La semana pasada le decían al gordito de sillas de ruedas, que se encontraba en el slogan del V Congreso Mundial de la Infancia, que sus derechos eran los más importante, hoy le quieren quitar hasta el derecho a su silla de ruedas”, señaló Ivana Fornes, quien por su enfermedad se encuentra en una silla de ruedas. Ella se dio cita en la Plaza 25 de Mayo, junto a otras personas y familiares con discapacidad para solicitar la derogación de la resolución 1200/12.

Dicha resolución fue sancionada el pasado 3 de octubre por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y fue suspendida en su aplicación hasta el 30 de noviembre. En la misma se reduce al 50% la cobertura de obras sociales en tratamientos a personas con discapacidad, dejando de lado la ley nacional 24.901 que asegura el 100% de cobertura médica.

Es así que más de 150 personas, entre personas con discapacidad, familiares e instituciones que trabajan en el servicio integral para el tratamiento de discapacidad recorrieron las calles de la Capital con carteles y con un petitorio le dejaron a Roberto Juárez, director de Discapacidad de la provincia.

En el escrito, solicitaron la derogación de la resolución 1.200 y el pago de las obras sociales a las instituciones educativas e integradoras que trabajan con jóvenes y niños con diversas discapacidades, según comentó Lucía Robelli, directora del Instituto de Recuperación Integral del Niño Aislado (IRINA).

Al llegar a la Dirección de Discapacidad, Juárez recibió a un grupo de manifestantes y les explicó las medidas tomadas. “Producto del trabajo que se realizó en el Consejo Federal de Discapacidad durante el día jueves y viernes de la semana pasada se pudo firmar un acta compromiso entre el CONADIS, la Superintendencia de Salud y otras organizaciones de personas con discapacidad se solicitó la derogación de la 1200 y se pide una nueva resolución que abarcaría todas las prestaciones de discapacidad contenidas en la ley 24901”, dijo el funcionario para llevar tranquilidad a los presentes.

Además, Juárez destacó que en el mes de diciembre debe estar la nueva resolución que tenga en cuenta cada una de las necesidades de las personas con discapacidad. “Para poder hacer esta nueva resolución estamos trabajando desde el área de discapacidad de todas las provincias junto a las organizaciones y la CONADI, para dar respuestas a todos los problemas”, advirtió.

Mientras la situación se normaliza y se emite una nueva resolución para la atención de las personas con discapacidad, en la provincia las diferentes instituciones que trabajan en la integración, tratamiento y escolaridad de los jóvenes y niños, continuarán trabajando normalmente. “Vamos a trabajar con la gente que nos apoya y los padres de nuestros alumnos, de esta forma trataremos de continuar lo más normal posible”, sostuvo Rosario Solazo, representante legal de IRINA.

De esta manera San Juan se unió a las manifestaciones que se realizaron en distintas provincias del país para mostrar el descontento con la resolución 1200 y se pusieron a disposición de las autoridades para trabajar en conjunto en la nueva normativa que garantice sus derechos.