Mientras la cooperativa de trabajadores del Centro Cultural La Toma pide la expropiación nacional del establecimiento de Tucumán al 1300; ayer se supo que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admitió la queja de la provincia luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificara la devolución del local a la masa de acreedores de la quiebra del ex hipermercado Tigre. Ahora, la máxima autoridad judicial de la provincia decidirá los destinos sobre el uso del inmueble. En diálogo con Rosario/12, el fiscal de Estado, Pablo Saccone, confirmó que el 13 de setiembre pasado fueron notificados de la apertura de la queja planteada. "Significa que se tratará el fondo el asunto: si la expropiación puede llevarse a cabo o no. Esto no quiere decir que la Corte diga que tenemos razón; sino que se va a ocupar del caso", indicó Saccone, quien agregó: "Si la provincia tiene éxito en este juicio, (los integrantes de la cooperativa) podrán seguir usando el inmueble".

Carlos Ghioldi, representante de La Toma, fue más allá: "Queremos que se termine de una vez este manoseo. Le pedimos al gobierno nacional que expropie el establecimiento porque nosotros no nos vamos a mover. Si la Corte dice que nos tenemos que ir, no lo vamos a acatar y el conflicto es inevitable. Por eso, la oportuna intervención de un gobierno con sensibilidad social se hace indispensable". Al mismo tiempo, aclaró: "Los legisladores y las autoridades provinciales estuvieron a la altura de las circunstancias. Desentonó el accionar de algunos sectores del Poder Judicial".

En setiembre de 2004, la Legislatura declaró de "utilidad pública" al inmueble donde funcionaba una sucursal del ex hipermercado Tigre, cadena que presentó quiebra en 2001. Actualmente, y desde hace 11 años, funciona allí el Centro Cultural La Toma, como una experiencia autogestiva de los ex trabajadores. El gobierno santafesino promulgó la ley que declara de "utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal del inmueble", que estableció que los bienes expropiados serían adjudicados en favor de la cooperativa de trabajo.

Sin embargo, en agosto de 2010, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de la ley de expropiación, y ratificó la devolución del edificio a la masa de acreedores de la quiebra del ex hipermercado. Los abogados de los acreedores entendieron que la expropiación es un acto político y que "interferir en una cuestión de esa naturaleza apareja una grave violación al principio de división de poderes". Tras ese fallo, el Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad, en el que se planteó que hubo una "inválida y grave intromisión del Poder Judicial en las esferas del Legislativo y Ejecutivo".

La Cámara rechazó el recurso, y la provincia "fue en queja" a la Corte, que, en una resolución, con fecha del 11 de julio pasado, admitió la presentación para "tratar la cuestión de fondo". "Ahora intentamos que los jueces convaliden la ley", dijo Saccone.

"Las postulaciones cuentan con suficiente asidero en las constancias de la causa, e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria", expresa la resolución de la Corte.