Policías retirados aseguran que se extendieron las jornadas tras la incorporación de nuevos vehículos. Troyano, ministro de Gobierno, admitió que hubo un inconveniente administrativo pero dijo que quedó superado.
Protesta. En 2009 los uniformados se autoacuartelaron en el Centro Policial Sargento Suárez por reclamos salariales.
Fuerza. Más de 8.000 policías tiene en total la Provincia de Salta de acuerdo a cifras oficiales difundidas en los últimos meses.
Vigilancia. En Salta capital hay al menos 30 cámaras de seguridad que son monitoreadas por integrantes de la fuerza policial.
Personal retirado de la Policía provincial denunció que existe malestar por la extensión de las jornadas laborales en el 9-1-1 y que incluso hubo un intento de autoacuartelamiento el jueves. El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Maximiliano Troyano, aseguró que se registró un inconveniente pero que quedó superado y descartó que la situación sea grave.
Los efectivos del 9-1-1 que venían patrullando 8 horas diarias pasaron a hacer turnos de 12 horas, tras la incorporación de 70 nuevos móviles al sistema de emergencias la semana pasada, según relataron a El Tribuno el exsuboficial Pablo Cardozo y otros agentes que pertenecieron a la fuerza pero prefieren mantener su nombre en reserva.
“Existe gran malestar y tensión. Los policías del 9-1-1 están trabajando demasiadas horas para justificar la compra de vehículos; de otra manera no pueden salir a la calle porque no hay personal suficiente”, señaló Cardozo.
El exsuboficial aseguró que los miembros de la fuerza no pueden hacer pública la situación por temor y agregó que “se está separando a uniformados de sus cargos todas las semanas”.
Maximiliano Troyano admitió que hubo un inconveniente “administrativo” después de la incorporación de los nuevos vehículos, pero negó que se hubiera registrado un intento de autoacuartelamiento o que haya malestar generalizado.
“Por unos días, los policías del 9-1-1 tuvieron que trabajar más tiempo pero las horas serán compensadas”, aseguró el funcionario.
Troyano sostuvo que se reorganizó al personal y que el problema quedó superado. “No se podía tener los nuevos móviles parados por una cuestión administrativa. La situación ameritaba que se actuara de esta manera”, dijo Troyano.
Desde la división prensa de la Policía de la Provincia se detalló que los inconvenientes quedaron resueltos con el traslado de 40 uniformados de diferentes dependencias al servicio de emergencias.
Cardozo aseguró que mover policías de otras áreas no mejora la situación y que, por el contrario, “deja al descubierto a las comisarías”. Los retirados además señalaron que los nuevos vehículos carecen del equipamiento necesario y que “se está haciendo manejar a oficiales que no cuentan con el carnet habilitante”.
“Es un maquillaje más para que la sociedad crea que se está haciendo algo por la seguridad. Hay más móviles pero el personal está en las peores condiciones”, denunciaron los expolicías.
En la sede del 9-1-1, ubicada sobre la calle Mitre, ayer prefirieron no hacer declaraciones y pidieron a los medios que se buscara información sólo en el área de prensa de la Jefatura de la Policía.
El viernes pasado el Gobierno de la Provincia había entregado 30 camionetas y 40 autos a la Policía de Salta. De acuerdo a lo que se difundió oficialmente, los vehículos deben servir para reforzar la cobertura y agilizar la llegada de los efectivos a los diferentes puntos de la Capital y el interior.
Tras la compra de las nuevas unidades, se decidió reestructurar el sistema de patrullaje en los barrios. También se anunció que se capacitaría a 180 efectivos para cumplir con la tarea de choferes y que contarían con información específica sobre las diferentes zonas a recorrer.
Antecedentes
En 2009, los uniformados se autoacuartelaron en el Centro Policial Sargento Suárez e hicieron paro en demanda de mejoras laborales y salariales.
La protesta incluyó marchas por las calles, un corte de tránsito en el acceso a Salta capital y terminó con varios uniformados separados de la fuerza.
El reclamo se prolongó durante más de una semana y la adhesión a las manifestaciones hizo que la Gendarmería tuviera que colaborar con la prevención del delito.
“El estado de alerta viene hace dos años. Pedimos que se dignifique al policía y que se tomen medidas para limitar la delincuencia. Sería lamentable que se llegue a una huelga como la de 2009”, dijo Pablo Cardozo.
Comentá la nota