Las cuestiones de orden judicial están que arden. En el plano nacional, Jaime, Otero y asociados. En el orden local, vuelve a obtener primeros planos el abogado especialista en retornos de IVA César Sivo. Hizo caer la prueba del caso Severiens, obtuvo la libertad de Matías Rubén Arcidiácono, y va por la condena del suboficial Gregorio Molina, imputado por crímenes de lesa humanidad.

Sobre ese juicio nos relata una fuente altamente confiable que Ezequiel “el Peladito" Oneto, actual funcionario del TOF en la Secretaría de Derechos Humanos – también ex empleado del Juzgado Federal de Necochea y del N°1 de Mar del Plata, de la fiscalía de Adler y ex cliente del privado de España 933 de esta ciudad), se comunica fuera del ámbito tribunalicio con allegados del estudio Sivo para anoticiarlos respecto de los pormenores del juicio que se le sigue al militar Molina. Parece que el infidente a sueldo les adelanta los pasos a seguir por el tribunal y hasta los comentarios que hacen los mismos jueces dentro del tribunal y referidos al desarrollo del juicio. Es conocida su relación de amistad con la Dra. Di Clemente (ex estudio Sivo), con el propio Sivo y con la jueza Beatriz Torterola, ex jueza federal de Necochea y una de las integrantes del tribunal que juzga a Molina. Qué bien.

En problemas.

El juez federal de primera instancia Alejandro Castellanos, que había logrado que el plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación desestimara la denuncia que en su contra habían motorizado los organismos de derechos humanos en la causa Molina, no la está pasando bien. Esta semana que concluye se conoció que a pedido del consejero por el Ejecutivo del Consejo de la Magistratura se solicitó y obtuvo que dicha cuestión cargosa vuelva a comisión con el objetivo de una nueva evaluación. No está de más señalar que Castellanos tiene en sus manos la sensible causa de los subsidios truchos de la ONCCA, que está sin mayor movimiento desde diciembre del año próximo pasado.

Más problemas.

Son los que también tiene el magistrado de primera instancia en lo civil y comercial Eduardo Pablo Jiménez, quien compite con Castellanos por un lugar vacante en la Cámara Federal. Jiménez también enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, presentada por su par Alfredo López, a quien acompañan el camarista Jorge Ferro y una abogada de apellido Fernández. Todo sería a raíz de un párrafo testado en causa que procura Fernández, en un hecho que se considera impropio de la función del juez en el expediente. Un tema formal devenido en cuestión de trascendencia vital.

Derechos tuertos.

Los que se escurren entre discursos sobre los derechos del niño. Por aquí no se cumplen, si tomamos en cuenta lo que ocurre en el Instituto Gayone, que depende de la Municipalidad de General Pueyrredon. Una fuente interna nos señala que detrás del traslado de ese hogar se esconde un gran negociado de dos empleados municipales.

La principal fuente de conflictividad estaría dada por el servicio de comidas que se ofrece al comedor del Gayone, responsabilidad de la empresa Elisur. Esta empresa, sostiene la fuente consultada, gana más de un millón de pesos anuales por dar el desayuno, almuerzo, merienda y cena a 120 chicos, aunque en realidad nunca hay más de 60. Se asegura que habría un arreglo desde hace años con la jefa del área y responsable de esta situación, Gladys Gil. Pero la cosa no quedaría ahí, porque su superior, el director de Niñez Adrián Lofiego, estaría más que distraído en esta cuestión. Distraído o. Difícil demostrar quién recibe los favores o beneficios, pero otros detalles sí pueden comprobarse, como que Gil estaría alquilando como vivienda familiar una propiedad perteneciente al dueño de Elisur, en San Martín 5360. También existiría en la Municipalidad toda la documentación correspondiente a la licitación de las 120 raciones diarias. Demasiado grave como para que nadie haga nada, cuando menos investigar.