El sistema Penitenciaria de Mendoza continúa siendo deficitario, en otras palabras "es uno de los peores de la Argentina". Así se sintetiza, en un informe preliminar, después de lo visto por la Comisión de Política Criminal y Penitenciaria de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, durante la recorrida que realizaron por los distintos penales de la provincia.

También se aseguró que sus Unidades Penales, salvo Almafuerte, "son vetustas, inadecuadas y existe hacinamiento", resaltando entre otros problemas el de personas que deben dormir en colchonetas tiradas en el piso.

Mientras que en el caso del penal de Cacheuta si bien sus instalaciones son modernas, pero que fue planeado para el sistema "unicelular", es decir un preso por celda, hoy con más de 900 internos se ha visto desbordada y salvo el sector de máxima seguridad y aislamiento, "en el resto ya se han agregado dos camastros más".

Las visitas

Participaron de las reuniones en el Juzgado Federal, la subsecretaría de Justicia, la Suprema Corte de Justicia y el Colegio de Abogados mendocino, Ernesto Moreau y Juan Carlos Valente, director y adjunto de la Comisión de Política Criminal y Penitenciaria de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados),

La recorrida por los penales comenzó en la Unidad Penal 3 de Mujeres, ubicada en "El Borbollón", un antiguo convento transformado en cárcel durante la gobernación de Julio Cobos, oportunidad en que mantuvieron entrevistas tanto con las autoridades como con mujeres privadas de su libertad.

Posteriormente se hicieron presente en el emblemático penal de Boulogne Sur Mer (Unidad Penal 1), cuya estructura supera los 100 años y que ha sido materia de denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (entre ellos una demanda por más de 2 millones de dólares por la muerte de nueve internos entre los años 2003 al 2007).

Dejando a la Unidad Penal 2, Almafuerte, para la última recorrida donde comprobó que pese a su modernidad los internos alojados ya superan los cálculos iniciales.

Antecedentes

Existen antecedentes que no ayudan. En los primeros nueve meses de este año seis presos habían sido apuñalados en diferentes hechos, mientras que hace un año en un solo mes se registraron cuatro muertes (Carlos Soria Villegas, Gastón Morales Ortiz, Andrés Osvaldo Persia Chierello y Alejandra Héctor Verarde Iraola), varios heridos, la toma de rehenes y una amenaza de motín dentro de los establecimientos carcelarios.

Mientras que en fecha reciente se modificó la Ley de excarcelamiento (Ley Petri) y se sumó otra de Ejecución Penal, que la hace más restrictiva, lo que ha creado en los establecimientos carcelarios un clima enrarecido y con un futuro incierto.