El petitorio aboga además por la desmilitarización de los territorios comunitarios mapuches, el cese de aplicación de la “escandalosa” ley antiterrorista, el reconocimiento y respeto de sus derechos como así también los de la naturaleza ante el avance de las empresas forestales y mineras.

“Estamos reclamando que se deje de aplicar la ley de antiterrorismo en Chile porque acusan a nuestros hermanos de terroristas sólo por defender sus territorios y los recursos naturales que el Estado chileno está regalando a las empresas multinacionales desde hace tiempo”, acusó Lef Nahuel, kona (joven) de la comunidad mapuche Newen Mapu.

Acompañados por representantes de organizaciones sociales y sindicales, como secretario general de ATEN provincia, Marcelo Guagliardo y el secretario general de ATE, Ernesto Contreras, los jóvenes mapuches entregaron el petitorio en el consulado en manos del propio Miessner.

Pueblos originarios

Nahuel indicó que la constitución chilena no reconoce directamente la existencia de los pueblos originarios, ni el Convenio 169 de la OIT (instrumento jurídico internacional que trata los derechos de los pueblos indígenas), razón por la cual calificó al Estado chileno como el “más retrógrado a nivel legal de Latinoamérica”.

Los manifestantes quemaron un muñeco de cartón que representaba un carabinero chileno como símbolo de repudio a su accionar frente a sus hermanos mapuches.

“Para nosotros es desesperante ver la condición en la que están nuestros hermanos mientras el gobierno chileno sigue con la postura intransigente de represión al pueblo mapuche”, se lamentó el portavoz del petitorio.

Por su parte, Pety Pichiñam, la Kimeltucefe o educadora mapuche apeló a la sociedad no mapuche a que gestione a través de cartas dirigidas al presidente chileno Sebastián Piñera para que cese con este tipo de políticas hacia la comunidad.

Agregó que de los 250 presos, el 90 por ciento están detenidos bajo la ley antiterrorista y el 10 por presunta asociación ilícita. Del total, al 30 por ciento le aguardan condenas que van desde los 30 a los 118 años de reclusión.