Maldonado dio detalles de los alcances de su iniciativa parlamentaria “Se deberá instruir a la Empresa SAMEEP para que con la APA diagramen y ejecuten el "Programa para la emergencia del suministro de agua potable" en el que se preverá la prestación de servicios complementarios de provisión de agua y las acciones pertinentes que aseguren en forma urgente la provisión permanente del servicio en las localidades declaradas en la emergencia establecida en la presente”.

También se establecerá un subsidio a la facturación emitida por la Empresa SAMEEP en las localidades que no tengan provisión de agua durante las veinticuatro horas, conforme los siguientes rangos y porcentajes:

Menos de 4 horas de Servicio: 100%

De 5 a 8 horas de Servicio: 80%

De 9 a 16 hs de Servicio: 60%

De 17 a 23 horas de Servicio: 30%

El legislador adelantó que “Las facturas subsidiadas deberán contener la leyenda "Subsidiada por el Gobierno Provincial" Ley de Emergencia Provisión de Agua”

“Lamentablemente una gran parte de nuestros conciudadanos padecen la falta de agua potable, lo que, entre otras cosas, es causa principal de enfermedades, saneamiento inadecuado e insalubridad, indirectamente por el consumo de alimentos contaminados o por organismos portadores de enfermedades que se reproducen en el agua” y recordó que “En la actual situación de prestación del servicio de provisión de agua potable son pocas las localidades que cuentan con este servicios las 24 horas, siendo disímiles los horarios pudiendo ejemplificarse en la localidad de La Clotilde y San Bernardo con 6 (seis) horas, Colonias Unidas 8 (ocho) , Hermoso Campo, Itin y Santa Silvina 2 (dos Horas, Villa Angela y Villa Berthet con 12 (doce) horas, General San Martín con 15 (quince) horas lo que provoca muchas dificultades a las familias usuarias y hace necesario adoptar urgentes medidas para garantizar servicios complementarios, el reclamo de estos chaqueños nos pone a las claras frente a una situación de extrema necesidad que debe ser urgentemente considerada y hace necesario establecer un mecanismo por el cual los ciudadanos no paguen por un servicio que no cuentan y que en la mayoría de los casos es absolutamente ineficiente”.