No hay situación de mayor indefensión para el individuo que aquella en la que se encuentra expuesto a cumplimentar los papeles necesarios para que se le realice una práctica médica. Puede que se trate de resolver un problema de salud que padezca él mismo, o alguien de su familia. Pero en cualquier ocasión, la persona, enferma o no, quizá viendo la posibilidad de que uno de los suyos enferme o empeore, o buscando una posible salida para una patología que ya se ha instalado, simplemente firma. Y firma prácticamente cualquier cosa. Nadie jamás realiza un control de qué es aquello que legaliza con su firma en tales situaciones, incluso si los documentos dicen que debe pagar más de lo que su obra social indica.

Porque la persona amenazada en su salud, simplemente recurre a extraer el dinero necesario de su tarjeta, o de la cuenta de un familiar solidario, y se contenta con decir “esto la mutual no me lo debe cubrir”, sin más averiguaciones, porque en general no hay tiempo para quejas. O quizá porque las quejas y verificaciones implican la posibilidad de no ser atendido, o de atenderse pero con una predisposición que no sea la óptima. En cuestiones de salud, el ciudadano está habituado a decir que sí y a abrir su billetera en un solo paso, porque los riesgos son enormes.

Además, los sistemas de salud, solidarios en su versión original, están organizados de una forma lo suficientemente macabra como para que el paciente jamás sepa qué es lo que firma: los bonos o comprobantes de las diferentes obras sociales y prepagas se completan con códigos, nomenclaturas que el paciente desconoce.

Muchas veces, al retirarse de un consultorio o de una clínica, el afiliado de una mutual es invitado a firmar bonos en blanco. Pero no solamente firma al pie del documento, sino que rubrica cada uno de los seis o siete renglones que tiene el comprobante, bajo la promesa de que luego la secretaria -según le ha indicado– completará con los códigos pertinentes “para que no pierda tiempo”. Jamás sabrá el paciente qué ha firmado, si ha aceptado en “recibí conforme” una operación de corazón, un trasplante de hígado, o simplemente una revisación de rutina.

El caso de la atención odontológica es paradigmático, no solamente por lo desamparado que se encuentra el paciente, sino por los altos costos de las prestaciones: el titular firmará todo el bono odontológico. En total, unas cinco veces. El médico luego verá cómo lo completa.

Y el derecho a la protesta es mínimo, porque el afiliado a una obra social siempre se siente como si le estuvieran haciendo un favor, en lugar de haciendo valer un derecho por el cual paga mensualmente sumas suculentas. Eso se debe a que esa sensación se instala y alienta desde los mismos consultorios profesionales. Intente usted solicitar un turno médico diciendo que es afiliado a IOMA, la obra social de empleados de la provincia de Buenos Aires, por cuya atención se le descuentan sumas importantísimas. La secretaria del médico le dirá: “no, para IOMA ya no tenemos turnos. Solamente podrá atenderse si espera tres o cuatro meses”. Por eso, cuando finalmente logra ser atendido, el paciente cree que debe recompensar al profesional por sus servicios firmando cualquier cosa que le pida.

¿Y esto?

Pero en el caso de que el afiliado estuviera especialmente preocupado por cuidar las arcas de la entidad mutual a la cual aporta solidariamente, y cuyo dinero debe servir a todos, tampoco podrá hacerlo. Porque el sistema perverso ha instrumentado una nomenclatura incomprensible: el médico colocará en su orden una serie de números que constan en un nomenclador privado e incierto al cual no hay acceso. Cuando el paciente vaya a realizar una autorización, no sabrá exactamente qué es lo que está autorizando. Como se ha dicho, puede ser una trasfusión de sangre o doce sesiones de diálisis. Nadie le dice nada.

En el caso de la odontología, las obras sociales que trabajan por medio de autorizaciones, sufren del mismo mal: nunca tendrá certeza el paciente de si eso que está autorizando en una ventanilla, y que con su firma ha reconocido necesitar, es un tratamiento de conducto o una simple limpieza dental. Él está obligado a confiar.

Pero sucedió que -por una vez- a alguien se le ocurrió revisar los papeles cuando el Círculo Médico le pagaba, y surgió lo que puede ser la punta de un iceberg. Gustavo Bonnet, un médico local que alguna vez residió en Villa Gesell, denunció ante la fiscalía de Dolores que estaba siendo víctima de una estafa en concurso con falsedad documental: durante los últimos cuatro años se habían presentado ante el Círculo Médico de aquella ciudad balnearia órdenes por prácticas médicas que no fueron realizadas por él, aunque los comprobantes habían sido extendidos falsamente a su nombre, y con una firma que se le atribuye sin pertenecerle.

Esas órdenes se realizan para que el Círculo Médico las presente a las obras sociales, mutuales o prepagas para su cobro. Tales entidades engañadas habrían dispuesto los pagos, seguramente percibidos luego por el beneficiario de esta extraña maniobra, aunque aún no está claro de qué forma habría logrado hacerse con en dinero. Y la modalidad no resulta clara porque el procedimiento es en sí complejo, y atraviesa una cantidad de controles, sin cuya connivencia parece extraño que se haya podido consumar la estafa.

Como se sabe, la orden realizada por el médico se autoriza primero ante la obra social, mutual o prepaga, tras lo cual un facultativo realiza la prestación. En este caso, se trata del aludido denunciante Gustavo Bonnet, especialista en diagnóstico por imágenes. Una vez realizadas las ecografías, el médico debe firmar las órdenes y elevarlas al Círculo Médico, para que a su vez las presente a la obra social, mutual o prepaga, gestionando el pago. Dentro de la obra social a su vez se corroboran dos cuestiones: que se trate de un afiliado al que corresponda efectivamente cubrirle la práctica, y que el médico que la realizó esté facultado por su especialidad para ello.

Siga la flecha

Corroboradas ambas instancias, se ordena el pago, y a su efecto se remite el dinero al Círculo Médico, que librará el cheque respectivo, y solamente lo entregará al profesional contra la firma de un recibo legal.

Es decir que, considerando que el doctor Bonnet no vive en Villa Gesell desde hace cuatro años, es fácil deducir que alguien que no está facultado para realizar las prácticas señaladas las presentó a su nombre con el fin de cobrarlas. Lo que no resulta claro es cómo se hizo del dinero, ya que el cheque debe de haber sido librado a nombre de Bonnet, y retirado contra la firma del recibo correspondiente con una supuesta identificación. Sin anuencia del Círculo no pudo haber sucedido.

En este caso se agregan más actores, pues existe una entidad intermedia encargada de coordinar con las entidades mutuales, que es FEMEBA, la Federación de Médicos de Buenos Aires, cuyos controles también debieron haber sido burlados.

Por eso Bonnet cursó carta documento contra el presidente del Círculo Médico de Villa Gesell, Rubén Albizuri, quien respondió con evasivas, y no aceptó ninguna responsabilidad al respecto. Se contentó con decirle al profesional que lo invitaba a compulsar los listados de facturación, que él mismo, Bonnet, tenía en su poder. En la redacción de su respuesta estaba presuponiendo que el hecho de haber retirado los listados de facturas pagadas implicaba una forma de complicidad.

Pero si bien la modalidad en que la estafa ha de haberse consumado no está clara, existe una posibilidad verosímil, y es que en realidad, nunca se haya realizado ninguna prestación, y que sean todos falsos los datos de los afiliados. En este caso, la patraña por la cual este desfalco se llevó a cabo sería todavía más compleja, y seguramente repetida hasta el cansancio, porque ninguno de los médicos será tan cuidadoso como para revisar las liquidaciones que recibe, y verificar si aquellos estudios que constan como realizados, realmente se llevaron a cabo en su consultorio.

En efecto, todos los afiliados a prepagas y mutuales que figuran en tales liquidaciones podrían haber sido sorprendidos en su buena fe, y tal como cada uno de esos que firman bonos completos en blanco, sin saber precisamente a que prácticas corresponden. ¿Por qué no a una ecografía?

La punta de un iceberg. Sin duda. Si los auditores de cada obra social o prepaga realizaran la tarea más precisa que tienen a cargo que es la de verificar, en lugar de especializarse en entorpecer, sin duda el hielo de esta mole sería más delgado. Pero por ahora, seguramente se espera un aluvión de ejemplos de estilo Bonnet. A no dudarlo.