Romano- más conocido como “Cachi”- ha sido encartado junto a Carlos Alberto Yakin, Angelines López y Jorge Raúl Escudero en el marco de una situación realmente compleja. Tal como ya señaláramos en anteriores oportunidades, el fiscal federal Claudio Kishimoto pidió el archivo, así que parecía que todo había concluido. A tal punto que el contador Eduardo Dehaut (hermano de Matías, abogado del Estudio Junco) presentó un escrito denunciando a Noticias & Protagonistas por “filtración de información”. La carátula “AFIP/DGI s/denuncia” lleva el número 13 y es un expediente que ha corrido vista varias veces tanto por dependencias judiciales como por estamentos de la propia AFIP.

La causa II.

Es increíble que Alejandro Castellanos, el mismo juez que procesó la causa “Caballo verde”, uno de los decomisos más importantes de marihuana en el país, sea tan dedicado ante estas circunstancias de presión del poder. Ante la denuncia presentada por Dehaut, inmediatamente ordenó la restricción de acceso a la causa dando a la misma el carácter de reservado e ignorando así una manda directa de la Corte que garantiza el acceso a los medios de causas en trámite, con el obvio resguardo de aquellas cuestiones que hagan al secreto de sumario. No es novedad que el Estudio Junco tenga que ver en estas defensas. Su titular, Ricardo Junco, alguna vez recién entrados los noventa anduvo profugado, oculto en un placard evitando el accionar de la ley por una vieja controversia con Oscar Poletti.

La causa III.

En este entuerto hay cuestiones claras. El mismo Poder Judicial, el federal, que permite el avasallamiento de derechos constitucionales tales como el de circulación y comercio, busca siempre ser amable con el poder político de turno. Castellanos no tiene que andar buscando la “fuente” de este medio. En todo caso, que Matías le ruegue a su hermano Eduardo que hable más bajito en IU, o en Martínez (ambos cafés de zona Güemes), o en el mundillo del rugby, donde presume -así lo reveló en una columna el periodista Hugo Alconada Mon- de que “ellos” (Boudou/Núñez Carmona, etc.) son “intocables”. Ya se sabe que de boca cerrada no sale revelación de información sensible de expedientes judiciales.

Vergüenza.

Es lamentable y calamitoso lo que ocurre en el puerto secuestrado de Mar del Plata. Se ve que no se lo han informado a Cristina Fernández viuda de Kirchner. La Presidenta pidió el fin de los piquetes (les llamó extorsiones), pero la letra no le entra a nadie por aquí. Camioneros y SUPA aprietan, hacen daño y ninguna autoridad actúa conforme a derecho. Lo que le están haciendo a Moliendas del Sur es claramente delictual y canallesco. El propio titular de la empresa, Antonio Carrasco, habla de “maniobra de sus competidores para obligarlo a cerrar la empresa”. Está dicho, pero campea la impunidad.