La demora para contar con el reajuste impositivo es demora en el engorde (aunque sea de algunos pocos gramos) de las arcas bonaerenses, y es demora en la “señal” de “hacemos todo lo que podemos” que la Provincia necesita mandar al despacho presidencial y aledaños.

Cada día las arcas provinciales enflaquecen, el líquido no alcanza y las vacas para ordeñar son cada vez menos. Los propios responsables de la economía bonaerense reconocen que la presión tributaria, luego de esta adecuación de la ley Impositiva, no puede ser mayor.

En ese contexto, la administración Scioli hizo denodados esfuerzos en las últimas horas para acordar un plan de pagos con los proveedores de comedores escolares, a los que se les deben 400 millones de pesos. Además de buscar un crédito internacional capaz de asegurar el próximo pago de sueldos. En la búsqueda de recursos a cambio de letras provinciales se encuadraría la visita de Scioli a otras provincias.

La molestia en Nación por la revelada intención del mandatario bonaerense de calzarse el traje presidencial en la próxima contienda comienza a afectar más allá de la política interna del frente gobernante.

Scioli resistió a la firma del decreto el mismo día que se caía por tercera vez la sesión en Diputados. A través de Alberto Pérez respondió con un tajante “no” a la propuesta que acercaron las autoridades de la Cámara, y dejó abierta la posibilidad de negociar un escalonamiento en la aplicación del impuesto. El bloque del FAP era una posibilidad de llegar al quórum a partir de una propuesta propia de no aplicar todo el revalúo este año. Se negoció, pero tampoco hubo acuerdo.

Por entonces, en despachos fuera de la Cámara de Diputados y de la Gobernación, incluso en domicilios de la lejana Santa Cruz, veían cada vez con mejores ojos la posibilidad de empujar a Scioli a rubricar el decreto que haría pagar a él el mayor costo político. En esa postura siguieron después, mientras en el gobierno provincial se esforzaban por evitar el patadón.