Según el proyecto de ley el fondo se conformará con recursos aportados por el Instituto de Asistencia Social (IAS) y el monto inicial surgirá de un estudio ingerencial y proporcional al monto total de deuda por préstamos dinerarios que sufran descuentos de su sueldo por planilla, acumulada por los empleados públicos del Estado Provincial, entes centralizados y descentralizados conforme información proporcionada por todas las áreas encargadas de la liquidación de haberes de cada dependencia de la administración pública provincial y de los entes respectivos. Esta gestión estará a cargo del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia y contará para ello con un fondo inicial de diez millones de pesos.

Con ese aporte inicial, según la legisladora, se podrá unificar, organizar, refinanciar y abaratar los intereses usurarios y el costo administrativo de las deudas por préstamos dinerarios adquiridos por los empleados públicos provinciales con el aval de su propio sueldo y por el que se le practica descuentos por planilla.

En una primera etapa se cubrirán las deudas de hasta Cuatro mil pesos ($ 4000) y en ningún caso la cuota mensual que surja de esta refinanciación podrá exceder el 20 % del sueldo que en todo concepto perciba el agente estatal y la tasa no podrá superar el 12% anual.

Maglietti indicó que luego de dos años se efectuó una recomposición salarial para los empleados públicos “pero está claro que ha resultado totalmente insuficiente y el poder adquisitivo del asalariado público ha sido absolutamente diezmado por la inflación existente”.

Dijo que no debe dejar de verse que esta larga crisis implicó como efecto no deseado un fuerte endeudamiento del empleado público con aval de su propio sueldo, aceptando leoninamente el descuento obligado y por planilla el pago de cuotas. “Así aparecieron en los últimos años entidades crediticias de dudosa solvencia y capacidad que en connivencia con sectores de la administración pública provincial, entidades gremiales y mutuales generaron un sistema de endeudamiento perverso y usurario con intereses abusivos que han ido licuando sistemáticamente el poder adquisitivo del principal sector dinamizador de la economía de la provincia”, comentó.

“Lo preocupante -dijo la legisladora- es que el empleado público al perder su capacidad de consumo ha afectado y afecta de manera importante a otros sectores secundarios y terciarios de la economía provincial (bienes, servicios y comercios en general). De esta manera y al permitirse descuentos que no respetan los topes porcentuales establecidos por ley existen miles de empleados públicos que solo cobran unas pocas monedas a fin de mes”, advirtió.

Maglietti dijo que una medida similar, está siendo aplicada por la provincia de Misiones a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc), por la que los empleados públicos pueden tomar créditos a tasas menores para saldar sus deudas y ahora recientemente lo está haciendo la provincia del Chaco.

Los resultados mostraron beneficios concretos al empleado público. Para ejemplificar recordó el caso de un empleado que debía pagar 40 cuotas de 199, 50 pesos, haciendo un total de 8 mil pesos y el estado canceló la deuda en 2.060 pesos.

“Para que tengamos una idea, existen empleados públicos que por cada mil pesos de deuda llegan a pagar hasta 12 cuotas de $150 mensuales, teniendo la entidad financiera un lucro del 70% en detrimento del bolsillo de los empleados públicos”.