Tres sesiones ordinarias consecutivas que no se realizan por falta de quórum y una cuarta que directamente no se convoca; un concejal electo por casi el 20 % de los votos que lucha por ocupar su banca; concejales oficialistas que impiden esa asunción por considerar a Gabriel Ferrero (Mopoma) incapaz ética y moralmente para asumir el cargo; decisiones judiciales que no son acatadas; comisiones que no se conforman por disidencias entre los ediles; denuncias penales de distintos sectores políticos forman parte de una novela que vive hoy Malargüe y que avergüenza a los propios malargüinos.

"Es una vergüenza que cuatro gatos locos estén peleando por no dejar entrar a otro y no trabajen en proyectos para la comunidad" indicó un enojado vecino del barrio Martín Güemes.

El jueves pasado directamente no se convocó a sesión, aduciendo que no iba a haber quórum porque previamente y mediante notas, algunos concejales informaron que no se encontrarían en el departamento. A media mañana, custodiado por el comisario de la seccional 24 y otros efectivos, el edil Javier Barrera, vicepresidente segundo a cargo de la presidencia, se acercó hasta el cuerpo e informó a Ferrero los motivos por los cuales no se realizaba la sesión, generando malestar en los ediles que sí habían asistido.

"No coincido en la forma que institucionalmente se está manejando esto porque estamos dañando al municipio. Lo lamento profundamente pero continuaremos esta lucha pacíficamente y defendiendo los 2.300 votos que hemos obtenido y esperando que la gente se dé cuenta de la falta de respeto que tiene esta gestión hacia ellos" afirmó Ferrero.

Desde el bloque de la Concertación Jorge Fernández se refirió a la situación indicando que "desconocer el reglamento y la ley 1079 es un avasallamiento claro a las institución por parte del oficialismo. De cualquier manera, no cumplir con las obligaciones que tiene el presidente del Concejo, marca a las claras cuál es la posición o lo que quieren ellos respecto a esto".

Desde el pasado 30 de abril la comunidad malargüina está siendo partícipe del cruce de graves acusaciones entre el oficialismo y los mopomistas apoyados por la oposición, todo debido a la resolución adoptada por dos concejales justicialistas ( Javier Barrera y José Aguilera), integrantes de una comisión de despacho que impidió asumir a un concejal electo por casi el 20% del electorado, argumentando que no satisfacía los requisitos de idoneidad para jurar.

Esta situación se tornó aun más confusa cuando se decidió acudir a la Justicia, resolviendo el juez de Paz, en una de las causas (la otra está en la Suprema Corte) que se tome juramento, a lo que la Municipalidad presentó una nueva acción de amparo que finalmente resolverá la Suprema Corte. Paralelamente los concejales oficialistas no se presentaron a las distintas sesiones convocadas para que se tome juramento al concejal electo.

Tal escenario ha derivado en denuncias penales cruzadas, agravios e insultos entre las partes y hasta cuestionamientos internos dentro del justicialismo malargüino. El juez de Paz, Miguel Passolas Roca, se remitió a manifestar que existe un fallo suyo que hasta el momento no se ha cumplido.

Desde el propio oficialismo las posiciones parecen estar divididas. Fabián Pérez dijo que "es una situación que en nada beneficia a la comunidad. Creo que Ferrero tendría que haber asumido".

Lo cierto es que hasta el momento y tras un mes de inmovilidad, nada ha cambiado