La crisis de representatividad de la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a tomar una temperatura más elevada por estas horas.

La facción que dirige el titular de la Unión Tranviario Automotor (UTA), Rubén Suárez, salió a aclarar que en la provincia él es único facultado a ejercer la titularidad de la central obrera. El sector que lidera Alfredo Moliné, titular de SMATA, ratificó la marcha provincial para el próximo martes. Junto a la CTA y otros sectores gremiales pedirán al Ejecutivo provincial recomposición salarial y al Legislativo la aprobación de las leyes laborales.

El fraccionamiento de la CGT tiene varios matices. Desde la puja del poder sindical a las jugadas políticas de un sector y otro. Al confirmarse la marcha provincial de la CGT y la Central Trabajadores Argentinos (CTA), el sector de Suárez intentó, a través de un comunicado, aclarar cuál es la realidad que vive la central obrera en la provincia.

“La representación gremial es única. No existe ninguna otra autoridad identificada como CGT, más que la reconocida legal y legítimamente por las autoridades nacionales de la CGT a través del acta de validación firmada el pasado 17 de marzo”, informó el titular de la UTA.

De esta manera Suárez marcó la cancha y descalificó a la facción liderada por el secretario general del Sindicato de Mecánicos, Moliné. “Ninguna otra autoridad se halla autorizada a realizar o decidir medidas de fuerza, por lo que cualquier actitud tomada en ese sentido sólo pertenece a oscuros intereses de alicaídas figuras gremiales”, insistió el referente sindical.

Pese a las críticas, el sector de Moliné sostiene que la mayoría de los gremios de la provincia están nucleados en ese sector de la Central Obrera. “Habla de legitimidad y legalidad y la sede de la CGT fue tomada por asalto por el sector que lidera Suárez”, dijo una fuente sindical que no comulga con el representante de la UTA.

Intromisión política

La discusión va más de quien queda con el mando de la central sindical. Las dos facciones cuentan con un respaldo político. Fuentes sindicales señalaron a época que el sector de Suárez tiene el respaldo la dirigencia de la Unión Cívica Radical (UCR); mientras que el sector de Moliné, con el apoyo de la cúpula del Partido Justicialista.

De hecho, el Gobierno de la Provincia firmó un convenio para construir viviendas con la CGT de Suárez. Además, no es un dato menor que la mayoría de los dirigentes que están nucleados en este sector intentaron participar en la interna del Partido Justicialista apoyando a Alejandro Karlen. Pero sólo quedó en un intento ya que no pudieron cumplimentar los requisitos para participar de la contienda electoral.

Por su parte, la pata cegetista que maneja Moliné cuenta con un fuerte respaldo del flamante titular del Partido Justicialista - por Fabián Ríos -.

Confirmación de la marcha

El sector de la CGT que responde a Moliné y la CTA ratificaron la marcha en contra del Gobierno de la provincia. La misma se concretará el martes a las 10 y tendrá como punto central de reclamos la “Casa Rosada local” y la Legislatura.

Entre los puntos que reclamarán a estos dos poderes del Estado figura un incremento general de un 40 % en los sueldos básicos de todos los trabajadores de la administración pública provincial.

Dicho requerimiento tiene su fundamento en que similar porcentaje se corresponde con el incremento aprobado en el Presupuesto General de la Provincia para el corriente año, en relación al año pasado en el rubro gastos en personal.

Además, solicitan el urgente tratamiento por parte de la Legislatura de los vetos impuestos por la actual administración a las leyes de paritarias para el sector docente y para el personal de la administración pública, solicitando a los diputados y senadores su insistencia, en pleno convencimiento de que los trabajadores estatales correntinos tienen los salarios más bajos del país, precisamente debido a que no cuentan con un instrumento legal que permita a sus entidades sindicales representativas discutir sus remuneraciones.

Otro de los pedidos que harán a los legisladores es avance en la reforma al Régimen Previsional del personal de la administración publica provincial y municipal, garantizando el 82 % móvil, tomando como base para el cálculo los diez mejores años de la carrera del agente y que elimine la discriminación existente entre jubilados provinciales y municipales.

El proyecto de ley que permita regularizar la situación laboral de los trabajadores precarizados del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) será otro de los puntos que figuran en el petitorio que entregarán el martes.

El Estatuto Único para el personal de la Administración Pública Municipal de la Provincia de Corrientes - se está analizando en la cámara de Diputados-, es otro de los puntos por los cuales los gremios integrantes de la CGT y la CTA se mostraron preocupados.

El gobierno de la provincia se mostró preocupado por la confirmación de la marcha. De hecho, el propio mandatario provincial señaló la semana pasada que en Corrientes hay una sola CGT.

Además dijo que tiene intenciones de reabrir la mesa de relaciones laborales con el sector cegetista que lidera Suárez.

Estas declaraciones provocó el malestar de los sindicatos enrolados en la CTA y CGT de Moliné que siguen exigiendo la apertura de la mesa laboral.

“No podemos seguir aceptando incrementos salariales de manera unilateral. Debemos exigir la aprobación de las leyes laborales para defender nuestros derechos”, dijo uno de los referentes de la CTA quien prefirió reservar su nombre.