La iniciativa, que fue consensuada entre el gobernador José Alperovich y la Federación Económica de Tucumán (FET), fue avalada por todos los integrantes del bloque mayoritario "Tucumán Crece" presentes en el recinto (41) y recibió el voto negativo de casi todo el arco opositor (seis). La excepción fue Alberto Colombres Garmendia (PRO, quien levantó su mano a favor del proyecto luego de que el alperovismo hiciera lugar a algunas propuestas por él realizadas al respecto.

El resto de los opositores advirtieron que las modificaciones realizadas en la norma son insuficientes para frenar los planteos de inconstitucionalidad elevados contra el régimen tributario, que oportunamente fuera catalogado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas como la instauración de una "dictadura fiscal" en Tucumán.

Justamente, esa institución, a diferencia de la FET, planteó judicialmente, con el acompañamiento de otras entidades profesionales y empresariales, sus quejas contra el Código Tributario de Alperovich.

La sesión parlamentaria se realizó en un clima tenso, por la presencia de dirigentes de las entidades que llevaron el caso a Tribunales y que en expresaron en el recinto a viva voz su posición en distintos tramos de la deliberación.

La polémica se generó durante el discurso del oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, quien advirtió que quienes toman las decisiones de política fiscal son quienes tienen la responsabilidad de gobernar. "A ustedes no le van a tocar la puerta por los aumentos de sueldos. ¿Cómo discutir el presupuesto a quien ha sido elegido para gobernar", expresó. Desde los palcos, un grupo de personas le retrucó a los gritos. "¡Sabemos en qué se gastan la plata!", espetó uno de los dirigentes ubicado junto a los referentes de los colegios profesionales.

Esta situación derivó, más tarde, en el desalojo de algunos representantes de entidades no gubernamentales, entre ellos el titular de la Sociedad Rural de Tucumán, José Manuel Avellaneda (ver nota aparte).

Vargas Aignasse cerró su exposición asegurando que “podría llenarse la cancha de Atlético con la cantidad de contadores que trabajan al servicio de los morosos” dolosos que tiene el fisco tucumano. La radical Silvia Elías de Pérez pidió un desagravio para esos profesionales.

El oficialista Sisto Terán se mostró sorprendido por la discusión en este punto del orden del día. "Si hay algún tema en el que han funcionado los resortes del Estado es el que estamos por aprobar. No digamos que estamos a favor de determinadas modificaciones y luego votemos en contra. Esta ley debe ser sancionada hoy porque si las normas no se derogan, persiste la inconstitucionalidad", planteó.

A su turno, Ramiro González Navarro, presidente de la comisión de Hacienda, lamentó no entender los reclamos de quienes rechazaron la iniciativa oficial. "No embromemos. Las normas son de una claridad que no admite discusiones. No hay declaraciones de inconstitucionalidad, sólo medidas cautelares que están siendo tenidas en cuenta", expresó.

Por su parte, el titular del bloque alperovista, Roque Tobías Alvarez defendió la política tributaria oficial. "La sociedad nos dio la obligación de gobernar y no podemos ser tontos y necios. Esta ley es superadora de la que aprobamos en diciembre, tanto que deja sin efecto varios de los puntos litigiosos que estaban latentes. Los únicos que deben estar lamentando esta situación son aquellos que se frotaban las manos con los juicios", precisó.

Durante la votación, el radical Federico Romano Norri justificó su voto en contra argumentando que no resolvía las cuestiones en discusión. "Sólo se hace lo que quiere José Jorge", concluyó.

Qué es lo que se modificó

De los siete artículos de la ley sancionada en diciembre de 2011 reformando el Código Tributario que fueron modificados ayer por la Cámara, se destaca el que le quita a la Dirección de Rentas la atribución que se le había conferido para solicitar a la Justicia embargos preventivos contra morosos sin contemplar los alcances del Código Civil.

También se dio marcha atrás con el punto que habilitaba la publicación, en Internet, de los nombres de los morosos, y se borró el artículo que establecía la no proscripción de las deudas por el impuesto a los Sellos.

Finalmente, se modificó el punto referido a los intereses resarcitorios por pagos a cuenta.