Esta implica la introducción de modificaciones al código penal que, a entender de las agrupaciones, implicó la posibilidad de duplicar las penas e incluso detener a los militantes sociales.

Ello se interpreta sobre todo por la modificación del artículo 213 por el cual, en una primera parte, se indica que "se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político".

Ya desde antes de la aprobación de la Ley, sancionada en diciembre pasado, las agrupaciones sociales advertían sobre la posibilidad de criminalizar la protesta social desde marcos legales. El titular de la CTA en Salta, Vuenaventura David, dijo a Nuevo Diario que si bien el diciembre se hicieron movilizaciones a fin de intentar frenar la aprobación de la norma, ahora las marchas son en respuesta a las consecuencias que presupone la Ley.

Y es que, sostuvo, en las represiones que se hicieron contra pobladores de Catamarca y de La Rioja (Andalgalá y Famatina respectivamente), que se manifestaban contra la actividad minera contaminante, se actuó en contra de los pobladores en el marco de la modificación que presupone la llamada "Ley Antiterrorista".

Desde APSADES se especificó que esta Ley es regresiva porque: duplica las penas y criminaliza la protesta social. Convierte en un crimen a todo reclamo social, como así también a cualquier medida de fuerza. Califica a las huelgas como actos extorsivos. Deja en mano del juez el encuadre y la calificación del término "terrorista".