ROMA. Las calles del centro de esta capital se tiñeron ayer de rojo. Con banderas de ese color de la CGIL, el principal sindicato de trabajadores del país, cientos de miles de personas convocadas por la Federación Italiana de Obreros Metalúrgicos (FIOM) marcharon hacia la tradicional Plaza de San Juan de Letrán para protestar contra la política económica del gobierno de Silvio Berlusconi y en defensa de las condiciones de trabajo en la industria metalúrgica.

Pese a que el ministro del Interior, Roberto Maroni, había advertido que podría haber violencia, la manifestación, a la que asistieron por lo menos 100.000 personas (según Giorgio Cremaschi, de la FIOM, hubo un millón), fue pacífica. No sólo marcharon obreros del sector metalúrgico ?que llegaron con trenes y autobuses especiales desde toda la península?, sino también familias, maestros, jóvenes, estudiantes, inmigrantes, jubilados y militantes de partidos de izquierda. Llamó la atención la ausencia de Pier Luigi Bersani, el líder del Partido Democrático, el principal de la oposición, que pese a la crisis que divide al oficialismo no logra levantar cabeza.

Con pancartas, globos y banderas, ante una maciza presencia policial, los manifestantes denunciaron el dramático panorama laboral. Plantearon la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes en un país donde muchas familias no llegan a fin de mes, los sueldos quedan rezagados, los contratos de trabajo no se renuevan y comienzan a resquebrajarse los derechos de los trabajadores.

"Debemos continuar la lucha y para eso hay que empezar a planificar una huelga general", arengó el líder del sindicato metalúrgico, Maurizio Landini. "¡Huelga, huelga, huelga!", contestaron los manifestantes.

Guglielmo Epifani, líder del sindicato CGIL, anunció que el 27 de noviembre se hará una nueva manifestación, en la que se anunciará la fecha de una huelga general si el gobierno no toma medidas. "La situación social es muy difícil. El país está a la deriva, va en bajada y no logra recuperarse y el desempleo aumenta", denunció Epifani, que destacó que será imposible resolver semejante situación "si no existe un compromiso del gobierno y de las empresas, que aprovechan la crisis para reducir derechos".