El borrador del acuerdo que está siendo consensuado por los gobiernos provinciales, prevé "crear un ámbito amplio y necesario, dada la estructura constitucional de la Nación, para que las Provincias y el Estado Nacional coordinen el resguardo y aplicación de una política de Estado para el sector minero bajo principios de producción racional y desarrollo sustentable de la actividad".

El documento prevé e impone a las provincias "la participación social y pública que contribuya solidariamente a la recuperación del sector minero como un sector productivo del país; con un alto grado de cohesión local y regional que genere una conciencia colectiva con arraigo y compromiso local para interactuar en la resolución de los temas vinculados a la minería".

También pone el acento en "la presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública".

Y "el desarrollo de estrategias para la construcción del diálogo social entre los diferentes actores con interés en la temática minera (organizaciones civiles, pueblos originarios, universidades, colegios profesionales, cámaras, etc)".

También prevé "aplicar una política provincial e interjurisdiccional para el monitoreo y adecuada implementación de los Planes estratégicos de inversiones, exploración y puesta en valor de los recursos mineros y de las evaluaciones estratégicas de planes y programas con la necesaria colaboración entre las distintas Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias".

Y dispondrá "consolidar interjurisdiccionalmente un plan concreto para el aprovechamiento integral del recurso como requisito de protección del interés público del Estado Argentino comprometido en el desarrollo sustentable de la actividad minera", entre otras iniciativas.