Integrantes de los pueblos originarios asentados en Base Riarte (Trancas) fueron privados de su libertad a raíz de una orden judicial dictada por el fiscal Guillermo Herrera. La acusación que pesa sobre estas personas redunda en tentativa de homicidios, lesiones, robo y amenazas. Vinculaciones con una disputa territorial.
Como se recordará, la comunidad fue desalojada el pasado 4 de julio de dichos territorios (alrededor de 19.000 hectáreas) debido a la disputa que mantienen con dos particulares, Fredy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, quienes alegan que esas tierras son de su propiedad, por lo que consideraron que habían sido usurpadas por la Comunidad Indio Colalao.
En esta ocasión, Herrera determinó que debían ser detenidas cerca de 25 personas acusadas por "tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros" en una causa judicial iniciada por Nuñez Vela, titular de la firma Zanja Honda.
En un operativo policial de significativa importancia, resultó detenido en el lugar Beco Mercado quien fuera llevado a Trancas y luego a la ciudad de Tafí Viejo, mientras que en nuestra Capital, fue privado de su libertad por la fuerza del orden Manuel Pastrana en ocasión de dirigirse a su trabajo.
La vocera de la Comunidad, Cinthya Ovejero señaló que contra su persona también se libró una orden de captura que, en un primer momento no había estado determinada como tal, puesto que Herrera dictó las detenciones para ocho personas el pasado 15 de julio, pero diez días más tarde, sumó 17 individuos más a la acusación, argumentando que había "bastantes sospechas" de que esas personas participaron de los hechos denunciados. Otra de las personas sobre la que pesa el pedido de detención es la cacica María Lilia Delgado.
Al sostener que este accionar se trata de una "persecución política", Ovejero cuestionó que ya durante el desalojo anterior hacia principios de este mes "se había desconocido la ley 26.160 que es de orden público y que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas hasta tanto no se sustancie un relevamiento territorial (en curso) de las comunidades".
Ya desde junio, se llevó a cabo una movilización por las calles de nuestra ciudad para dar cuenta sobre la situación de incertidumbre por la que afrontaba la población de estos pueblos originarios. Además de ello, se conformaron infructuosamente mesas de diálogo con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, e incluso la Comunidad Indio Colalao obtuvo el compromiso del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, de interceder para solucionar el conflicto, pero que hasta el momento todas estas instancias no produjeron ninguna respuesta concreta.
"Detrás del desalojo y las detenciones están el modelo sojero y los terratenientes. La justicia y el poder político en Tucumán vuelven a actuar en conjunto y con llamativa celeridad resuelven causas y detenciones en una clara criminalización de la protesta", sostuvo Ovejero.
Asimismo, la referente de la Comunidad indicó que desde la noche del jueves ya se corría el rumor sobre el accionar policial concretado al día siguiente, por lo que se llevaron a cabo una serie de asambleas en las cuales se decidió que quienes estaban indicados como los posibles autores de los ilícitos que se imputan en la denuncia judicial, debían esconderse en la zona del monte para evitar la captura.
"De esta manera forzamos a las fuerzas policiales para que realicen un despliegue mayor al pretendido con casi 150 efectivos , porque estas detenciones no tienen explicación alguna", sostuvieron desde la Comunidad.
"Estamos ante la presencia de una clara persecución política apuntada a acallarnos. Entraron a las casas, violentaron los domicilios, destrozaron el patrimonio nuestro, nuestra identidad, nuestra memoria, es una situación inentendible en pleno siglo XXI", comentó Ovejero sobre el procedimiento dispuesto el viernes.
En esta línea, la vocera agregó que "la intención es amedrentarnos y quebrarnos a través de una persecución absoluta con una total impunidad, nos tratan como delincuentes totales por el sólo hecho de defender nuestros territorios. La situación es caótica, ningún organismo del Estado hizo contacto con nosotros, estamos peleando solos desde siempre. Esto revitaliza día a día las fuerzas, tenemos en claro por qué peleamos y seguiremos hasta las últimas consecuencias", adujo Ovejero.
Para defender la posición adoptada por parte de Nuñez Vela y Posse (este último titular de Agro Avance) fuentes de la firma indicaron a este diario que "el 17 de junio pasado, en horas del mediodía, personas ajenas a la finca privaron de la libertad con amenazas y agresiones a uno de los propietarios cuando estaba ingresando al campo".
Al respecto, desde la empresa realizaron las denuncias respectivas ante la comisaría de Trancas. A su vez, se argumentó que cuando los propietarios quisieron retornar al terreno se toparon con la presencia de "personas totalmente ajenas al predio que se autodeclararon como pueblos indígenas, y que nunca habitaron este terreno ni demostraron tener anteriormente ningún título o derecho sobre las tierras. Ni siquiera son de la zona, puesto que muchos fueron traídos de Tafí del Valle y de Amaicha", se aseguró a este medio.
Pedido de informes oficiales
La Democracia Cristiana (DC) a través de su legislador, Jose Paez presentó un proyecto de informes en el parlamento local relacionado con el programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas en la Provincia de Tucumán, que está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
"El Estado Nacional continua en deuda con las comunidades indígenas existentes en el país. las leyes son letra muerta, como el presente de las comunidades. La reparación histórica de los Pueblos Originarios sólo existe en la publicidad oficial o en actividades aisladas llevas a cabo por la buena voluntad de algún funcionario comprometido con esta reivindicación", sostuvo la DC.
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