Es cierto que los números que conforman una estadística son fríos y abstractos, aunque muchas veces corporizan una realidad que, de otra manera, no alcanzamos a ver. O no queremos ver.

En un tema tan acuciante como la violencia infantil, funcionan como altoparlante de una infinidad de gritos de auxilio que, poco a poco, van llegando a oídos de toda la sociedad y también del Estado.

Algo hay que hacer porque "la situación es grave", según reconoció en nuestra ciudad el doctor Sebastián Gastelú, subsecretario de Niñez y Adolescencia provincial, al participar del encuentro regional por el Plan Integral Para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia.

El protocolo integral para enfrentar al flagelo será presentado en abril próximo por el gobernador Daniel Scioli.

"Incorpora roles, misiones y funciones de todos los actores que intervienen en la temática y fija una política clara sobre qué es violencia, cómo abordarla, cuándo hacer la denuncia, cómo hacer el seguimiento de los casos y qué nivel de recursos y articulaciones hay en cada territorio. Habrá un sitio web interactivo. Ahora falta acordar criterios con el Poder Judicial, aunque la intención final es generar un gran debate sobre el tema", explicó Gastelú, durante una entrevista con "La Nueva Provincia", acompañado por el coordinador zonal del área, Floreal Gramajo.

La Provincia asiste entre 80 mil y 100 mil chicos por año y el 50% de esos casos tiene que ver con maltrato en sus cuatro vertientes: física, sexual, psicológica o por negligencia.

Es prioridad. "La decisión de fijar la guía como prioridad tiene que ver con los números que llevamos desde el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA). La mitad tiene derechos vulnerados por violencia intrafamiliar, que mayormente es física, aunque también hay psíquica, con el abuso sexual en segundo lugar y con una gran porción de abandono por acción u omisión, con dificultades de crianza", detalló el funcionario local, que es subsecretario de Promoción.

Además, seis de cada diez menores sometidos a lo que se llama medidas de abrigo son separados de su familia de origen.

"Es un número extremadamente alto y habla de la imposibilidad de trabajar con la familia en la revinculación y también se refiere al alto índice de institucionalización, que comprende a la mitad de los casos, mientras que el resto termina con un continente familiar alternativo", sostuvo.

El dato de la fuerte institucionalización de los niños y adolescentes se agudiza en nuestra región, donde alcanza al 76% del total de 227 casos sometidos a abrigo por violencia en los últimos dos años. De todas maneras, Gramajo relativizó esa cifra porque en el REUNA aún faltan cargar datos de importancia.

"Esto no depende de una causa sino de cada caso en particular. De todas maneras, tenemos en nuestra zona muchas situaciones de maltrato infantil y no queda anclaje posible para que el niño quede en su casa", afirmó Gramajo.

No obstante este cuadro de situación, a partir de las normativas vigentes bonaerenses, desde 2005 se logró bajar la institucionalización de 8.500 menores sin cuidados parentales a 3.400 en la actualidad.

Sobre la reunión del pasado jueves, Gastelú destacó la convocatoria por cantidad (490 efectores de distintos servicios locales y regionales) y diversidad y clasificación del personal asistente.

"Esto lo hemos podido lograr con la absoluta y desinteresada colaboración del jefe de Gabinete municipal, Gustavo Mena, que generó un espacio para trabajar la temática. Es fundamental porque advertimos que al poder político le importan estas cuestiones", aclaró Gramajo.

¿Antes o ahora? A Gastelú se le trasladó una reflexión recurrente de estos tiempos, acerca de si ahora se suceden más casos que hace algunos años sobre delitos contra menores, en particular de índole sexual.

"Es difícil saber si hay más violencia porque las mediciones de antes no eran serias. Lo que pasa es que hoy existen otras posibilidades de hacer visible la violencia. También antes, en el modelo de familia tradicional, la violencia psicológica era mucho más fuerte y la posibilidad de hacerla visible, muy difícil", opinó.

Destacó el funcionario que hoy existen otros mecanismos de denuncia, más organismos de contralor y protección, así como de medidas cautelares de la Justicia.

"De todas maneras, creemos que esto es una punta de iceberg que todavía desconocemos", sentenció.

Sí resaltó que la provincia de Buenos Aires, en comparación con otros Estados que conforman el Consejo Federal de la Niñez, "está evolucionada" en la materia.

"Es la primera provincia que logró una ley de promoción y protección de los derechos, inclusive antes que Nación, y tiene el sistema desconcentrado a través de 123 municipios, aunque en breve se incorporarán otros dos y la idea es incluir a todos. Hay otras provincias que aún tienen mezcladas la responsabilidad juvenil con cuestiones asistenciales y algunas directamente no tienen leyes", diferenció.

El dato

170 chicos de nuestra región fueron separados de sus familias de origen por ser víctimas de violencia entre enero de 2011 y el 30 de noviembre último.

El dilema de la edad de imputabilidad

La discusión social sobre el límite etario para la imputación surge cada vez que se conoce un hecho delictivo de gravedad en el cual está involucrado un menor.

"En principio, la posición de la Provincia es no eludir el debate, pero la edad en sí misma no va a resolver una situación que se puede dar a los 14 o 15 años, a los 11 o incluso a los 9, como sucedió en el Conurbano, con dos hermanitos que mataron a sus padres. Plantearlo en términos de edad, me parece una simplificación", aseguró Gastelú.

Dijo, en el mismo sentido, que hay que discutir cuáles son las causas que originan estas situaciones tan violentas, donde se mezclan el consumo de drogas, el corrimiento familiar, la ausencia del Estado y otros componentes de complejidad.

"Nos vamos a frustrar si creemos que lo vamos a resolver en términos de bajar la edad", recalcó.

Sí apuntó a modificar cierto aspecto legal en cuanto a chicos que hoy están privados de la libertad sin el debido proceso.

"En la provincia, de hecho, tenemos 45 jóvenes menores de 16, es decir inimputables, relacionados con delitos graves, que están bajo una medida de seguridad que discrecionalmente tomó la Justicia, que no tiene plazos y que muchas veces se extiende por encima de los 18", aclaró.

También pidió que no se focalice la polémica en torno al consumo de drogas, alcohol o la denominada "previa".

"El problema no es el alcohol ni la droga. Hoy es marihuana y cocaína y mañana aparecerá otra droga. Y lo mismo con el alcohol. La sustancia es una circunstancia, una anécdota; lo real y concreto es que de esa manera los chicos manifiestan un malestar o la necesidad de ser escuchados", sostuvo.

El presupuesto, ATE y la política

A principios de este mes, ATE realizó en La Plata una movilización frente a las instalaciones de la secretaría de Niñez y Adolescencia, para reclamar por becas atrasadas, cuestiones presupuestarias y condiciones laborales.

"No escapamos a la situación financiera de la Provincia en todo el año, pero la secretaría, con ese rango desde diciembre de 2011, tiene en ejercicio un presupuesto votado antes de subir la jerarquía, con lo cual vivimos un año de transición. Tenemos un atraso en las becas porque estamos pagando el quinto bimestre y noviembre-diciembre recién lo vamos a abonar en enero", explicó Gastelú.

De todas formas, destacó que el área cuenta con 4.000 trabajadores y 600 millones de pesos de presupuesto, que en marzo las becas experimentaron un aumento del 40%, que debe ser considerado histórico, y que generaron una jubilación anticipada a los 50 años, por agotamiento prematuro.

"ATE tiene diferencias propias, porque en la Provincia está enrolada en la CTA disidente del gobierno nacional y presenta una lógica de reclamo que no compartimos, y menos en Bahía Blanca, porque tuvimos multiplicidad de reuniones y nunca hubo buena devolución", resaltó.