El Superior Tribunal de Justicia aplicó finalmente una sanción al secretario de un Juzgado que tenía por costumbre maltratar a los trabajadores de ese organismo.

La medida adoptada por los ministros del STJ es una suerte de antecedente para que ese tipo de abusos por parte de funcionarios o personal jerárquico no se repitan, de acuerdo a la interpretación que se hizo desde el propio Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Si bien la denuncia la formalizó una empleado, que además sufre una discapacidad motriz, las actuaciones dejan en claro que las actitudes de Rubén Capdevielle -el sancionado- no sólo eran repetidas sino que se extendían a la totalidad de quienes se desempeñaban laboralmente en la Secretaría de Ejecución número 1 del Juzgado de Ejecución de Concursos y Quiebras de Santa Rosa.

El nivel de violencia en el trato con los empleados se evidencia en la sola lectura de los testimonios aportados por los involucrados, que confirmaron que el funcionario tenía la manía de humillarlos, utilizando para dirigirse a ellos términos tales como “tongochos”, “inservibles”, “pelotudos”, “inútiles”, además de otros menoscabos, como la referencia a que les habían “regalado los títulos por lástima”.

El sólo hecho de que este episodio se haya producido, pero además con permanencia en el tiempo -los maltratos ocurrieron al menos, según la denuncia, entre 2007 y 2009- plantea un interrogante elemental: si un funcionario judicial es capaz de tratar así a los propios empleados del organismo, ¿qué no sería capaz de decirles a los ciudadanos comunes que recurren a la Justicia?

El caso también plantea algunas otras dudas, empezando por la gravedad de la sanción: los ministros del STJ optaron por aplicar 30 días de suspensión, lo que significa un mes sin percibibir los haberes por parte del funcionario que quedó bajo la lupa.

No está claro cómo debiera ser el maltrato, o cuántas veces debiera reiterarse, o cuántas víctimas alcanzar, para que la sanción sea algo más grave.

También es inadmisible que pase tanto tiempo entre el momento en que se formaliza una denuncia y el momento en que se toma una decisión firme: aquella máxima que enseña que la justicia lenta no es justicia se aplica con más razón en casos como estos, donde la víctima y denunciante queda bajo el control y las órdenes de la misma persona a la que acusó.

Más allá de esos puntos no del todo satisfactorios, es esperable que la sanción contribuya -como lo plantea el gremio que agrupa a los trabajadores del sector- a desalentar este tipo de abusos, que se repiten en distintas oficinas (aunque desde ya no es la norma).

La situación también genera una mirada sobre otros aspectos que hacen a la equidad, más aún porque la noticia se conoció en la misma semana en la que el poder político le habilitó una salida decorosa al cuestionado juez Gustavo Jensen.

El magistrado presentó su renuncia al Tribunal de Impugnación Penal para zafar del jury de enjuiciamiento que le pidieron a raíz de su intervención en el caso de Carla Figueroa: la aceptación de la dimisión por parte del gobernador Oscar Mario Jorge lo deja a salvo de una evaluación elemental de su conducta.

Cuando ambos casos se comparan se reinstala la sensación de que -como tantas veces- el hilo se corta por lo más delgado: hay remedios y reproches institucionales para los funcionarios menores, pero quienes ostentan los cargos más altos siguen gozando del privilegio y la impunidad.

...y una de arena...

El rostro de la violencia y la intolerancia volvió a aparecer durante la semana y cobró por víctimas a dos trabajadoras de prensa.

Un grupo de supuestos “militantes gremiales” del Sindicato de Camioneros tomó por blanco a una cronista y una reportera gráfica del diario “La Reforma”, en el marco de una manifestación en la que los “representantes de los trabajadores” intentaban supuestamente hacer valer sus derechos.

Los patoteros tuvieron primero una discusión con las periodistas y después la emprendieron con gestos intimidatorios y frases que, aunque en algunos ámbitos se pretendan naturalizadas, tienen tono mafioso y son en sí mismas hechos de violencia.

“Ya las vamos a agarrar solas” y “de sus caras no nos vamos a olvidar” fueron dos de las amenazas que salieron de boca de los violentos.

La situación expuso no sólo la pretención intimidatoria sino también la cobardía de los “manifestantes”, que en las horas previas habían comenzado sus reproches a las trabajadoras aludiendo a supuestas condiciones de quien es su patrón.

La bravata se complementó con otra escena violenta digna de las mafias: los patoteros filmaron o fotografiaron a las trabajadoras, como haciéndoles saber que tendrían registros de sus rostros.

La fotógrafa Cecilia Fernández, que había ido al lugar de los hechos con la periodista Débora Valenzuela, agregó una interpretación necesaria cuando explicó el episodio: dijo que en el maltrato y la violencia influye la cuestión de género, ya que hay cosas que no se hubieran dicho sino fuera porque se trataba de mujeres.

Eso quedó más en evidencia en la impresentable justificación que del hecho hizo nada menos que uno de los dirigentes del Sindicato de Camioneros local: Horacio Baragiotta, que es vocal del gremio e hijo del secretario general Aurelio Baragiotta.

Las penosas declaraciones públicas que hizo respecto del tema, son en sí mismas un respaldo a la actitud violenta de sus “muchachos”, como refirió a los barrabravas de los que se rodeó.

Baragiotta (hijo), en lugar de rechazar la conducta de sus apadrinados prefirió poner en duda aspectos del hecho que en realidad eran triviales respecto del fondo de la cuestión, y en forma discriminatoria -ratificando la interpretación de la fotógrafo respecto de la influencia de la cuestión de género- aludió a un supuesto “mal día” de las víctimas, llegando a decir que en realidad los patoteros habían hecho “un chiste”.

Los “chistosos”, además, se dieron el gusto de hacer de las suyas delante de efectivos policiales, con lo cual se confirma que tienen la firme sensación de que pueden actuar con impunidad.

Ni haría falta aclararlo, pero en medio de los climas enrarecidos ni siquiera las obviedades están de más: no todos los gremialistas son como Baragiotta (h), porque la mayoría no apaña hechos de violencia (mucho menos contra trabajadores); ni todos los afiliados al Sindicato de Camioneros son como esa manga de energúmenos.

Tampoco puede dejar de hacerse notar que es la segunda agresión que se produce en las últimas semanas contra trabajadores de prensa: en Victorica, Cristian Acuña -de “Página de Miércoles”- fue otro que sufrió el accionar intolerante.

En ambos casos, tan desgraciado como los hechos en sí -o quizá más- es que quienes debieran marcar el camino -es decir, los conductores, los dirigentes- en lugar de condenar esos comportamientos los avalaron con sus palabras (que son un modo de acción).