El presidente del EPAS respondió al Municipio que aún no se puede rubricar el contrato de concesión.
Marecos señaló que la información enviada por el Municipio está incompleta porque “carece de la definición de las políticas públicas municipales que establezca objetivos y metas en materia de agua y saneamiento, así como también los instrumentos y las acciones a corto, mediano y largo plazo para alcanzarlos, la indicación de las fuentes de financiamiento de las inversiones nuevas para las áreas servidas, de expansión y no servidas”.
También indicó que se omitió enviar el anexo del régimen tarifario, que había sido remitido por el EPAS para establecer el financiamiento de las nuevas inversiones.
Mediante una nota, Marecos dijo que la responsabilidad de la definición de la planificación en materia de servicios públicos, y en particular de agua y saneamiento, es del Municipio, según establece la Constitución, la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 12395.
Asegura que “la ausencia de políticas públicas municipales en materia de agua y saneamiento se refleja en la inexistente o casi nula incidencia de inversión pública municipal en el servicio, de lo cual son evidencia objetiva los presupuestos municipales y la gestión de esos escasos recursos con subejecución de las partidas previstas”.
Según Marecos, la ausencia de políticas públicas también se denota en las omisiones de la Municipalidad desde el punto de vista técnico, ya que sólo contempla la realización de redes domiciliarias sin prever la expansión de redes troncales o plantas de tratamiento, lo cual se agrava al autorizar desarrollos inmobiliarios y edificios de alto impacto urbano-ambiental sin preverse las obras complementarias.
Señaló que el EPAS realizó inversiones por 135 millones de pesos sin contar el Sistema Mari Menuco, que garantiza un horizonte de provisión de hasta un millón de habitantes.
Comentó que después de sancionarse el Marco Regulatorio y de acordar trabajos, se devolvió el estado de obras requerido, elaborado por el EPAS, sin establecer prioridades y fuentes de financiación, y no se establecieron normas legales para impulsar las inversiones.
“Mientras persista la situación descripta, no están dadas las condiciones para suscribir el contrato”, asevera.
Y culmina: “Estamos dispuestos a continuar las tratativas considerando la solución a las cuestiones planteadas para volcar al contrato las correcciones necesarias en materia de competencias, criterio de aplicación de multas y monto de las mismas, período de transición, tratamiento igualitario, tarifa social, audiencias públicas, desarrollo de instrumentos para financiar las inversiones en el servicio, constitución de fondo fiduiciario, reformulación del ARO, mecanismo para establecer cargos en la tarifa, coordinación de acciones entre el Estado Provincia y Municipal, la exclusividad de la concesión", entre otros temas.
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