para una decisión que definirá tantas cosas de cara al futuro.

En primer lugar, los magistrados tendrán en sus manos la potestad de decidir si ponen límites al modelo pastero que Uruguay y Brasil pretenden instalar sobre uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo. Si legitiman los procedimientos ilegales de Uruguay para autorizar a Botnia, entonces darán luz verde a la instalación de media docena de pasteras en una región que históricamente se basó en otro modelo de desarrollo.

Por el contrario, jerarquizando el Estatuto del Río Uruguay, rubricado en 1975 por los dos países para administrar ese recurso, no sólo estarán poniendo frenos al apetito voraz de las multinacionales, sino sentando jurisprudencia para resolver otra media docena de conflictos ambientales.

En este contexto, permitirá incorporar la dimensión ambiental en las decisiones públicas. Los gobernantes ya no podrán mirar para el costado una vez que se inclinan por un sistema de desarrollo, dado que deberán consultar a los ciudadanos sobre cuál es el modelo indicado para una localidad determinada. Logrará así, que las problemáticas ambientales se resuelvan localmente. Aunque fue el pueblo de Esquel el pionero en ejercer sus derechos a un medio ambiente sano, Gualeguaychú la continuó y le dio trascendencia mundial a un problema local.

Cuando el reloj marque las 10 de este martes el tiempo quedará suspendido en Arroyo Verde. La ciudadanía está cansada y confía en un fallo favorable para erradicar a la planta invasora. El pueblo cesará por un instante su grito por la vida para escuchar la voz de Justicia que deberá poner punto final a su extensa agonía. Pero ese silencio dará lugar a recordar destellos de la historia de un pueblo pacífico, pero que también lleva en sus espaldas las cicatrices de batallas colectivas.

Gualeguaychú puso de rodillas a Giuseppe Garibaldi cuando asolaba las costas del río Uruguay, mucho antes de convertirse en uno de los héroes de la unificación italiana. Cuando los entrerrianos fueron a la batalla de Caseros, el poder de turno los combatió, pero gracias a esa gesta se terminó con una tiranía y los argentinos se beneficiaron con una Constitución Nacional.

Los gualeguaychuenses erigieron el primer frigorífico de capitales nacionales, tendiente a poner freno a los monopolios ingleses de la carne.

El complejo Zárate-Brazo Largo, que permitió a Entre Ríos dejar de ser una isla, se gestó en un grupo de entusiastas emprendedores locales. Y así se podría continuar con una larga lista de hechos históricos que marcaron "un antes" y "un después" en la vida de los pueblos. Un "antes" y un "después" que se le reconoce a la Asamblea Ciudadana Ambiental.

Los griegos entendían que la historia era cíclica y, por ende, tendía a repetirse. Pero al mismo tiempo enseñaron que nadie se baña dos veces en el mismo río. Pues bien, toda esa memoria colectiva de batallas volverá a hacerse presente el martes en Arroyo Verde, precisamente el símbolo de la batalla ambiental de un pueblo que, como hace 500 años, se resiste a entregar al conquistador su tesoro más preciado: la tierra y el agua.

Nadie crece y se desarrolla bajo un conflicto permanente. De allí que el fallo podrá determinar que esos ciudadanos -que desde hace más de siete años viven una situación excepcional- dejen sus puestos de centinela y vuelvan de una vez por todas a sus hogares, junto a sus familias.

Ahora, si no se castiga la violación de un Estatuto de hermandad y si no se castiga a la destrucción y a la muerte por contaminación, entonces las comunidades deberán acostumbrarse a vivir este tipo de situaciones excepcionales.

No hay que permitir a Botnia apropiarse del río Uruguay. Hacerlo, es excluir a las poblaciones ribereñas de su derecho a un ambiente sano; es vedar a nuestros hijos de la posibilidad de maravillarse de la belleza de un paisaje virgen y del milagro de la vida, tal como lo experimentaron nuestros mayores.

El martes a las 10, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dictará sentencia a la presentación hecha por nuestro país en mayo de 2006, por la autorización unilateral de los emprendimientos de la pastera Botnia y sus instalaciones conexas en la margen izquierda del río Uruguay -violando de tal modo el Estatuto que administra este recurso fluvial compartido-.

Argentina espera con mucha confianza un fallo favorable que refleje la argumentación desarrollada por nuestro país a través de la delegación encabezada por la Consejera Legal de la Cancillería, embajadora Susana Ruiz Cerutti, en las audiencias escritas y orales a lo largo de estos cuatro años.

Ruiz Cerutti recibirá el fallo junto al secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni; y los dos agentes que la acompañaron en todo el transcurso del juicio y que representan a la Argentina frente a la Corte de La Haya: el embajador en los Países Bajos Santos Goñi Marenco y el director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Horacio Basabe.

De esta manera, nuestro país confía en que se jerarquice así la vigencia de un instrumento pionero como el Estatuto del Río Uruguay (1975), tomado como modelo por Naciones Unidas. En el mismo sentido, la Argentina espera que ese fallo se cumpla cabalmente, ya que es vinculante tal como lo indica la propia carta de Naciones Unidas.

Para la cancillería argentina, la Corte tiene que considerar y sancionar claramente como interpretación del Estatuto del Río Uruguay que ninguno de los emprendimientos uruguayos debió ser aprobado sin haber previamente puesto en marcha el mecanismo de información y consulta previstas.

La primera y principal argumentación ha sido la necesidad de cumplir el Estatuto en lo que hace a la información y consulta previa.

El Artículo 7º del Estatuto dice que la parte que se proponga realizar obras significativas que puedan afectar la navegación, el régimen del río y la calidad de las aguas deberá comunicarlo (a la Argentina). ¿Por qué Uruguay no consultó? Por la sencilla razón de que esa comunicación presumía que Botnia afectaría la calidad de las aguas.

Argentina, además ha aportado elementos sobre los efectos que el funcionamiento de Botnia está ocasionando sobre el río. Así, la Corte dará también su opinión sobre los elementos aportados como resultado del plan de vigilancia ambiental que ha desarrollado desde fines de 2007 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Desde el momento en que la Corte diga, como espera la Argentina, que el Estatuto se aplica y deber ser cumplido en relación a los emprendimientos como el de Botnia y su terminal portuaria en Nueva Palmira, todo el régimen alrededor de estos emprendimientos estará regido por el Estatuto, contrariando la posición uruguaya que niega su aplicación al autorizar unilateralmente esos proyectos.

Se ha hablado mucho si los Estados acatarán el fallo. Un ejemplo vale para despejar dudas: en los años ’80, la Argentina ha dado pruebas de respeto absoluto por el Tratado y su mecanismo de información y consultas previas. Lo hizo cuando pretendió instalar una represa en la parte del río que limita con Brasil y que finalmente no se concretó porque el Uruguay presentó objeciones. Es el Uruguay quien no puede ofrecer antecedentes en ese campo.

El Tribunal

A las 10 del martes, se darán por iniciadas las audiencias en La Haya. Quince jueces sentados de frente en una larga mesa, acompañarán al Presidente de ese Tribunal (que estará sentado en el medio), en la lectura de la sentencia.

Será el juez Peter Tomka (vicepresidente de la Corte que reemplaza en sus funciones al Presidente Hisashi Owada que tiene licencia por problemas de salud), quien pronunciará el fallo que tanto esperan Argentina y Uruguay.

Una vez leída la sentencia, la Corte emitirá tres ejemplares del fallo: uno para su archivo, y los otros dos para las partes. Luego será publicado en el sitio web de la Corte, por el carácter público que tienen sus sentencias.

Argentina se apoya en su pretensión en el Artículo 27º del Estatuto del Río Uruguay que establece que todo aprovechamiento que se hiciera de las aguas de ese recurso fluvial para uso industrial que sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas deberá ser sometido "sin excepción" al procedimiento de información y consulta previa previsto en los Artículos 7º a 12º de ese mismo Estatuto.

Ello implica que el Uruguay debió haber comunicado los dos proyectos de plantas de celulosa a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y si esta no se expedía dentro del plazo de treinta días o consideraba que los proyectos podían causar un perjuicio sensible entonces debía notificar los mismos a la Argentina a través de la CARU, teniendo nuestro país un plazo de 180 días para expedirse al respecto.

Sin embargo, la realidad indica que el Uruguay tomó la decisión política deliberada de no respetar el Estatuto y de no recurrir a la CARU ni consultar a nuestro país mucho antes de que se materializaran los proyectos, ya que su intención era la de instalar varias plantas de celulosa en el río Uruguay –en total eran cinco proyectos-, en función de lo cual promovió fuertemente a partir de 1987 las plantaciones masivas de eucaliptos, materia prima indispensable para desarrollar este tipo de industria.

La explicación de por qué el Uruguay decidió violar el Estatuto y no comunicar los proyectos a la CARU se encuentra en las declaraciones efectuadas el 12 de diciembre de 2005 por la Presidente de la Delegación uruguaya ante la CARU, Marta Petrocelli, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado del Uruguay. Allí expresó que si el Uruguay se hubiera sometido al procedimiento de consulta e información previsto en el Estatuto, "no se hacían las obras".

Las violaciones

La violación del Tratado se produjo de manera sistemática y serial. Un rápido repaso de los hechos determina que por lo menos el Uruguay violó en seis oportunidades el Estatuto:

1) Al autorizar unilateralmente el proyecto de la planta de pasta celulósica a cargo de las empresa ENCE en Fray Bentos.

2) Al autorizar unilateralmente el proyecto de la planta de pasta celulósica a cargo de las empresas Botnia en Fray Bentos.

3) Al autorizar también unilateralmente la construcción de un puerto para la operación del proyecto a cargo de Botnia y la construcción y operación de instalaciones conexas al mismo.

4) Al autorizar una vez más unilateralmente la extracción por la empresa Botnia de volúmenes importantes de agua del río.

5) Al autorizar la construcción y operación de la terminal portuaria de carga Ontur en Nueva Palmira.

6) Al autorizar la puesta en marcha de la planta Orion de Botnia, en noviembre de 2007.

Pero eso no es todo. También el Uruguay incumplió con normas sustantivas, intrínsecamente asociadas a las anteriores, que comprometen a ambos países a proteger el medio ambiente del río Uruguay y sus zonas de influencia frente a proyectos como el de Botnia que, en un sitio con características de sensibilidad, tiene la magnitud para causar perjuicio sensible a la otra parte y al ecosistema de este recurso compartido.

Es más, la permanencia de Botnia-UPM sigue comprometiendo al ecosistema asociado al río Uruguay y a sus zonas de influencia. Hay que tener en cuenta que Botnia es poco más de un millón de toneladas anuales de producción de celulosa, que requiere el uso de 80 millones de litros de agua por día y tiene –según sus constructores- una vida útil de 40 años. Estas magnitudes no reconocen antecedentes en el mundo, tratándose de un proyecto sobre un curso fluvial de las características del río Uruguay.

El otro punto que es necesario recordar es que la Argentina denunció en las audiencias públicas de La Haya que Botnia tiró al río sustancias tóxicas de uso prohibido. "Detectamos por lo menos dos de estos elementos, nonilfenoles y lindano", confesó en su momento la embajadora Ruiz Cerrutti.

¿Qué se reclama?

La Argentina le pide a la Corte que falle y declare que Uruguay deberá:

1) Reanudar el cumplimiento estricto de sus obligaciones en virtud del Estatuto del Río Uruguay.

2) Cesar de inmediato los hechos internacionalmente ilícitos por los que ha comprometido su responsabilidad.

3) Restablecer en el suelo y en términos jurídicos la situación que existía antes de que estos hechos internacionalmente ilícitos se cometieran (desmantelar la planta).

4) Pagar una indemnización a la República Argentina por los daños causados por esos actos internacionalmente ilícitos, de un importe que será determinado por el Tribunal en una etapa ulterior del procedimiento.

5) Que Uruguay ofrezca suficientes garantías de que se abstenga en el futuro de violar el Estatuto, en particular, el procedimiento de consulta establecido por el Capítulo II de ese Tratado.

Por su parte, Uruguay se ha defendido de manera muy escueta. De acuerdo a la información que se puede leer en el sitio oficial de la Corte Internacional, apenas sostuvo: "Sobre la base de los hechos y argumentos expuestos en contra de Uruguay-Memorial, dúplica y en el juicio oral, las solicitudes de Uruguay es que la Corte falle y declare que las reivindicaciones de la Argentina son rechazadas, y el derecho de Uruguay para mantener en funcionamiento la planta de Botnia es de conformidad con las disposiciones del Estatuto de 1975". Nada más.

Falta muy pocos días… para tantos acontecimientos. El tiempo siempre ha sido un testigo insobornable de la historia. Es necesario actuar con memoria y aprender de las generaciones pasadas. En 1855 el jefe Seattle de la tribu Suwamish le escribió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, y le expresó: "Los ríos son nuestro hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos… Si contamináis vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios". No lo olvidemos.

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