El 22 de febrero del 2012 el país se conmovía por la muerte de 52 personas y más de 700 heridos en la estación Once del ferrocarril Sarmiento, por la deficiencia del transporte nacional y la falta de inversión y controles. A un año de la tragedia, familiares de las víctimas convocan a una marcha en homenaje a las víctimas, reclamando Justicia y que un desastre así no se repita. Además, piden “excluir las consignas políticas”.
Los convocantes -que hace un año vienen reclamando por Justicia, ante un silencio y desatención hacia los familiares por parte del Gobierno nacional- anunciaron que se realizaran diferentes actos al cumplirse un año de la tragedia de Once: a la hora en que se produjo el accidente, las 8:32 hs. de la mañana, se reunirán en el andén dos de la estación porteña de Once, donde se estrelló el tren, y leerán poemas en memoria de los muertos.
Por la tarde, luego de la marcha, se celebrará un festival musical en la Plaza de Mayo, en el que participarán Leo García, Kevin Johansen y el grupo Airbag entre otros artistas, y un acto en memoria de los fallecidos.
El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, elevó este 19 de febrero a juicio oral y público la investigación sobre el accidente, que tiene como principales imputados a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime quienes están acusados por descarrilamiento culposo agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la administración pública. Entre los otros 26 acusados están el conductor del tren siniestrado, Marcos Antonio Córdoba, y los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano, dueños de la empresa concesionaria de la línea en el momento del accidente, Trenes de Buenos Aires (TBA).
El accidente ocurrió en lo conocido como “hora pico” de un día laboral, cuando un tren procedente de la localidad bonaerense de Moreno se empotró contra un andén de la estación Terminal de Once.
Hasta el momento la respuesta que recibieron las víctimas de la evitable tragedia de Once, de existir responsabilidad, empresarial y gubernamental, fue que seis días después del siniestro, el Gobierno intervino la empresa TBA y en mayo pasado le retiró la licencia de explotación de las dos líneas que operaba debido al "deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante y deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados".
Cabe destacar que además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, abrió en diciembre 2012, otra investigación sobre el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.



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