El cuento ruso podría aplicarse a muchos de los supuestos logros que exhibe el relato sobre el país de las maravillas de Cristina Kirchner. Según esa descripción, en la Argentina hay apenas un 6,5% de pobres, en tanto que la indigencia llega al 1,7% de la población. Según el Indec, esto es posible porque el costo diario de la canasta básica de alimentos para una familia con dos hijos se ubicaba en marzo último en 22 pesos, y en $ 48,55 si se añadieran las necesidades básicas no alimentarias. El contraste entre las estadísticas del ente oficial y la realidad exime de cualquier comentario.

El país de las maravillas de Cristina tiene cada vez más elementos del reino del revés de María Elena Walsh, donde un ladrón es vigilante y otro es juez. La propia Presidenta lo dio a entender cuando equiparó a un barrabrava de nuestro fútbol parado sobre un paraavalanchas, de espaldas al campo de juego, con un "apasionado" al que debería rendírsele tributo. La extraña definición presidencial fue una falta de respeto a la inteligencia.

En cuestiones de fútbol, la jefa del Estado podría pecar de ignorante. En materia económica, en cambio, las paradojas que exhibe su discurso responden a la lógica de un relato tendiente a justificar crecientes niveles de intervencionismo.

Al hablar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Presidenta se vanaglorió de que la deuda pública nacional pasó del 166% del PBI, en 2002, a sólo el 41,8% en la actualidad, al tiempo que la deuda en poder privado en moneda extranjera descendió del 92% a apenas el 8,4% en el mismo período. Resulta difícil entender las razones del drástico cepo a la compra de dólares si la economía ofrece tal solvencia.

Durante los últimos meses, el corralito cambiario estuvo signado por un curioso silencio oficial. El único argumento oficial que se escuchaba era el de la insuficiente capacidad de compra, supuestamente de acuerdo con los ingresos declarados a la AFIP por quienes quisieran hacerse de dólares. En los últimos días, esos inverosímiles y fácilmente refutables argumentos fueron reemplazados por otros. La Presidenta explicó que "no emitimos dólares" y los que genera el país "los necesitamos para que nuestros empresarios compren los insumos necesarios para producir" y también para pagar la deuda pública. Cabe preguntarse por qué durante los primeros años de Néstor Kirchner en el poder, con reservas que, tras la cancelación de la deuda con el FMI, llegaron a ser de sólo US$ 18.000 millones (contra 45.000 millones de hoy), no se debió recurrir a ningún candado cambiario.

La respuesta, que nunca ofrecerá Cristina Kirchner, apunta a un viejo fenómeno llamado confianza. La fuerte inflación, el atraso cambiario y la creciente percepción de inseguridad jurídica para las inversiones de riesgo hicieron que los argentinos comenzaran a huir del peso para refugiarse en el dólar.

A la primera explicación de la primera mandataria sobre el cepo cambiario, hay que añadir un reciente informe del Banco Central que justifica la medida en el creciente deterioro de la economía internacional, fundamentalmente por la crisis europea, que provoca una desaceleración de las economías emergentes, que en los últimos años fueron el mayor soporte del crecimiento global. A ese factor, añade la caída en la demanda brasileña y la menor cosecha local de granos debido a la sequía. Esas circunstancias habrían forzado, según la explicación oficial, a actuar sobre las políticas cambiaria y de comercio exterior para defender las reservas y el superávit comercial.

En adelante, la Presidenta se aferrará a dos argumentos centrales para justificar el corralito cambiario: el primero señalará que el Estado argentino no va a endeudarse en el exterior para financiar la mayor demanda de divisas de parte de la población acostumbrada a ahorrar en activos externos. El segundo, que tampoco estará dispuesto a ceder sus reservas para que particulares y empresas atesoren dólares o los saquen del país. Su conclusión será que la acumulación de dólares por el Banco Central es mucho más útil que la que puedan hacer ciudadanos y empresas argentinas.

La jefa del Estado habla permanentemente de la deuda pública total en poder de privados. Pero caprichosamente elude hablar del fuerte endeudamiento del Estado con el Banco Central y la Anses, que ha posibilitado que actuales y futuros jubilados hayan reemplazado al FMI como prestamista. No ha dicho que la participación de la deuda pública en los activos del Banco Central se ha incrementado en forma notable durante su gobierno. Según datos del economista Agustín Monteverde, en 2003, esa deuda representaba el 10% de los activos del BCRA; hoy trepa al 55% de los activos totales de la entidad monetaria, que se ha convertido en una caja inagotable merced a una emisión necesariamente inflacionaria.

En diciembre pasado, el Tesoro Nacional debía pagarle a la Anses US$ 1400 millones y $ 860 millones por el servicio anual de los bonos atados al crecimiento económico en poder del organismo. Esos montos fueron unilateralmente refinanciados a largo plazo, perjudicando a los jubilados con quienes la Anses se halla en "default" por las numerosas sentencias judiciales incumplidas.

Mientras la Presidenta habla de la crisis europea y pretende dar lecciones de economía a los mandatarios del Viejo Continente, el riesgo país de la Argentina duplica al de España. No es ése, sin embargo, el dato más grave. Si se compara el rendimiento de los bonos argentinos en dólares con sus similares de otros países de América latina, se advertirá que mientras los títulos argentinos con vencimiento entre 2015 y 2017 pagan una tasa del 14 al 15% anual, un bono uruguayo paga menos del 4%, uno colombiano, el 3% y uno peruano, apenas el 2,2 por ciento.

Con su enfático anuncio de que los bonos argentinos fueron la mejor inversión en los últimos tres años y medio, Cristina Kirchner al menos dejó traslucir cuál es su preocupación: que baje el riesgo país. El problema de la Argentina es que ha dejado de ser un destino relevante para las inversiones extranjeras y las empresas locales no pueden acceder a financiamiento internacional a tasas razonables.

Las quejas empresariales sobre la "asfixia de los controles", evidenciada por el presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, se potenciaron tras el reciente decreto reglamentario del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera, que se abrió con la expropiación de YPF, diseñado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. La norma pone en manos de una Comisión de Planificación liderada por este funcionario la facultad de regular precios y cantidades de combustibles que podrán exportarse, así como de sancionar a las compañías petroleras con la quita de concesiones, una potestad que reclaman las provincias.

Al avance de Kicillof en la gestión gubernamental, se sumaron las versiones sobre el alejamiento del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que parecieron un reflejo de las disputas internas en el Gobierno y que, por ahora, se reducirían a un pedido de la Presidenta a Moreno para que modere cualquier aparición pública que pueda acentuar su imagen negativa, especialmente tras su entrevista con un periodista angoleño contratado por Jorge Lanata que desnudó el estilo del funcionario..