La resolución judicial establecía: “Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales realizadas y lo dispuesto por el art.163 del C.P.C., en definitiva FALLO: 1) Haciendo lugar a la presente demanda incoada por Jorge Nereo Davicino, -en su carácter de administrador judicial designado en los autos sucesorios caratulados: "Graciela Ethel Hernández s/ Sucesión A-B intestato", de trámite por ante este Juzgado y Secretaria-, contra Carlos Alberto Fernández y/u ocupantes del inmueble sito en calle Primera Junta Nº 2190 de esta ciudad; y en su consecuencia, condenando a estos últimos al desalojo y entrega al administrador judicial el inmueble en cuestión (doct.art.747 del C.P.C.), dentro de un plazo de DIEZ días de notificados, bajo apercibimiento de lanzamiento por medio de la fuerza publica (arts. 163 inc. 7 y 513 del CPC) 2) Imponer las costas a la parte demandada perdidosa (art. 68 CPCC). Hasta aquí, una causa de trámite común. El dato curioso es que cuando los abogados de Davicino fueron a desalojar, hallaron en la vivienda a un comisario local de fuerte exposición mediática que dijo algo como: “Dejá negrito, dejá que esto te lo arreglo yo”.

Carga judicial en sordina cuasi garantizada.

Julio Argentino “Tino” Fernández está con requisitoria a juicio oral por estafa y administración infiel, elevada por la Fiscalía N°9 del Dr. Amavet, ratificada por la jueza Fende, de Garantías N° 3, y apelada en Sala 2. La razón es que se auto vendió el edificio de Hernandarias 9735, siendo éste parte del edificio de los Davicino y de otra sociedad. Carlos Alberto Fernández, su hermano, fue condenado a dos años de prisión ratificada por Casación.

Además, en el Juzgado N° 8 (expediente 1763) hay elementos judiciales de cargo contra los mismos personajes arriba citados, que hablan de simulación y participación de un cómplice con frondoso prontuario por robo automotor, a mano armada, cuatrerismo, y estafas reiteradas. Todo el tema, que no es precisamente “light”, ha pasado desapercibido mediáticamente por el pacto de negocios y silencio entre Florencio Aldrey y Tino Fernández. No hay muro que no caiga, ni trompeta que no suene.

Quejas y reclamos.

Nos susurran al oído desde la intimidad del sistema de guardia y control de menores en conflicto con la ley penal, que a propósito de las declaraciones del secretario de Acción Social de ATE Gabriel Zibecchi, hay mucho aclarar, por inexacto y falaz. Zibecchi está con permiso gremial, por lo tanto no trabaja efectivamente (aunque sí cobra) en el Centro de Contención Cerrado de Batán, que no pertenece a ninguna guardia, y que la mayoría de sus afiliados se borraron o se pasaron a otras filas, por lo que mal puede testimoniar en nota periodística a La Capital (26/2) sobre lo que acontece en la institución.

Nos comenta, además, esta fuente, que las obras y los cambios edilicios se están haciendo. Que se cerraron los patios internos, las habitaciones deterioradas se están poniendo en condiciones, y las garitas externas están en plan de realizarse. Que hoy la institución aloja sólo a 12 jóvenes –uno de ellos de 20 años-, para los cuales hay de 5 a 6 asistentes por turno. Hacemos votos desde aquí por que las mejoras vayan en esta dirección, y esto sea algo más que cachetazos entre ofendidos.