La intendenta de Rivadavia Ana María López, no descartó la posibilidad de devolver a las arcas municipales el dinero proveniente de un incremento del 27,1 por ciento que ella dispuso para la planta política. Sucede que los empleados están pidiendo que se les otorgue el mismo porcentaje a sus salarios, pero la jefa comunal aseguró que no les corresponde porque no se trata de un aumento sino de una actualización de las dietas. Y para resolver la disputa, propuso ir a la Justicia. En el caso de que un fallo decida que sí es una suba salarial y que debe aplicarse a todos los trabajadores, Ana María aseguró ayer en el programa “A todo o nada”, de Radio Colón, que dará marcha atrás y que los funcionarios reintegrarán lo cobrado. A la vez, de una u otra forma, descartó la suba para el personal.

Si se llegara a materializar la devolución, no sería el primer antecedente en la provincia. En agosto de 2009, todos los funcionarios de Jáchal, desde el intendente Jorge Barifusa hasta los concejales, reintegraron a las cuentas de la comuna una serie de montos que habían cobrado de más con los medio aguinaldos de diciembre de 2008 y junio de 2009, tras una confusa liquidación.

La polémica en Rivadavia estalló el lunes y se extendió toda la semana debido a que los empleados de planta permanente hicieron paro y se movilizaron al edificio municipal para exigir el aumento del 27,1 por ciento que se había establecido para los funcionarios. Los trabajadores remarcan que la cifra les corresponde porque la Carta Orgánica señala que si hay un aumento en la dieta de los políticos, automáticamente implica un “enganche” en los salarios de todos.

Sin embargo, la intendenta remarcó que no se trata de un aumento sino de una actualización, de un “saneamiento” de las dietas de los funcionarios por el achatamiento de la pirámide jerárquica ante las subas de haberes de la planta permanente. Por eso, argumentó que hacen una errónea interpretación y que no les toca una recomposición. La jefa comunal se reunió el viernes con los gremios ATE, UPCN y SUOEM para destrabar el conflicto y en ese encuentro propuso ir a la Justicia en forma conjunta con una acción meramente declarativa. Esto significa, en la práctica, que un Tribunal debe resolver si es una suba de sueldos que debe aplicarse o no a los trabajadores.

Frente a un escenario que implique la distribución del porcentaje para todo el personal, Ana María optó porque la planta política devuelva las sumas percibidas. Aunque destacó que “estoy convencida de que lo que hicimos se hizo bien, ya que contamos con informes de asesoría letrada y de auditoría del municipio”.