El folleto arranca su escrito describiendo el hecho que sirvió de base a Conejero para la recusación: “Sucedió un 20 de agosto de 2007, hace 3 años. Hubo un accidente en la ruta 81 a la altura de Las Lomitas, donde trágicamente muere un cura. Esta muerte fue causada por un policía que tenía que auxiliarlo, porque el cura que iba con una monja, había chocado un caballo, y en lugar de eso “se cargó al sacerdote y lo mató”, según palabras del Obispo en un matutino local”.

A raíz de este hecho, el Obispado de Formosa solicitó a la Justicia por medio de sus abogados, que inicie una investigación.

Al cabo de unos meses, el policía involucrado en el hecho, que es un funcionario público de la provincia, inicia una demanda contra el Obispado. Y el juez la acepta.

El Obispado, asesorado por sus abogados, solicita que se aparten de la causa todos los jueces del Colegio de Magistrados porque resulta muy extraño que por un lado, la causa judicial de la investigación del misterioso y todavía no esclarecido accidente donde muere atropellado el cura está paralizada y, al mismo tiempo, quien lo atropella –un funcionario policial- presenta una demanda contra el Obispado, que de víctima se convierte en acusado. Esta situación crea en el Obispo una justificada sospecha de parcialidad. Acá está pasando algo raro. Y ante esto, hay temor de un “arreglo” y de complicidad.

SOSPECHA

Resulta ser que el Colegio de Magistrados, una especie de gremio privado al cual se asocian los jueces, le pidió a la Provincia le pagaran la construcción de su sede en una asamblea donde todos votaron a favor menos siete integrantes que se opusieron. El gobierno provincial, sabiendo que esto no se puede hacer, aceptó realizar la obra por un monto total de de $1.038.335,78.

Un abogado del fuero local, además del Obispo, denunció este mismo hecho aludiendo que “se aplican fondos públicos para la realización de una obra que está destinada a una asociación civil cual es el Colegio de Magistrados y funcionarios”.

Este hecho pone de manifiesto una clara complicidad que ata a los jueces y a todos los socios del Colegio, con el Poder Ejecutivo provincial, que a través del Ministerio de Planificación, les paga la obra de su sede social, con fondos del pueblo.

Este episodio muestra que cuando hay un conflicto entre el gobierno de la provincia y cualquier ciudadano, hay sospechas de parcialidad, ya que hay “favores” del gobierno que atan a quienes los reciben, en este caso los jueces y demás funcionarios judiciales asociados al Colegio de Magistrados.

Además de ser absolutamente arbitrario, ilegal e ilegítimo, es un hecho de corrupción y de dependencia evidente ya que el gobierno, por pedido del Colegio de Magistrados en la persona de su presidenta, la jueza Vanessa Boonman, financió su sede social.

En conclusión, gobierno y jueces en evidente complicidad.

Y nosotros… ¿qué podemos hacer?

Esta situación de corrupción e injusticia la vivimos en cada uno de los juzgados de la provincia, tanto en el interior como en la capital. Los jueces viven presionados por el gobierno provincial y deben cumplir sus órdenes. Y ellos las cumplen obsecuentemente. Cuántos pobres, campesinos, indígenas, obreros, maestros de nuestros pueblos, sufren esta misma tragedia. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en silencio, cruzados de brazos? ¿Seguimos con el “no te metas”?

Esta realidad que aparece tan clara en este caso, nos hace ver que el cuerpo judicial está en terapia intensiva y la solución a esta grave enfermedad, nos compromete a todos”, concluye el texto.