Con la firma de un plan de enmiendas a la nueva ley, el presidente de EE.UU. cerró triunfal y definitivamente la pulseada en el Congreso. Según el experto italiano Giovanni De Plato, "es un pequeño primer paso para reducir la injusticia social".
El complejo proceso legislativo de Estados Unidos permite introducir enmiendas a las leyes. Ese paquete de modificaciones a la reforma sanitaria exigido por los representantes demócratas fue aprobado la semana pasada en el Senado con un procedimiento de "reconciliación" y promulgado ayer por Barack Obama desde la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia. La firma del presidente puso fin a la pulseada en el Congreso por la nueva ley que modificará el sistema de salud más caro del mundo. Para Giovanni De Plato, asesor de la Organización Mundial de la Salud, director de la maestría de Políticas y Gestión de la Salud de la Universidad de Bologna en Buenos Aires y uno de los principales expertos italianos en la materia, los norteamericanos "seguirán considerando la salud como un bien individual que se regula a través del mercado". Sin embargo, "la reforma es un pequeño primer paso para reducir la injusticia social".
–¿Cuál es la importancia social y política de la reforma sanitaria en Estados Unidos?
–La reforma de compromiso que se aprobó es un proyecto que Barack Obama impulsó pese a la oposición del 60% de la población y de gran parte del Congreso. Con ese acto Obama demuestra ser un estadista y no un populista. La verdadera revolución de esta reforma es que pone en marcha un cambio de mentalidad porque el norteamericano medio es individualista y consumista. En ese sentido también en el ámbito de la salud considera como algo positivo que haya más consumo y más prestaciones.
–¿Es posible financiar un sistema que universalice el acceso a la salud?
–El derecho a la salud no es una variable dependiente de la economía. Si se considera la salud como un bien social no se puede aceptar que sea un problema individual ni tratarlo como un bien de mercado. Un Estado democrático debe garantizar ese derecho a través de una asistencia universal de tipo público o mixto financiada a través de impuestos generales. Si comparamos los sistemas sanitarios de otros países, es evidente la superioridad del sistema universal en costos, calidad y resultados. Esto no significa que debe ser un sistema completamente estatal y público. El mejor sistema universal es aquel que tiene programación y control público, con gestión mixta abierta al sector privado y producción subsidiaria de servicios.
–¿Existe en el mundo algún sistema sanitario verdaderamente equitativo y eficiente?
–El sistema universal, que brinda asistencia a todos los habitantes a lo largo de toda su vida, existe en muchos países de Europa como Dinamarca, Gran Bretaña, Suecia, España e Italia, y del mundo como Australia, Canadá y Cuba. El sistema de seguro privado de Estados Unidos es más caro y poco eficiente, mientras el sistema universal de Italia es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el segundo de mejor calidad del mundo. El costo medio sanitario per cápita calculado por la OCDE es de 2.984 dólares; en Italia es de 2.686 y en Estados Unidos de 7.290 dólares. Los países que no aplican el sistema universal tienen que considerar que el mayor costo no se traduce en asistencia de calidad para todos sino en inequidad social.
–¿En la Argentina es necesaria una reforma?
–La Argentina tiene problemas de desarticulación, sectorialización y fragmentación que provocan un costo público y privado alto sin resultados acordes en salud individual y pública. No hay articulación entre el Estado y las provincias y hay una gran fragmentación de los proveedores de servicios. Muchas veces esto provoca la multiplicación de los mismos servicios en un territorio sin ningún parámetro de racionalidad y economía. Es necesario articular las competencias en los diferentes niveles, integrar el sector público y el privado, y unificar el sistema sanitario con el de asistencia social. La Argentina puede armar un excelente sistema de salud, pero falta un proyecto único de reforma y la decisión política de llevarla a cabo.

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