La Provincia decidió realizar una queja formal ante el Gobierno de Chaco, por el manejo que se le dio al allanamiento ordenado por una jueza chaqueña en una finca olivícola local, lo que terminó con la detención de cuatro personas y con el "rescate" de más de cien cosecheros.

El ministro de Gobierno, Javier Silva, confirmó a EL ANCASTI que ayer se comunicó con su par de Chaco, Juan Manuel Pedrini, para transmitirle el planteo que se completará con el envío de una nota formal en la que el Gobierno provincial manifestará su malestar por el cariz que tomó la situación.

Silva informó sobre estas gestiones horas después de haber mantenido una reunión con representantes de la Asociación Olivícola de Catamarca (Asolcat), quienes aprovecharon una reunión programada con anterioridad para plantear sus quejas ante el titular de Gobierno.

"Planteamos el tema de la inseguridad en la que hoy nos encontramos las empresas olivícolas; expuestas a denuncias hechas en cualquier otro lugar, sin ningún asidero, como es en este caso, y que llevan a una situación como la que le toca vivir al ingeniero Álvarez Morales", manifestó Luis Arata, presidente de la Federación Olivícola y miembro de Asolcat. Él aseguró que, tras exponer la preocupación del sector, "el ministro nos dio la seguridad y la confianza de que vamos a ser protegidos y monitoreados como corresponde a nivel legal por la Provincia".

Postura oficial

"No sólo nos solidarizamos con los productores olivícolas sino que les aseguramos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso presentamos la queja formal, porque queremos que se dilucide esto", señaló Silva.

Al buscar evitar una escalada que genere aún más polémica, el ministro procuró no imprimirle un cariz político al operativo que supuso el arribo del titular de Gobierno chaqueño: "Quiero creer que ha sido una cuestión aislada, que no ha sido con intencionalidad hacia la provincia, sino que, en todo caso, se ha pretendido justificar la falta de acción que pueda tener hacia dentro esa provincia para combatir este tipo de delitos".

Silva recordó que funcionarios de su ministerio integran la mesa multisectorial que, junto a organismos nacionales, el gremio rural y a las empresas privadas, trabajan para mejorar las condiciones laborales de los cosecheros, y que realizan inspecciones en el marco de la ley laboral: "No se puede tirar por la borda años de trabajo en materia olivícola", enfatizó, y, en ese mismo sentido, prometió llevar la queja ante el Gobierno de Chaco, "hasta las últimas consecuencias", dijo.

Silva aclaró que por la gravedad que supone la trata de personas, un delito federal, la legislación es flexible al permitir a un juez federal actuar en una jurisdicción ajena y, en consecuencia, justificó el accionar de la Policía provincial que, ante la orden de la jueza chaqueña, dio cumplimiento al procedimiento.

Sin embargo, dijo no compartir la actitud de las autoridades chaqueñas, las que arribaron a la provincia sin previo aviso para dar cumplimiento a la orden judicial. "Nosotros hubiésemos hecho las comunicaciones y notificaciones pertinentes, antes de desembarcar en otra provincia con una orden de esta naturaleza", tomó distancia Silva.

Por último, para el ministro, quien se trasladó a la finca allanada al ser notificado de la presencia de su par chaqueño, la situación en que estaban los trabajadores olivícolas "estaba lejos de ser trata de personas y explotación laboral".