Este fin de semana entró en vigencia la ordenanza que regula la actividad vinculada a la diversión nocturna en San Rafael, que pone el acento en el así llamado "factor ocupacional". Esto significa que al realizar controles en ese ámbito, los funcionarios aplicarán a rajatabla la norma que estipula cuánta gente puede albergar cada uno de los locales según el rubro de habilitación y la cantidad de personas que le hayan autorizado a albergar.

Claro que a la hora de establecer ese parámetro, hay distintos criterios que han generado polémica y, sobre todo, desacuerdo entre los afectados y la autoridad de aplicación a la que le achacan falta de flexibilidad por un lado, y desconocimiento de la índole de la actividad que deben legislar.

Es que de acuerdo a la ley provincial que rige en este terreno, los encargados de hacerla cumplir son los municipios pero también intervienen otros organismos como, por ejemplo, los bomberos.

Ellos eran hasta no hace mucho los responsables de estimar cuánta gente podía contener cada local en función de la superficie cubierta y las medidas de seguridad disponibles. Pero los concejales de San Rafael decidieron asumir esa decisión junto con las áreas técnicas de la Municipalidad.

El resultado fue que este fin de semana resultaron sancionados dos locales autorizados a funcionar como bares o "pubs" cuyo factor ocupacional estaba notoriamente excedido. Baste citar como ejemplo que uno de ellos tiene autorizadas 220 personas y en el momento de la inspección albergaba 1.100 parroquianos, entre ellos numerosos turistas de Córdoba y Buenos Aires que estaban mayoritariamente al aire libre, en un patio abierto o "plataforma" como la llaman sus propietarios, mientras el "factor" alude exclusivamente a la edificación cubierta.

El resultado, más allá de la razón que asiste a quienes decidieron desalojar el lugar y proceder a su cierre preventivo mientras se decide la sanción que le cabrá al infractor, fue mucha gente que vio frustrados sus planes de diversión y tuvo que pasar por la experiencia de ser invitada a retirarse por la policía local. Y en este sentido habremos de convenir que no es una situación grata para nadie, por más amabilidad y corrección que demuestren los agentes del orden.

En estos casos, sería pertinente notificar al propietario o encargado del local sorprendido en infracción y siendo que nadie corría riesgo inminente en cuanto a su integridad física, aplicar la sanción correspondiente al responsable en cualquier momento sin necesidad de castigar a los visitantes que nada tienen que ver con esa situación.