Su gestión fue duramente criticada por operadores y trabajadores de la institución encargada de resguardar a los menores en conflicto con la ley, quienes lo tildaron en más de una oportunidad de "autoritario".

Al ser consultado por este medio, García dijo que renunció por cuestiones de salud, pero llamativamente tal medida no fue informada por las autoridades gubernamentales del MBS, quienes tampoco dieron a conocer la asunción de Turnes. Los funcionarios competentes a los cuales LA ARENA quiso consultar no atendieron el teléfono, y por lo tanto no se pudo confirmar si el cambio en la institución fue realmente una renuncia o un despido encubierto.

Irregularidades.

García, de profesión docente, asumió la dirección del Ipesa el 30 de septiembre de 2009, y al poco tiempo comenzó a ser duramente criticado por los empleados que trabajan con los menores. Las irregularidades que fueron denunciadas públicamente en estas páginas por los trabajadores iban desde la contratación de ex policías -que habrían ingresado sin cumplir con el psicodiagnóstico-, hasta las reiteradas fugas de los internos (actualmente habría tres adolescentes que deberían estar alojados por disposición de la Justicia pero que están en libertad), motines y apremios contra los menores.

Un episodio que fue motivo de noticia ocurrió el 22 de mayo de 2010 pero se conoció mucho después: dos adolescentes fueron trasladados del Hogar de Varones al Ipesa de forma ilegal, o sea, sin la autorización de la Justicia. Tal medida fue tomada por Gabriela Manera, directora de Niñez y Adolescencia, pero no habría encontrado resistencia en la dirección del Ipesa. Otro hecho también relevante fue la autorización otorgada a un interno -que cometió un homicidio- para acudir a la inauguración del boliche Castelveccio, situado a escasos metros del establecimiento de alojamiento de los menores.

La institución fue creada por el ex gobernador Carlos Verna, y su función es trabajar en la contención, protección y la posterior reinserción en la sociedad de los menores, quienes supuestamente son institucionalizados por orden judicial.