"Cuando hay algún tipo de presión hay que salir a denunciarla muy explícitamente para terminar con esto y con la generalización, porque le hace mal a la dirigencia política y a la gente poner bajo sospecha a una institución que los representa", sentenció Cobos.

El mendocino también dejó entrever que el tema podría ser discutido en el recinto. "Habrá seguramente una declaración en la próxima sesión sobre este tema", afirmó.

Las palabras del vicepresidente se suman al enojo que existe en amplios sectores del Senado por el lanzamiento indiscriminado de sospechas.

El blanco principal de las quejas es el diputado Felipe Solá (Peronismo Federal), quien dijo que el Poder Ejecutivo salía de "shopping" por el Senado.

Otro de los senadores que alimentó las sospechas fue el radical santiagueño Emilio Rached, uno de los que votó en contra de las retenciones móviles en 2008. Esta semana dijo que durante aquel debate le enviaron mensajes de texto anónimos en los que lo invitaban a pedir lo que quisiera con tal de que apoyara el plan del Gobierno, luego estrepitosamente frustrado.

La postura de Cobos va en sintonía con el anuncio del bloque kirchnerista de pedirle a la Justicia que investigue las denuncias sobre supuesta compra de votos. El escrito será presentado finalmente hoy ante la secretaría general de la Cámara Federal Penal, para que proceda a sortear el juzgado que deba instruir el expediente.

Algo similar hizo el senador Samuel Cabanchik (ProBaFe-Capital), quien presentó un proyecto de declaración para que quienes denunciaron la existencia de compra de votos "ratifiquen o rectifiquen" sus acusaciones.

Sin embargo, el debate generado en torno a estas denuncias también abrió otro frente de tormenta en la Cámara.

Así, el bloque de senadores radicales emitió ayer una dura declaración contra el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien en su defensa de la legitimidad de las votaciones avaló que el Poder Ejecutivo consiga voluntades mediante acuerdos políticos y financieros con gobernadores e intendentes.

"Que el jefe del bloque oficialista no sólo admita, sino que promueva presiones, dádivas o canje de votos en el Congreso, es francamente inaceptable", sostiene el documento de los radicales.

"En el mismo lodo"

Según el principal bloque de oposición del Senado, el oficialismo "pretende que todos patinen en el mismo lodo", tras lo cual asegura que el hecho de que "los gobernadores necesiten peregrinar a Olivos o a la Casa Rosada y deban alinear a sus senadores, lejos de una saludable política más bien parece un delito que el Código Penal califica como coacción".

"La UCR advierte sobre la necesidad de que se modifiquen estas acciones y el Parlamento pueda trabajar sin presiones ni intromisiones de ningún tipo para poder dar un salto de calidad en materia institucional", concluye la declaración emitida por la bancada radical de la Cámara alta.