En marcha hacia un polo judicial

El complejo, que se levantará en terrenos ferroviarios, permitirá concentrar todas las actividades que hoy se desarrollan en más de 12 dependencias.

Siguen las tratativas hacia el llamado polo judicial de Bahía Blanca. Las reuniones se prolongaron durante la semana pasada, con la premisa de avanzar hacia la concreción de una propuesta que fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante (expediente 451 del 29 de abril de este año) y promulgada por el intendente Cristian Breitenstein el 18 de mayo, según decreto 605.

De los encuentros participaron funcionarios comunales, judiciales y gremiales, quienes abordaron distintos aspectos del complejo proyectado en espacios del ferrocarril, sobre Rondeau y Juan Molina o desde Donado a Rondeau.

"Queremos y necesitamos a esta 'ciudad judicial', por la cual nuestro gremio dio el primer paso, y parece que todo tiene viento a favor porque es lo que demandará el futuro cercano", indicó ayer el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense en Bahía Blanca, Víctor Solomón.

El dirigente sindical también señaló que actualmente, y más allá del palacio de tribunales (Estomba 34), las actividades judiciales se han dispersado en más de 12 oficinas descentralizadas.

"Media una acordada de la Corte provincial y los principales municipios deben considerar la posibilidad de contar con un polo judicial, donde esté concentrado todo el quehacer", agregó.

A fines de abril, en una de sus visitas a la ciudad, el ministro provincial de Justicia, Ricardo Casal, afirmó que este tipo de complejos es el modelo pretendido para la modernización del Poder Judicial, y que el primero se ubicará en Mar del Plata.

Sin feriado.

A pesar del asueto para la administración pública, fue normal ayer la actividad en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca, donde se desempeñan unos 900 agentes.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense se refirió que el asueto aparece comprendido en la resolución 606 del 26 de agosto de este año pero que, según lo informado desde la secretaría de la presidencia de la Corte, no medió la correspondiente comunicación desde el Ejecutivo provincial, trámite requerido para determinar, por ejemplo, el día no laborable y la suspensión de los términos procesales.

Comentá la nota