RP.- ¿Cuál es su opinión sobre el caso Boudou-Ciccone-Righi-Rafecas?

Como integrante del sistema penal me causa mucha preocupación porque hay un verdadero vendaval institucional: denuncias cruzadas; acusaciones a magistrados por parte de altos funcionarios; la renuncia del procurador general de la Nación, falta de explicaciones oficiales -que es lo que más me preocupa, más allá de declaraciones rimbombantes tendría que haber un comunicado oficial de la presidencia o del Senado-. Creo que institucionalmente le hace daño a la república y pone en evidencia las serias dificultades que tiene la Justicia en general para investigar a los otros poderes.

Cada vez que se lleva adelante una investigación que involucra a funcionarios de otros poderes comienzan las denuncias a los jueces, a los fiscales.

RP.- ¿Es correcto que la presidenta nombre al sucesor del procurador general?

Sí. Es el acuerdo del Senado. La propuesta de la presidenta está hecha y ahora es el acuerdo del Senado, de las dos terceras partes, de los senadores presentes.

RP.- ¿Cómo es la normativa en este caso?

Tanto los jueces de la Corte, como el procurador y el defensor general, es una facultad de la presidenta de la Nación elegirlo. Después dependerá del propio funcionario defender esa independencia. Yo creo que es lógico que el presidente elija a alguien de su confianza. No conozco los pergaminos de este hombre, pero nada me hace suponer que no sea honorable de sus funciones.

Los demás cargos judiciales son por concurso, en este caso no. Por eso está en el Senado, y depende si da o no el acuerdo.

Tenemos que esperar que se resuelva institucionalmente y dentro de los mecanismos previstos, no que sea a dedo. Tiene que ser la Cámara la que decida primero si hay que apartar al juez y si llega a ser así, que sea por un sorteo abierto y limpio, que no sean siempre los mismos magistrados los que salen. Tenemos que respetar los mecanismos, esa es la clave.

RP.- ¿Qué rol jugaron los medios en ele hecho?. Hay quienes cuestionan que es demasiado público y que incluso todo lo que se sabe es porque salió publicado.

Yo creo que los medios están echando luz a lo que eran los arcanos de la Justicia, cuando los investigados son los altos funcionarios. Hoy en día no hay más secretos, mas allá de que existe secreto de sumario en la investigación. Pero que la comunidad está interesada un poco es un ida y vuelta: el medio lo hace público porque la comunidad consume.

A mí no me parece mal. Yo soy un fiscal que permanentemente doy a publicidad, en tanto y en cuanto la investigación me lo permite, todos los actos que se realizan en mi fiscalía. Yo estoy por la publicidad absoluta, salvo si perjudica la investigación o perjudica a una de las partes.

Justamente estamos discutiendo si va a instaurarse o no el juicio por jurados, eso habla no solamente de la publicidad sino también de la participación de la comunidad.

RP.- ¿Cuál es su opinión sobre los juicios por jurado?. ¿Le parece que es factible su aplicación en el país?

No sé si es factible, pero es obligatoria la discusión. No podemos eludirla más. Es un simple mandato constitucional incumplido. Después, si nuestros representantes dicen que los legisladores consideran que no hay medios o posibilidades fácticas, eso es de nuestros representantes. Pero no podemos eludir la discusión. (www.REALPOLITIK.com.ar)