Margarita Camus, jueza de Ejecución Penal de San Juan, fue víctima del terrorismo de Estado. La causa donde se investiga su desaparición y tortura es otra de las tantas que, durante años, durmieron en los estrados judiciales federales de Mendoza gracias a una maraña de complicidades entre funcionarios y ex represores de la dictadura militar. Una maraña que recién ahora se empieza a desarmar. La sala VI de la Cámara de Casación apartó a tres integrantes de la Cámara Federal de Mendoza de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad en Cuyo. Son los camaristas Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti, quienes fueron removidos a instancias de un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

¿Ayudará esta decisión de la Cámara de Casación a que avancen las causas?

Eso era algo que, desde los organismos de derechos humanos, veníamos pidiendo hace tiempo. No queremos que los jueces a cargo de esos procesos hayan estado involucrados con delitos de lesa humanidad o hayan formado parte de una red de impunidad dentro de la Justicia. Pedimos jueces imparciales. Eso es lo mínimo que se puede pedir.

Hasta donde se sabe, parece que en la justicia federal mendocina existe todo un sistema de complicidades.

Es que así es. Sosa Arditti estaba jubilado y lo convocaron para integrar la Cámara saltéandose todos los procesos establecidos por la Corte Suprema. Esto fue así porque él tenía una comunidad ideológica con los otros integrantes. No por nada su hijo es defensor de Carlos Rico Tejeiro, el jefe de la represión en Mendoza. Hay muchos complices de la represión enquistados en el fuero federal. Esto es lo que escandalosamente se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos.

Para el ciudadano común, resulta muy difícil de entender que, después de 27 años de democracia, siga funcionando este sistema de cosas.

Son hombres que rondan los 65 años, gente que ingresó al sistema judicial con la dictadura. Pero no todo es lo mismo, hay jueces, pocos es cierto, que no forman ni formaron parte de esta maraña.

¿Por qué en Mendoza?

Mendoza es una provincia con ciertas y determinadas características sociales y culturales. Petra, por ejemplo, estuvo vinculado con entidades bancarias quebradas. Son complicidades que exceden lo jurídico y se extienden a lo económico y político. Fíjese en lo que dice el fiscal general Oscar Palermo: ninguna causa por delitos económicos, fraude al fisco o evasión tributaria llega a sentencia en la jurisdicción federal mendocina. Todos estos son elementos que nos dan cuenta de determinadas características de estas personas: responden a un modelo de país que no es el que la mayoría de los argentinos queremos. No queremos a los ladrones de gallinas presos y a los delincuentes ricos y poderosos y a los genocidas impunes.

Podríamos decir, entonces, que existe un sistema sociopolítico que ha sostenido, a través de distintos gobiernos democráticos, a determinado tipo de gente dentro de la Justicia Federal.

Totalmente. Por eso yo remarcaba el tema de la edad. Son jueces que integran una generación que ingresó al Poder Judicial sin concurso, a dedo, en determinadas épocas. Ese es el caso de Otilio Romano y Luis Miret. Todos ellos entraron durante la dictadura como jueces o fiscales. Y en esa época el único requisito era adscribir ideológicamente al gobierno de facto.

Romano plantea que, siendo juez, el Consejo de la Magistratura no puede investigar sus actos cuando era fiscal.

Es un argumento de una cinismo perverso. Es como si los jueces gozáramos de total impunidad para cometer delitos y no pudiéramos ser juzgados, no solamente en el ejercicio de la función, cualquier delito. A Romano, que era fiscal en la época de la dictadura, se lo juzga por hechos actuales, en los que se incluye el no haberse inhibido de actuar como juez en casos donde intervino cuando era fiscal. Y lo juzga el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional que corresponde. Su argumento es falaz, una chicana que ni siquiera un adolescente utilizaría.

Pareciera que estos jueces investigados buscan dilatar el proceso esperando la nueva conformación del Consejo.

Es que es así, juegan a eso. Esperan de la nueva conformación mantener sus puestos. La impunidad. Existen cuestiones políticas de por medio. Hay que fijarse, por ejemplo, en como ha actuado el senador mendocino Ernesto Sanz, presidente de la UCR, que votó a favor de Petra en el dictamen del Consejo para enviarlo a juicio político.

Entonces, todo el interés de la oposición para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, ¿a qué apuntaba?

Se hablaba de poner fin a la hegemonía del kirchnerismo, a la arbitrariedad del oficialismo. Pero mientras a cualquier ciudadano le parece escandaloso que esta gente sea juez de la Nación, la oposición vota a favor de mantenerlos en sus cargos. Así es como se manifiesta la actual red de complicidades entre políticos mendocinos y jueces heredados de la dictadura.

Vuelvo al principio, ¿hay esperanzas de encontrar justicia para los delitos de lesa humanidad en Cuyo?

Vamos a hacer lo que sea necesario para conseguir justicia, incluso recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agotaremos todas las vías institucionales para que estos delitos sean juzgados por jueces imparciales