En el recinto Fray Mamerto Esquiú de la Cámara de Diputados, una docena de testimonios de vecinos santamarianos conmovió a los legisladores, particularmente la cruda exposición de Gutiérrez, quien relató un procedimiento policial en su kiosco, donde fue detenida violentamente (“me arrastraron de los pelos”) y detenida, incomunicada a pesar de tener una beba lactante, quien permaneció con ella en el calabozo, acusada por el fiscal Marcelo González de venta de estupefacientes y de regentear un prostíbulo.

“Hice las denuncias, pero cuando fuimos a la Fiscalía de declarar, jamás la dejaron pasar a mi abogada, la doctora Carrizo, para que esté a mi lado, a ella le faltaron el respeto”, se quejó amargamente luego de relatar el hecho.

“Quiero dejar en claro que en la Fiscalía de Santa María, tanto el fiscal González como el doctor (Juan Manuel) Campo y Albarracín son unos irrespetuosos, todos son una manga de sinvergüenzas porque se venden, tengo conocimiento de gente que mató y gritan a los cuatro vientos: ‘Yo soy libre porque yo le he pagado al fiscal’. ¿Cómo puede ser esto? Ellos tienen que estar para impartir Justicia, no para que se vendan, no para que la gente que tiene plata ande libre haciendo cosas que no corresponden”, acusó ante los diputados.

“Por denunciar todo esto, a mí me pintaron los dedos y, sin embargo, a ellos, que hacen cosas peores, ¿por qué no les pintan los dedos?”, reclamó la mujer.

“En síntesis, pido justicia, pido protección y no que esta gente que está en la Fiscalía y en la policía se presten a sinvergüenzadas, a coimear. Y es verdad que el señor Albarracín (jefe de Despacho de la Fiscalía) es prestamista y que compra cosas robadas. También lo sé y conozco que hasta paga a gente para que vayan y roben. Eso lo sé, tengo pruebas, incluso los empleados que tenía él lo dicen donde sea”, concluyó.

Perrota pide protección para la gente

El diputado provincial Roberto Perrota le pidió al ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva, que arbitre los medios para brindar protección a la gente de Santa María. “Ante la gravedad de las denuncias en contra de funcionarios judiciales y policiales, y ante algunos hechos intimidatorios sobre estas personas, exigimos que la valentía de la gente de Santa María no se vea empañada por algún tipo de represalia de allegados o las personas denunciadas”.

Denuncia discriminación para trabajar

La abogada santamariana María Gabriela Carrizo denunció ante los diputados que desde la Fiscalía de Santa María le impiden su derecho a trabajar, al negarle sistemáticamente todo tipo de documentación de las causas que ella sigue, ya sea como parte defensora o querellante, situación que ya le ocasionó que perdiera a varios clientes.

Asimismo, relacionó esta situación al atentado contra su domicilio en la madrugada del 9 de julio pasado, cuando su casa y vehículo fueron atacados a huevazos.

Tampoco en Inspección Laboral

Por otro lado, aprovechando su presencia en Capital, la abogada informó a LA UNION sobre una disposición del director de Inspección Laboral, Eduardo Tapia, impidiéndole ejercer la representación de empelados y/o patronales en audiencias de conciliación por conflictos, mayormente, por trabajos domésticos. La prueba que presenta es un acta del pasado 12 de julio en la que la delegada de Inspección, Norma Villagrán, suspendió una audiencia porque Carrizo estaba presente con su representante.

“Abierto el acto, se hace conocer que no se llevará a cabo la audiencia fijada, atento a que la parte denunciada se presenta con el patrocinio de la letrada, doctora María Gabriela Carrizo, quien por disposición del director, Eduardo Tapia, no puede asistir a ninguna audiencia ante esta delegación realizada por la suscripta”, apunta el acta. Tapia aún no respondió a los pedidos de explicación que elevó Carrizo.

Ampliar denuncia

La diputada Egle Altamirano del Frente para la Victoria sugirió a los ciudadanos santamarianos que se consideren afectados por la administración de Justicia en ese departamento, que también hagan llegar los antecedentes a los otros miembros del Tribunal de Enjuiciamiento y/o a las instituciones que representan, es decir: Senado provincial, Colegio de Abogados y Corte de Justicia “a la brevedad y evitar que esta comisión siga actuando sin contar con todos los elementos”.

Sánchez: “Sé y soy

consciente de algunas

irregularidades”

El diputado provincial Pablo Sánchez (FCyS) en relación con la presencia de santamarianos el día de la sesión en la Cámara baja clamando por justicia, señaló que no se involucró antes porque el tema se había politizado, pero aclaró que es consciente de algunas irregularidades en la Fiscalía de Santa María.

Sánchez sostuvo que escuchó con preocupación “lo que al menos personalmente ya conocía por algunas situaciones que se están dando puntualmente en la Fiscalía a cargo de Marcelo González” y agregó estar al tanto de algunas irregularidades en torno al jefe de Despacho, Francisco Albarracín.

El diputado oficialista sostuvo que los reclamos se vienen haciendo hace un tiempo y pidió que el tema no se politice. “Esta es gente que verdaderamente está sufriendo mucho por la pérdida de sus familiares. Conozco los casos, por lo que lo correcto es no politizar y respetar el dolor de estas personas”, sostuvo el legislador.

Según comentó Sánchez, antes no le parecía correcto involucrarse porque recordó que la presencia el año pasado de los legisladores en los pagos de los jefes comunales Jorge Andersch y Mónica Hernández, fue a raíz de una nota del Partido Justicialista santamariano por supuesta persecución del fiscal González a los municipios de esa localidad.

“Mi postura fue mantenerme al margen de lo que viene haciendo la Cámara de Diputados hasta el momento, porque el accionar de mis pares era como consecuencia de cuestiones políticas , pero ahora tengo fe de que las cosas van tomando otro curso”, afirmó el legislador a LA UNION.