Una mala noticia judicial para Horacio Rodríguez Larreta: la Cámara Federal aceptó la apelación contra su sobreseimiento en la causa por el direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo. Se lo acusa de manipular la adjudicación del tramo más caro de la obra más cara de la historia de la ciudad hacia IECSA, la empresa de Marcelo Mindlin y Ángelo Calcaterra, apuntados como testaferros de Mauricio Macri.

Rodríguez Larreta está imputado junto a Guillermo Dietrich y otros ex funcionarios macristas. El fallecido juez Claudio Bonadio los sobreseyó sin investigar. La Sala Macri de la Cámara Federal, que integran Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (todos nombrados por Mauricio Macri, el primero por concurso y los otros dos a dedo) habían confirmado esa decisión.

El caso fue apelado por Sergio Rodríguez, fiscal anticorrupción, y José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal. Y ahora la Sala Macri aceptó la apelación. El expediente llegará así a la Cámara de Casación.

La solidez de la apelación a los sobreseimientos fue clave. La firmaron juntos los fiscales Agüero Iturbe y Rodríguez. Agüero Iturbe es el fiscal general interino de Comodoro Py, cargo vacante con la jubilación de Germán Moldes, pieza clave del lawfare. Pero el actor central de este caso es el fiscal Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la fiscalía anticorrupción. Para ambos la confirmación del sobreseimiento de Larreta et altres por parte de la Sala Macri de la Cámara Federal “es arbitraria, pues se funda en una valoración de las constancias probatorias que resulta parcializada, cuando no tergiversada en su verdadero sentido”.

En un escrito de 59 páginas al que accedió El Destape los fiscales Agüero Iturbe y Rodríguez habían apelaron la decisión de la Cámara Federal y sostenían que:

“tanto el sobreseimiento de los funcionarios públicos implicados como el cierre de la investigación resultan prematuros”

“han existido beneficios económicos hacia empresas contratistas de obra pública sobre los que recaen dudas verosímiles acerca de su transparencia y legalidad”.

“no se ha alcanzado el nivel de certeza necesario para afirmar que en ningún tramo de la maniobra en cuestión se haya cometido delito alguno. Por el contrario, se han hallado diversas irregularidades y no se han explorado todas las vías de investigación posible ni se han agotado las medidas probatorias pertinentes”.

“todo ello la convierte en una decisión contraria a derecho, por resultar prematura, apartarse de las constancias recolectadas y no se pronuncia sobre las líneas investigativas pendientes”

Para los fiscales del caso, las conclusiones de la sala Macri de la Cámara Federal eran “prematuras, cuando no antojadizas”. Agüero Iturbe y Rodríguez señalaron que hay elementos para plantear que hubo un direccionamiento de la obra hacia IECSA y que “los resultados de las escasas, erráticas y en ocasiones incomprensibles medidas probatorias dispuestas por el Juez que tuvo a su cargo la instrucción (Bonadio), lejos de descartar dichos extremos, vinieron a sembrar más dudas sobre la regularidad del procedimiento administrativo”.

Agüero Iturbe y Rodríguez también plantearon que Bonadio “desarrolló una labor investigativa errática en la que quedó de manifiesto un dispar tratamiento de los requerimientos formulados por este MPF y aquellos propuestos por las defensas”. O sea, Bonadio seguía a los abogados de Rodríguez Larreta y no pidió ninguna indagatoria ni pidió información a la fiscalía anticorrupción. En definitiva, no investigó la denuncia y lo sobreseyó.

Entre los indicios del direccionamiento del Paseo del Bajo por parte de Larreta para beneficiar a IECSA de Mindlin y Calcaterra los fiscales anotaron:

La eliminación del orden de apertura de las ofertas mediante cambios en las reglas de la licitación que no tenían justificación

La “defectuosa publicidad de esas circulares (…) lo que impactó sin lugar a dudas en la vulneración de la concurrencia y competencia de ofertas”

Que se fundamentó el cambio de orden en un mail que no está agregado al expediente y por ende no sirve como prueba

La omisión de cumplir con lo que sugirió la Procuración General porteña para evaluar la situación económica de Corsan, “procediéndose en su lugar a la adjudicación a dicha empresa del tramo A”

La remoción de un gasoducto en el Tramo C de la obra “ que implicó un beneficio extra del 15% al adjudicatario”, o sea a IECSA

Los fiscales fueron muy duros también con los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Dijeron que cometieron “abuso procesal, y racional, en la valoración de la prueba” y que eso “permite entrever un estándar de creencia mágica en versiones de personas, cuya calificación para ser fuente de conclusiones ajustadas a derecho se encuentra cuanto menos cuestionada”.

Los propios camaristas Llorens, Bertuzzi y Bruglia, al aceptar esta apelación, reconocen que “los recurrentes han expresado en forma concreta los motivos en que basan sus pretensiones, citando específicamente los preceptos legales que estiman violados e indicando la aplicación pretendida”.

Ahora la pelota la tiene la Cámara de Casación, máxima instancia penal del país. Intervendrá la Sala 2. Su presidente es Alejandro Slokar y la integra junto a Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, ambos designados por Macri. Mahiques fue trasladado a dedo luego de su paso por el gobierno de María Eugenia Vidal; Yacobucci al menos concursó para el cargo.

La maniobra

Las obras del Paseo del Bajo se inauguraron el 12 de enero de 2017. Posaron para la foto Macri, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. “La obra vial más importante que encara la ciudad”, aseguró el jefe de Gobierno porteño. Se trata de 6,7 kilómetros que unen la autopista La Plata con la Illia, bordeando los diques de Puerto Madero y atravesando Retiro.

La licitación y adjudicación del Paseo del Bajo durante 2016 fue revisada por la Auditoría porteña cuando la presidía la actual legisladora porteña Cecilia Segura. Encontró múltiples irregularidades y las claves que beneficiaron a Calcaterra y Mindlin. Luego de eso Rodríguez Larreta aprendió: nunca más dejó que la Auditoría porteña revisara la ejecución de “la obra vial más importante que encara la ciudad”.

¿Como hizo Rodriguez Larreta para beneficiar al dúo Calcaterra-Mindlin? La decisión clave fue a través de la Circular Sin Consulta N 7 de AUSA, una sociedad anónima cuyo principal accionista es el Gobierno porteño. Ergo, lo que decida su presidente Carlos Frugoni, ex Cardenal Newman, es la voluntad de Rodríguez Larreta y Macri. Frugoni es otro de los sobreseídos.

Técnicamente, Circular Sin Consulta es una decisión que toma AUSA sin que nadie se lo pida. Lo que hizo la N 7 fue fundamental para beneficiar a Calcaterra y Mindlin.

La obra del Paseo del Bajo tenía tres tramos, A, B y C, que se licitaron por separado. El pliego de la licitación establecía dos cuestiones centrales. Una, que la empresa que ganara un tramo no podía competir en los otros. Dos, que los tramos se licitarían del más caro al más barato. El orden quedaba C-B-A. Primero el C, con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos; segundo el B, de 2.350 millones; y tercero el A, por 1.870 millones.

Estas dos condiciones tenían un objetivo: que se licite primero el tramo más caro y gane la oferta de menor valor. O sea, beneficiar al Estado. Lo que hizo la Circular Sin Consulta N 7, el 3 de noviembre de 2016, fue anular ese orden. ¿El objetivo? Que IECSA se quede con el tramo C despejándole el camino de competidores a los cuales se les dieron tramos más baratos. A los pocos días de emitida la Circular, el 29 de diciembre, le adjudicaron a IECSA el tramo C por más de 3.000 millones de pesos.

El otro actor principal de esta maniobra es Corsan Corviam, empresa española que desde 2004 forma parte del grupo Isolux. “Fue de público conocimiento que Isolux hacía presentaciones hostiles en todos los tramos, es decir que hacía ofertas muy bajas”, aseguró Segura a El Destape. Si mantenían el orden del pliego, el tramo C primero, se la hubiera quedado Isolux y ya no podía participar de los demás.

Al invertir el orden, pasó lo siguiente. En el tramo A, Corsan Corviam (Isolux) ofertó 1.547 millones de pesos, un 13% menos del presupuesto estimado. IECSA, por su parte, ofertó 1.627 millones, un 17% menos. Todas las demás ofertas estuvieron por encima del presupuesto estimado por AUSA. Por ende, el tramo A quedó para Isolux y así no pudo participar del tramo C.

Cuando se abrieron los sobres del tramo C no hubo ninguna sorpresa. La oferta más baja era la de IECSA, que ofreció 3.183 millones de pesos, un 29% menos de lo que el Estado estimó que valía la obra. No fue caridad. Ganó la licitación, que luego tendrá redeterminaciones de precios y ajuste por inflación, todo sin control ya que Larreta impidió que lo revisara la Auditoría porteña.

Forum Shopping

La causa del Paseo del Bajo le tocó a Bonadio por una típica maniobra de forum shopping. El Destape publicó las irregularidades en la licitación a partir del informe de la Auditoría General porteña. La Auditoría llevó la información a la fiscalía anticorrupción a cargo de Rodríguez para que analizara si era posible una denuncia penal y la hicieron a los pocos días. En el sorteo recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.

Sin embargo, enseguida Bonadio le informó a Casanello que tenía en su poder una denuncia por el mismo tema desde hacía unos días y Casanello le tuvo que remitir el expediente. ¿Quién la había hecho? Uno de los habituales denunciadores seriales de Comodoro Py, Fernando Míguez, de la fantasmal Fundación por la Paz y el Cambio Climático. ¿Cómo la hizo? Copió y pegó la nota de El Destape. Nada más. Entre la presentación de la Auditora porteña Segura y el fiscal anticorrupción Rodríguez y lo de Míguez un abismo. Pero la maniobra funcionó: el caso quedó en manos de Bonadio.

¿Qué hizo Bonadio? Sobreseyó a Larreta, Dietrich y los demás acusados sin investigar, pese a los pedidos de la fiscal Alejandra Mangano y del propio fiscal anticorrupción Rodríguez. La Cámara Federal, con Bruglia, Bertuzzi y Llorens, hizo lo propio. Los fiscales Agüero Iturbe y Rodríguez apelaron ante la Cámara de Casación, donde la 5 de sus 13 miembros fueron designados por Macri y de los 8 restantes sólo 3 no están alineados ideológicamente con alguna variante de Juntos por el Cambio.

El caso, al menos, sigue abierto.

POR ARI LIJALAD