Como hemos venido consignando, la Administración Nacional de Seguridad Nacional comenzó a otorgar turnos para que las madres, con tres meses de embarazo, puedan realizar el trámite de la Asignación por Embarazo para protección social.

Una vez obtenido el turno, las beneficiarias deberán presentarse en las oficinas de la ANSeS con el formulario "Solicitud Asignación por Embarazo para Protección Social", que estará disponible a partir de la semana próxima, debidamente cumplimentado por el profesional que acredite el estado de embarazo. Ese formulario se puede obtener a través de la página web de la ANSeS.

La suma a percibir mensualmente es de $176, lo que representa el 80% del monto total de la asignación, que consiste en $220. Los $44 restantes, correspondientes al 20%, se acumularán mensualmente para ser percibidos después de ocurrido el nacimiento. Una vez que esto sucede, por medio de la acreditación de la partida de nacimiento, se percibirá la Asignación Universal por Hijo.

La medida abarcará a unas 177.177 nuevas beneficiarias, es decir el 21,3% de los nacimientos por año, con un costo estimado de 234 millones de pesos en 2011. Las beneficiarias tienen que estar desocupadas; ser monotributistas sociales sin ninguna prestación contributiva o no contributiva; desempeñarse en la economía informal o en el servicio doméstico y percibir un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil.

La asignación está destinada a las mujeres hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

Conceptos de

Carina Freitas

La titular de la delegación local de la ANSeS, Carina Freitas, recordó, en diálogo mantenido con este diario, que la Asignación Universal por Hijo beneficia directamente en nuestra ciudad a unas dos mil personas.

Para la implementación del sistema, el esfuerzo fue muy considerable. "Nadie puede desconocer el trabajo que se hizo desde la ANSeS; tal vez en pequeñas localidades como la nuestra la cosa fue más manejable, pero el trabajo fue muy grande", dijo Freitas, quien además reivindicó lo que significa el ente como herramienta del Estado.

"En la primera etapa, que pudimos desarrollar bien, logramos atender a todos los postulantes. En la segunda etapa, que se manejó a través de los sistemas, seguramente se produjeron algunas deficiencias: pero funcionó muy bien", agregó, y puntualizó que a su entender, "en Rojas no ha quedado gente que no haya tramitado la AUH".

"Lo importante, lo que hay destacar es esto: no desconocemos que hay mucho por hacer; pero no podemos negar el hecho de que nuestro país es el de mayor cobertura social de América Latina, con un 90 por ciento, lo cual no es un dato menor", subrayó.

En ese sentido, dijo que "desde 2003 a esta parte se ha hecho un trabajo sobre la seguridad social que no se puede desconocer; se avanzó mucho, con un trabajo muy fuerte".

Freitas señaló como impactos indudables y mensurables de la AUH el incremento de la escolarización, la activación de la prevención sanitaria a través del cumplimiento vacunatorios y, por qué no, el impacto sensible en cuanto a incremento del consumo. Y ya se sabe que trabajo, más consumo interno, es igual a paz social.

Ahora, las embarazadas

En la misma línea, la funcionaria precisó que, con respecto al beneficio para embarazadas, que "tal como fue anunciado por la Presidenta, desde el 1ro. de mayo se encuentra en marcha la asignación por embarazo".

Y precisó que "el mecanismo es bastante similar al de la asignación universal, con la diferencia que aquí se apunta a la protección integral de la mujer embarazada".

"El monto es el mismo, aunque mientras dure el embarazo percibirá el 80 por ciento del monto y el restante 20 por ciento, a partir de que su bebé nazca. Cuando esté acreditado el nacimiento y los controles se percibe la cibra completa", agregó.

Para tramitar el beneficio, Freitas recomendó que las interesadas, antes que nada, deben concurrir a la sede local de la ANSeS con su documento de identidad. "Esto es fundamental para que las interesadas puedan acreditar su identidad", puntualizó.

Asimismo, deben estar inscriptas en el Plan Nacer -lo cual se realiza en el hospital municipal- y el grupo familiar debe estar desempleado. Quedan comprendidas en esta situación las monotributistas sociales, personal de servicio doméstico que cobren salarios inferiores al mínimo, vital y móvil.

La Asignación

Universal

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la iniciativa más importante en materia de protección social de la Argentina de los últimos años”, según evaluó un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre el impacto de la AUH a un año de su implementación.

En el informe, difundido esta semana, los autores Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, exponen que el beneficio que alcanza a un total de 1.927.310 hogares y 3.684.441 titulares de derecho implica “una importante reducción en los índices de pobreza, indigencia y desigualdad de ingresos en el país”.

El trabajo refleja que en un año el alcance del programa se extendió de 2.680.000 a 3.680.000 beneficiarios, lo que significa un incremento del 37%.

Otro de los aspectos relevantes de la AUH es que dio lugar a la unificación y remplazo casi total de viejos programas, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar, el Plan Familias, y el Seguro de Capacitación y Empleo. “Estos programas buscaban hacer frente a la pobreza en el corto y en el largo plazo, pero operaban separadamente, bajo distintos modelos de gestión, con diferentes concepciones de protección social”, explicaron.

El plan otorga 220 pesos por cada hijo a familias excluidas de la formalidad laboral (80% mes a mes y el acumulado restante sujeto a cumplir los requisitos). Para el investigador director del Programa de Protección Social del CIPPEC, el desafío del gobierno es “hacer de esto el piso y no el techo de la protección social”.

El contexto

La dinámica actual de la política ha impulsado un panorama absolutamente claro, en el que una parte del país sostiene y avala los avances de un modelo económico, político y social que, en concreto propone una ruptura con los postulados dogmáticos de la economía de mercado y del neoliberalismo doctrinario, apuntando a una distribución más justa de la renta anual que produce la Nación; y por supuesto, está la otra parte, configurada por un conglomerado de corporaciones económicas y dirigentes políticos a sueldo -ya desvergonzadamente asumiendo un rol de lacayos de esos intereses antinacionales- que confronta despiadadamente contra cualquier amago de distribución justa de la riqueza.

En el marco del proceso de recuperación de nuestra patria, las administraciones del gobierno nacional desde 2003 a la fecha, con avances y retrocesos, con aciertos y errores, han logrado un descomunal avance en cuanto a medidas políticas sociales apuntando a mejorar la situación de quienes fueron drásticamente excluídos y marginados por la aplicación irrestricta de políticas económicas neoliberales, desde 1976 a 2001.

Una de esas medidas que constituye un acierto reconocido y aclamado a nivel internacional es la aplicación de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH).

La medida extiende el cobro de la asignación de 180 pesos por hijo a los desempleados y a los trabajadores informales cuyo salario sea menor que el mínimo vital y móvil (unos 1700 pesos, en la actualidad).

Para cobrar ese beneficio, los compatriotas que se encuentran en esa situación sólo deben presentar los certificados de escolaridad de sus hijos, sus calendarios de vacunas al día y su concurrencia a controles médicos sanitarios.

La medida alcanza ya a más de 3 millones de menores, un 30 por ciento del total de 11 millones que ya cobraban la asignación porque sus padres eran empleados en blanco o percibían otras prestaciones.

El costo fiscal estimado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) es de 8 mil millones de pesos al año, algo más del 0,07 por ciento del valor de la producción anual del país, lo cual configura una relación superior a la de cualquier otro plan similar vigente en América del Sur.

A casi seis meses de su implementación ya existen algunos estudios que demuestran el impacto absolutamente positivo del plan.

Utilizando índices de precios alternativos al del INDEC, los analistas estiman que el porcentaje de argentinos indigentes descendió aproximadamente un 50 por ciento, pasando del 6,6 al 3,5 por ciento.

Si se considera sólo a los menores de 18 años, el impacto es mucho más considerable: el porcentaje de menores indigentes se redujo en casi el 60 por ciento, pasando del 12,3 al 5,5 por ciento.

El impacto en los niveles de pobreza es menor, pero no por eso menos importante. El porcentaje de personas pobres habría pasado del 24 al 20 por ciento, y los menores pobres, del 37 al 32 por ciento.

Desde la perspectiva de la equidad distributiva, los resultados de la aplicación de la asignación son también alentadores. La brecha entre el 10 por ciento de la población que más gana y el 10 por ciento de menores ingresos se reduciría en algo más de un 20 por ciento, pasando de 23,5 veces a cerca de 18.

Además, el mayor impacto se produjo y se produce en las zonas más pobres del país, donde se concentran los más altos niveles de chicos pobres.

Se agrega así un componente de mayor equidad en la distribución geográfica del ingreso beneficiándose, especialmente, las provincias del norte, las más pobres de la región del Cuyo y los partidos del tercer cordón del conurbano bonaerense.

En consecuencia, la actividad económica en esas zonas postergadas se ve estimulada por la reactivación del consumo que sigue al cobro de las asignaciones.

Pero no todas son rosas: las recientes alzas en los precios de los alimentos ponen una luz de alerta para un plan que según las primeras muestras estadísticas se gasta casi completamente en comestibles.

Por un lado está el riesgo de que los beneficios del plan se diluyan si el monto de la prestación no se actualiza. Pero de actualizarse, permanece la tensión existente desde 2003 entre un consumo popular cada vez mayor y un sector agropecuario cada vez más orientado a la producción exportadora de soja.

Las posibles soluciones no son sólo técnicas, sino también políticas y no exentas de conflictos, como lo demuestra el antecedente de la 125.

Evaluación de impacto

El 30 de octubre de 2009, mediante el Decreto del PEN 1602/09, se creaba la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), una política que otorga una prestación no contributiva similar a la que reciben los hijos de los trabajadores formales “a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”, beneficio que sería financiado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

El Plan Asignación Universal por Hijo para Protección Social ha tenido, desde su implementación, un sensible impacto sobre distintos indicadores relacionados con cuatro dimensiones centrales del bienestar social: pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa.

Utilizando los microdatos de la EPH del INDEC, los índices de precios para las canastas básicas de consumo y las primeras liquidaciones de la ANSeS para este nuevo beneficio, se verifican como principales resultados que:

1) Todos los indicadores de bienestar social examinados experimentan una notable mejoría, especialmente en las regiones más carenciadas del país (el norte argentino);

2) Con la AUH, los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia);

3) Luego de la AUH, el indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) se reduce más del 30%, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América del Sur (ranking otrora comandado por Uruguay, Venezuela y Rep. Dominicana);

4) Por primera vez en décadas, la AUH ha logrado que los grupos poblacionales históricamente más vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de la sociedad;

5) La AUH también ha reducido los indicadores de pobreza, aunque en mayor medida los de intensidad que los de incidencia, especialmente cuando se valoriza la línea de pobreza a precios ajustados por el IPC 7 provincias, reafirmando así la necesidad de que, para erradicar definitivamente la pobreza en Argentina, este tipo de planes asistenciales debe ser complementados con políticas masivas de empleo tales como las que se comienzan a vislumbrar en programas como Argentina Trabaja.

Análisis del Cemop

Andrés Asiain, economista del CEMOP-Fundación Madres de Plaza de Mayo, al analizar los primeros impactos de la Asignación Universal por Hijo, sostuvo que "a pocos meses de la sanción del plan, ya se conocen los primeros resultados: una importante reducción en los niveles de pobreza e indigencia –especialmente en los menores de 18 años– y una interesante reactivación del consumo con gran impacto en las zonas más empobrecidas del país".

"La idea de un ingreso independiente del trabajo, se asemeja al proyecto de renta básica universal o ingreso ciudadano que sostienen varias ONGs e intelectuales progresistas de Europa. Ante el creciente desempleo generado por la extendida aplicación de tecnologías ahorradoras de mano de obra en nombre de una concepción neoliberal de la eficiencia, la idea de una sociedad salarial entró en crisis. ¿Cómo sostener que los ingresos deben ser la contrapartida del trabajo en una sociedad que niega ese derecho a una gran parte de su población?", apunta luego.

Y refiere que, en la Argentina ese proceso se originó "de la mano de la desindustrialización menemista y cobró fuerza tras la salida de la convertibilidad cuando la tasa de desempleo llegó a superar el 20 por ciento y la pobreza cubría a más de la mitad de los argentinos".

Además, refiere que "dentro del oficialismo, el proyecto de un ingreso independiente del trabajo tuvo sus defensores y sus detractores. Se oponían, especialmente, quienes provenientes del viejo peronismo mantenían una tradición filosófica de sociedad industrial en la que sólo el trabajo dignifica. Veían en la propuesta del ingreso ciudadano un liberalismo en clave progresista que aceptaba la desindustrialización y el desempleo como una realidad nacional inmodificable. Entre sus defensores se encontraban quienes viendo las dificultades de reducir el núcleo duro del desempleo –alrededor del 9 por ciento de la población en condiciones de trabajar– buscaban alternativas novedosas para avanzar en la realización de una sociedad menos desigual. La dinámica de la política terminó inclinando la balanza a favor de estos últimos".